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Goberna Reports revela un análisis exclusivo sobre un caso que estremece la escena política peruana. La repentina muerte del exgerente municipal durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán -José Miguel Castro- plantea más preguntas que respuestas. ¿Accidente, encubrimiento o una pieza clave que cayó en medio del poder y la corrupción?
El domingo 29 de junio de 2025, José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán (2011‑2014), fue encontrado sin vida en su domicilio de Miraflores. Tenía un corte profundo en el cuello y dos cuchillos con rastros de sangre junto a su cuerpo en el baño. La cerradura habría sido manipulada, según indicios preliminares.
Si bien algunos medios, como César Hildebrandt, apuntaron inicialmente a que “todo indica que sería un suicidio”, otros expertos refutaron esa teoría, alegando inconsistencias en la escena. No se encontraron señales de forcejeo, pero la combinación del arma blanca, la manipulación de la cerradura y la presencia de objetos extraños (como una toalla verde u oxímetro) generó sospechas.
La Fiscalía y la PNP mantienen abierta la hipótesis de homicidio y se indaga si la escena podría haber sido alterada; no descartan participación de terceros.
Castro no era un testigo cualquiera: como gerente municipal, estuvo en el núcleo del Ejecutivo edil de Villarán. En 2019 fue detenido por presunta organización criminal y lavado de activos vinculados a financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS. Las investigaciones estiman que sirvió como nexo para el ingreso de aproximadamente 10 millones de dólares en campañas, incluyendo la revocatoria de Villarán y su reelección.
Su firma constaba en las «codinomes» de Odebrecht bajo el alias «Budián», lo que confirma la conexión con las coimas y su rol central. Había entregado documentos, testimonio y listas de intermediarios, y era uno de los pilares de la acusación fiscal.
Castro estaba en proceso de colaboración eficaz: había firmado varias fases del acuerdo, pero aún no se había homologado —es decir, no era «colaborador eficaz» legalmente consolidado—. Esta figura, una vez aprobada, garantiza beneficios penales a cambio de cooperación plena. Según la fiscal penalista Romy Chang, aunque no había formalizado la colaboración, sus declaraciones y pruebas (documentales y testimoniales) continuarían siendo válidas para el juicio, pese a su muerte.
El fiscal José Domingo Pérez confirmó que Castro declaró días antes y no reportó amenazas, lo cual interrumpe la teoría del suicidio. Su certificado de presentación omitió cualquier temor por su integridad física.
La noticia causó conmoción en el Perú. Expertos denunciaron que su muerte es parte de «un fracaso sistémico del Estado en proteger testigos clave». Luis Herrera, analista, sostuvo: “Si hablas, mueres… crímenes políticos se están «normalizando”.Juan Sheput (exministro) y Jorge Muñoz (exalcalde de Lima) advirtieron que este es el “enésimo” caso en el que mueren personas con información. Sheput menciona otros casos como los de Andrea Vidal y Nilo Burga, y alerta que podría ser siempre el mismo “grupo delictivo”.
Guido Bellido, congresista, pidió una investigación “prolija y rápida” para detectar si hubo participación de terceros, Alejandro Muñante señaló que “no se cree el cuento del suicidio». En contraste, la periodista Rosa María Palacios criticó a Rafael López Aliaga por hacer acusaciones sin sustento, como vincular a Villarán o al uso de una “chalina verde”, ya que no hay evidencia sólida de estos elementos. Por su parte, la editorial de El Comercio subrayó que el deceso no debe detener el proceso judicial: “La muerte de Castro no debe enterrar la verdad que Villarán debe enfrentar.
El juicio oral de Villarán debía empezar el 23 de septiembre de 2025. Castro era pieza clave para establecer el vínculo directo entre la exalcaldesa y los aportes ilícitos. La fiscalía, sin embargo, no depende exclusivamente de su testimonio único: la documentación entregada y otras fuentes pueden suplir su ausencia.
El fiscal Pérez afirmó que, conforme a la norma, las pruebas escritas se usarán y podrán servir para esclarecer la corrupción, incluso sin la presencia de Castro en el juicio .
Expertos debaten si la justicia peruana puede proteger de forma efectiva a testigos clave. Herrera lo resume así: “No pueden pasar 7 años para un proceso de corrupción… solo 0.5 % llega a prisión”. Este tipo de muertes envía un mensaje de disuasión hacia futuros colaboradores.
Romy Chang advierte que esta muerte recuerda a la de Nilo Burga (Qali Warma), ambas sindicadas por atentados contra personas que pueden exponer redes corruptas, pero aún no hay nada confirmado.
La muerte de José Miguel Castro no solo afecta un proceso judicial, sino que golpea la confianza pública en el sistema. Ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de quienes se atreven a denunciar, y deja en el aire una pregunta preocupante: El debate interminable de las garantías.
Aunque la fiscalía garantiza el uso de sus declaraciones, queda un sabor amargo: sin su testimonio directo, es más difícil reconstruir el entramado político y judicial que permitió que millones de dólares se movieran en las sombras. Ese es el reto de los tribunales, y la llamada urgente de una sociedad que cuestiona un sistema de justicia vigente.
