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El conflicto estallado en el país de Chile, el pasado 18 de octubre del 2019, siempre mantuvo desde inicios la incógnita del por qué ante tanta protesta, buscando explicaciones por un sector de la política chilena que no comprendía la razón ante la realización de grandes marchas, cacerolazos multitudinarios y enormes destrozos, saqueos e incendios en estaciones del tren subterráneos ,y supermercados tanto en Santiago como en el resto del territorio chileno, hechos que lograron conmover tanto a la opinión pública nacional como internacional, más aún cuando se trataba de del conflicto social más largo, violento y significativo que haya vivido en su historia dicho país.
Sin embargo, para muchos sectores y grupos de la sociedad chilena, el motivo principal que desencadenó toda la crisis social fue la desigualdad, que, a su perspectiva, era consecuencia fundamental del neoliberalismo plasmado en su modelo económico, esto sumado al índice creciente de pobreza, argumento fundamentado por muchos ciudadanas y ciudadanos, cuando explican que el crecimiento o la riqueza económica generada en los últimos años fueron a parar en arcas de solo un sector reducido del país.
Un país, que al igual que muchos otros de la región, siempre tuvo a lo largo de su historia, cambios constantes y bruscos de modelos económicos y de gobernantes con diferentes posiciones políticas. Ello trajo consigo una constitución política establecida en 1980, durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, carta magna la cual ha sido reformada 52 veces hasta la actualidad, mostrándose así como un documento inestable y cambiante, que no ha llegado a cubrir las expectativas de la sociedad mapocha, esto sumado a la desconfianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes de turno, incrementado aquel rechazo conforme han ido pasando los periodos presidenciales, causando una crisis de legitimidad que con el tiempo tenía y tuvo que explotar en el reciente estallido del año pasado. Estos escenarios no solo desencadenaron un fuerte conflicto social, sino también pugnas internas entre sus altos mandos, es decir, militares y presidente de la República, contradiciendose entre la existente o no guerra interna en aquel país.
La crisis arrastrada desde aquel entonces, ha sido aún más palpable en tiempos de pandemia, pues si en octubre del 2019 se cerró el comercio, la baja constante en ingresos de las familias, crisis institucional, represión y violación de los DDHH durante las protestas (personas presas, mutiladas y asesinatos), toda esa crisis económica que conllevo a ese estallido, hoy por hoy permanece presente por cuestiones obvias debido al Covid-19, el cual no hecho más que mostrar un panorama aún más crítico por temas de salubridad, desempleo, inseguridad acrecentado con ello el principal motivo de la crisis social, la eterna desigualdad, por lo cual, post medidas de cuarentena, las protestas han vuelto con la misma fuerza de hace aproximadamente un año atrás.
En la actualidad, chilenos y chilenas no perciben cambio o rezago positivo post estallido y cuarentena, ya que solo observaron cambios ministeriales constantes, aumento de crisis financiera y sanitaria, e incluso catalogando de “super-subsidiario” al estado, estos, entre otras políticas populistas, como la disminución a la mitad de la dieta parlamentaria, solo han conseguido el descontento de gran parte de la sociedad, quienes afirman que como único logro de aquellas protestas fue la de presionar al Gobierno para llamar a plebiscito para el cambio de la actual constitución, hecho que en sus inicios estaba listo para realizarse en abril del presente año, pero debido a la pandemia del Covid-19, se realizará el domingo 25 de octubre del 2020.
La ciudadanía chilena, necesita acciones rápidas y audaces ante la crisis que viene viviendo, ya que sienten que el Gobierno no afronta adecuadamente los problemas que está atravesando su país, y por el contrario protegen los capitales internacionales de los cuales “depende su desarrollo”.
