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Hoy martes 25 de marzo de 2025, la presidenta Dina Boluarte anunció oficialmente la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026. En un mensaje a la Nación transmitido desde Palacio de Gobierno, Boluarte estuvo acompañada por las más altas autoridades del sistema electoral: Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); y Carmen Velarde, representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La mandataria aseguró que esta convocatoria responde al cumplimiento estricto del cronograma constitucional, subrayando que su propósito es garantizar un proceso “democrático, limpio, transparente y ordenado”.
Durante su intervención, Boluarte recalcó que la convocatoria se realiza en estricto cumplimiento del marco legal y con el acompañamiento de las principales autoridades del sistema electoral. Afirmó que el 12 de abril de 2026 será una fecha clave para el país, ya que los peruanos acudirán a las urnas para elegir a la persona que asumirá la Presidencia de la República, a los miembros del nuevo Congreso bicameral, así como a los representantes al Parlamento Andino. Con un tono solemne, la mandataria enfatizó que esta será una jornada histórica, en la que se renovarán las principales instituciones del Estado a través de un proceso que, según dijo, contará con todas las garantías democráticas.
A primera vista, la fecha del 12 de abril de 2026 parece responder a una lógica institucional. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que este día cumple con los plazos constitucionales previstos para garantizar una transición ordenada del poder el 28 de julio, como establece la normativa vigente. También se ha argumentado que fijar la jornada electoral con más de un año de anticipación permite a los organismos del sistema electoral trabajar con mayor previsibilidad y transparencia.
Sin embargo, la elección de esta fecha no ha pasado desapercibida para la opinión pública ni para el análisis político. Dado que podría argumentarse que la decisión de no adelantar los comicios y estirarlos hasta el último tramo posible del periodo presidencial refleja algo más que una simple formalidad legal. Para muchos, Dina Boluarte ha optado por agotar su tiempo en el poder a pesar de la profunda crisis de legitimidad que arrastra desde 2022. En un país donde las calles exigieron elecciones anticipadas y justicia, su permanencia hasta 2026 no se interpreta solo como un cumplimiento del calendario, sino como una jugada política de resistencia en medio del desgaste.
Ante lo dicho anteriormente, Boluarte podría estar posponiendo las consecuencias de dejar el cargo y enfrentarse finalmente a procesos que hoy permanecen suspendidos por su condición de jefa de Estado. Al perder la inmunidad presidencial en 2026, se abriría el camino para que la justicia actúe sobre los casos más graves ocurridos durante su gobierno, siendo el más delicado el de las más de 60 muertes registradas durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, en las que ciudadanos fueron abatidos por armas de fuego durante operativos de represión en regiones como Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco.
Según un informe de Amnistía Internacional, muchas de esas muertes habrían constituido ejecuciones extrajudiciales, dirigidas de manera desproporcionada contra población indígena y rural. Este informe no solo señala la responsabilidad directa de las fuerzas armadas y policiales, sino que también cuestiona la responsabilidad política de la presidenta y de su entonces primer ministro, Alberto Otárola.
Pero las consecuencias no terminan ahí. Al culminar su mandato, Boluarte también podría enfrentar investigaciones por presuntos actos de corrupción, como el uso de aviones de las Fuerzas Armadas para fines personales, la omisión de declaraciones patrimoniales completas y otras denuncias periodísticas sobre el manejo discrecional de recursos públicos. Del mismo modo, quedaría expuesta a demandas por daño moral y reparación a víctimas, así como a una presión social renovada por parte de los familiares de los fallecidos, organizaciones civiles y movimientos que no han cesado en su demanda de justicia.
La convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026 marca, en apariencia, un gesto de institucionalidad y respeto al calendario democrático por parte de Dina Boluarte. Sin embargo, bajo la superficie del anuncio, persisten interrogantes sobre las verdaderas razones que motivan su permanencia hasta el último día del mandato, en un contexto donde la demanda social exigía un adelanto electoral. La decisión de extender su gobierno hasta 2026, más que un acto de estabilidad, parece la confirmación de una estrategia de contención política frente a una gestión que ha acumulado desgaste, crisis de legitimidad y señalamientos por vulneraciones graves a los derechos humanos.
Cuando Boluarte deje Palacio de Gobierno, el país no solo iniciará una nueva etapa política, sino que también enfrentará el reto de saldar cuentas con su pasado reciente. Las muertes durante las protestas, las denuncias de corrupción, la desafección ciudadana y la ruptura entre el Estado y los sectores más vulnerables no se borrarán con un proceso electoral. El juicio social —y quizás también judicial— que se avecina, pondrá a prueba no solo a la expresidenta, sino a todo el sistema democrático peruano. La verdadera transición no ocurrirá en las urnas, sino en la capacidad del país de enfrentar con verdad, justicia y memoria las heridas abiertas de estos años.
