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El panorama boliviano en lo referente a la corrupción es complejo, según el informe del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), Bolivia está catalogado como el país más corrupto de la región y el segundo a nivel global, es decir, que esta afirmación es posibilitada a partir de la información cuantitativa que trata de describir una realidad superficial o lo que se percibe a simple vista, sin embargo, para describir el fenómeno de la corrupción en Bolivia se debe tomar en cuenta algunos factores cualitativos para complementar su valoración.
Desde la independencia de Bolivia en el año de 1825 hasta la primera mitad del siglo XX, en su mayor parte de trayectoria histórica el Estado ha experimentado una constante inestabilidad política promovido por grupos de poder conocidos como los caudillos barbaros y letrados (Arguedas:1953), que tenían como propósito controlar el Gobierno a partir de la legitimidad, sin embargo, acababan desgastados y desplazados por sus rivales, asimismo, se hizo costumbre reescribir la Constitución Política del Estado muchas veces a fin de consolidar la legitimidad con la constitucionalidad, catalogando esta parte como factor de herencia y patrimonio del Estado a favor de la clase política boliviana con matices de cultura política caudillista.
Desde la segunda mitad del siglo XX, el Estado y la sociedad boliviana han experimentado el cambio de paradigmas políticos, partiendo por el nacionalismo revolucionario el año de 1952 y el socialismo comunitario el 2006, estos proyectos, impulsados inicialmente por sectores populares subalternos con una visión de inclusión y transformación estructural, lograron coagularse en oligarquías gobernantes que conformaron una clase política en su momento, no obstante, el ejercicio del poder en el Estado demostró la resiliencia de una práctica de cultura política patrimonialista heredada del periodo anterior.
Por lo descrito, esa lógica, donde lo público y lo privado se confunden, ha generado la formación de grupos privilegiados de poder al interior del aparato estatal, Lejos de disolver las viejas estructuras, estos grupos han ajustado la institucionalidad del Estado a sus comodidades e intereses políticos particulares, cooptando y debilitando las instituciones para perpetuarse en el poder, un fenómeno que evidencia la brecha entre el cambio discursivo de paradigma y la continuidad en las prácticas de gestión del poder.
En consecuencia, los índices de corrupción percibida, por el World Justice Project, no hacen más que cuantificar la manifestación superficial de un problema de fondo, siendo que, la corrupción en Bolivia no puede entenderse únicamente como un fenómeno contemporáneo de desviación individual, sino como el síntoma de una patología estructural profundamente arraigada en la trayectoria histórica del Estado y en la cultura política de la sociedad boliviana. La persistencia de un patrimonialismo weberiano (Zabludovsky, 1985), donde la distinción entre lo público y lo privado permanece difusa, ha sido constantemente reforzada por una clase política que, independientemente de su postura ideológica han reproducido lógicas de cooptación y prebendalismo para consolidar grupos de poder privilegiados.
Los matices de una cultura política caudillista heredada en la sociedad boliviana, significa la confusión entre la administración de lo público y lo privado que, en gran medida, es el producto de una educación precaria y alimentado por una descripción de la historia caracterizada por una narrativa nacional que enfatiza los desastres tales como la pérdida de territorio ante países vecinos, la experiencia traumática de la colonización y los ciclos de inestabilidad política posindependencia, han contribuido a una visión de la historia como una sucesión de fracasos y humillaciones (Zavaleta Mercado, 1986).
Frente a esa debilidad, el ejercicio del poder en el Estado es un patrimonio y derecho adquirido por la clase política de turno, a causa de modelo de régimen presidencialista, en el que el poder está concentrado en una persona, y su ejercicio es vertical a través de un aparato burocrático en la sociedad, siendo que sus las determinaciones del Presidente no tenga cuestionamiento, así como en los periodos monárquicos en el que el Rey detentaba el poder político y la administración de la justicia.
Cabe puntualizar que, al heredar una cultura política caudillista, así como una formación de la educación precaria mediante relatos de la historia caracterizado entre fracasos y humillaciones y bajo un modelo presidencialista que concentra el poder y reproducido verticalmente a través de un aparato burocrático, establece un escenario de amenaza en la sociedad boliviana por generar una actitud negativa, carente de éxito y baja autoestima, lo que conlleva a cometer la mayor parte de las veces actos de corrupción desde las mismas entrañas de la sociedad con prácticas de voluntarias de adulación y de reverencia al poder político, burocrático, alimentado de conductas discriminatorias de por medio.
De igual forma, el caudillismo heredado y los relatos de una educación precaria lejos de fomentar un proyecto nacional cohesionado, ha alimentado un sentimiento de postergación crónica y una desconfianza profunda hacia las instituciones formales, creando un terreno fértil para que los cambios de paradigma impulsados por sectores populares se presenten como soluciones remotas ante la exclusión sistémica y la confusión entre la propiedad de lo público y privado.
