La proliferación de las redes sociales y plataformas digitales nos está conduciendo a lo que algunos estudiosos de la materia denominan, la “re-significación del espacio público”.

El espacio público, entendido desde la democracia liberal moderna, ya no se ajusta a la mera ocupación de los lugares públicos, vías, plazas y parques para actividades políticas electorales o reclamos sociales, también ese concepto se ha extendido a las redes sociales.

El nuevo concepto espacio público implica lo expresado en redes sociales y plataformas digitales en un ambiente de democracia deliberativa en la sociedad de información. En muchos países se están preguntando sí es pertinente que la autoridad electoral intervenga en algún tipo de regulación o es preferible abstenerse y tomar una actitud de no entorpecer la libertad de expresión, la libre circulación de mensajes e ideas a través de las redes sociales.

En Honduras fue un logro que el Congreso Nacional haya aprobado eliminar el artículo 335 b del código penal considerado violatorio a la libertad de expresión y de prensa, ya que establecía sanciones con pena de cuatro a ocho meses de prisión a quienes públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público, enalteciera o justificara participación en la apología del odio.

En Colombia hasta hace dos años en 2018 se tenía una regulación más o menos clara del uso del espacio público con efecto de propaganda y publicidad electoral. No había nada relacionado con uso de las plataformas digitales y redes sociales a efectos de la multiplicación de los mensajes electorales, más bien se ha elaborado un proyecto de resolución a consideración del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país para analizar su regulación.

En Argentina y Paraguay también en 2018, no había restricciones a los mensajes en redes sociales, sí a la protección de datos personales por medio del organismo de acceso a la información pública, y mientras no haya regulaciones no habrá ninguna nación que puede ocultar el impacto de las redes sociales en la comunicación, pero también en la comunicación política.

Actualmente se estudia más en detalle sobre el impacto de los mensajes políticos y electorales en las redes sociales, y hay episodios conocidos como el de la elección del presidente Trump en Estados Unidos, pero desde la legalidad y normativa en Honduras al igual que en otros países recién se comienza el análisis de las restricciones a las redes sociales.

Todos los países en general y los colectivos sociales y políticos que velan por las libertades deben estar conscientes que se debe hacer un replanteamiento en el debate público y sobre todo el estudio sobre qué es lo que debe restringirse en redes sociales, en tiempos o no de elecciones, por lo que cualquier reforma electoral planteada en alguno de los países de América debe también poder cubrir este tema con mucha tela que cortar.

La propaganda y libertad de expresión

Algunos países del continente se aprestan a elecciones primarias y generales el próximo año 2021, y considerando que en tiempos de Pandemia la tecnología, medios de comunicación y redes sociales jugarán un papel mayormente protagónico en tiempos de lecciones, entonces los órganos electorales deben tenerse un espacio de reflexión antes de las elecciones sobre la expresión de mensajes vistos como propaganda y publicidad política por el avasallamiento de plataformas y redes sociales, y la participación de los medios masivos de comunicación ante la ciudadanía.
Las autoridades electorales tendrán nuevos retos, en materia de propaganda y publicidad política, cómo responder no solamente por las garantías a los candidatos y a los partidos, sino también al compromiso constitucional de proteger la decisión libre de los electores, sabiendo que las redes sociales, a veces no contribuyen a que el ciudadano reciba una mejor información y de más calidad, sino a una enorme confusión.

Es una delgada línea de derechos y obligaciones que la autoridad electoral tendrá en sus manos, pero a su vez el punto de partida para buscar ponderación entre la libre circulación de información en las redes y plataformas digitales con el derecho que tiene el ciudadano a tomar una decisión libre, espontánea y distante de manipulación.

En Honduras, la Ley electoral contempla tiempos, límites y regulaciones para publicación de encuestas, mensajes de propaganda electoral en medios de comunicación masiva, y como las reformas electorales modernizarán el sistema político electoral, seguro vendrán nuevos retos como la deliberación pública sobre las plataformas digitales, en otros países, por ejemplo, se regulan las compañías de telefonía celular para que no puedan autorizar mensajes de propaganda electrónica el día de las elecciones y que en las redes sociales también se suspenda la propaganda pagada e información maniobrada.

La libertad de expresión es inalienable, pero hay formas y métodos para lograr ciertos controles como establecer una reglamentación a la manera en que las campañas tienen que reportar sus informes de ingresos y gastos, ya que las campañas electorales no contratan la publicidad de redes sociales en forma directa, sino a través de empresas de marketing político.
Por el momento el único control que puede ejercer la autoridad electoral en estos casos sería un control relacionado directamente con la financiación de estos mensajes electorales en las redes sociales.

Comunicación en tiempos de Coronavirus

Asimismo, y hablando de elecciones en tiempos de coronavirus que es equivalente a tiempos de crisis, la comunicación de los entes electorales que administran, fiscalizan y aplican justicia en las elecciones, se vuelve trascendental, sobre todo si las condiciones sanitarias de los países aún no fueran propicias para permitir aglomeraciones de personas.

Este mortal virus está obligando a recapacitar y reaprender nuestra forma de comunicarnos, y como el Coronavirus tocó todas las dimensiones de acercamiento en todo nivel, incluso a nivel familiar y empresarial, se está poniendo a prueba la comunicación de las familias, las empresas y los Gobiernos, y eso incluye a las instituciones electorales que aún mantienen en análisis cómo se desarrollaran las elecciones.

De momento debe existir claridad y oportunidad en la comunicación de los entes electorales en tiempos de coronavirus (crisis) porque informar y comunicar se ha vuelto un reto de prueba y error, se experimenta con el mensaje utilizado, medio para llegar, y se expone la reputación de las instituciones y gobiernos. Eso también aplica para los partidos políticos y sus candidatos que deberán buscar sus formas de comunicarse eficazmente con la ciudadanía y el electorado.

JAVIER FRANCISCO FRANCO NÚÑEZ
HONDURAS
Periodista, Escritor y Analista Político, Experto más de 20 años en Planificación y Comunicación Política.
Comisionado Coordinador Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político
Twitter: @Francoestratega