Asimismo, también ha ocasionado la exacerbación de identidades regionalistas, que fomentan rivalidades internas y exclusiones en la sociedad, dificultando la construcción de un imaginario nacional compartido (Anderson, 1983). Esta combinación de factores ha promovido una baja autoestima colectiva, una identidad nacional débil y una insuficiente conciencia cívica, lo que, facilita la reproducción de prácticas patrimonialistas donde lo público es aprehendido como un botín privado, la mediocridad es premiada y muy valorada, perpetuando así el círculo vicioso entre caudillismo y subdesarrollo institucional.
Por lo descrito anteriormente, los factores que inducen a los actos de corrupción en la sociedad boliviana tienen como efecto en credibilidad de la institucionalidad, pues, por lo precisado, esta patología de la corrupción ha generado un círculo vicioso de deslegitimación y contradicción, observado el quiebre los principios dela alternancia democrática en el sistema político.
Es decir, la auto prolongación de sus mandatos de las autoridades electas por el pueblo, los hipotéticos casos no probados de cuoteo político de los cargos públicos, así como el empoderamiento caudillista de la clase dirigente hacia sus bases reflejan la captura del Estado por parte de grupos de interés e induce a percibir las instituciones estatales como entes corruptos y al servicio de intereses particulares, debilitando el respeto social hacia la institucionalidad del Estado, generando un clima de desconfianza generalizada donde prevalece el capricho del más fuerte en desmedro del imperio de la ley o Estado de Derecho.
En tanto, la corrupción en Bolivia no solo ha vulnerado la eficacia del Estado, sino va destruyendo progresivamente el contrato social entre bolivianos y Estado, así como ir desgastando las bases estructurales de la sociedad boliviana y sumiendo al sistema político en una crisis de legitimidad.
Aclarar que, en el ámbito del Estado, el desafío que se debe experimentar es modular el ejercicio del poder centralizador, es decir, se debe migrar hacia un sistema parlamentarizado, siendo que, el parlamento debe ser comprendido por integrantes probos, renovado parcialmente cada 3 años, mismo con facultad para designar al primer ministro como Jefe de Gobierno de una terna propuesta por el Jefe de Estado por un periodo de 5 años, siendo el encargado del funcionamiento de la administración pública y en lo administrativo de la seguridad interna y externa, siendo que deberá estar sujeto a interpelaciones, fiscalización o remoción por parte el parlamento.
Mientras que el Jefe de Estado deberá ser elegido por el pueblo boliviano a través del sufragio universal por un periodo de 10 años únicamente, encargado de conducir las relaciones diplomáticas, la seguridad interna y externa del Estado y coordinar con el parlamento los asuntos de interés de Estado, en ese sentido, al desconcentrar el poder y transitar de un sistema presidencialista a un parlamentarizado, la corrupción deberá disminuir y promover la transformación de una nueva cultura política bajo un nuevo modelo de educación desde el Estado.
En definitiva, se ha analizado que la corrupción en Bolivia trasciende la mera desviación individual para constituirse en una enfermedad estructural arraigada en una trayectoria histórica marcada por el caudillismo, el patrimonialismo y la captura recurrente del Estado por élites que reproducen lógicas de cooptación y prebendalismo, esta herencia se ve agravada por una educación precaria que enfatiza una narrativa de fracasos nacionales y fomenta una identidad fragmentada por regionalismos, lo que debilita la conciencia cívica y perpetúa la confusión entre lo público y lo privado.
Lejos de ser un problema meramente perceptivo cuantificado por índices como el del WJP, la corrupción es un síntoma de una crisis de legitimidad profunda que erosiona el contrato social y mina las bases mismas de la convivencia democrática, que desde el punto de vista del Estado es producto de una concentración del poder político en un ente que es el administrador de los recursos públicos y al mismo tiempo del gobierno.
Frente a este desafío, se vislumbra la imperiosa necesidad de reformas institucionales audaces que apunten a desconcentrar el poder y romper el círculo vicioso del presidencialismo patrimonial. La propuesta de transitar hacia un modelo parlamentarizado, donde un Primer Ministro designado por el Legislativo ejerza la administración gubernamental sujeto a control parlamentario, mientras un Jefe de Estado electo se concentra en funciones de arbitraje y representación, emerge como una vía promisoria para atacar los núcleos duros del caudillismo.
Esta transformación, acompañada de una revolución educativa que fortalezca una nueva ciudadanía crítica con conciencia cívica y de sus derechos, debe sentar las bases para una nueva cultura política, permitiendo a Bolivia superar décadas de postergación y construir por fin un futuro de integridad y desarrollo institucional sostenible.
Un comentario
Es necesario un cambio positivo en la mentalidad de las y los bolivianos. La corrupción, la peor y más contagiosa enfermedad que amenaza a nuestro Estado, se agrava con una educación superior carente de probidad. Esto ha llevado a que muchos políticos consideren la administración pública como un botín y una oportunidad de enriquecimiento ilícito, dejando en evidencia la falta de transparencia y honestidad en los actuales gobernantes.
Por lo expuesto felicitar al Lic. Rocha.