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En la actualidad, el gobierno chino continúa con la construcción de nuevos centros de detención en todo el país como parte de un esfuerzo más amplio para reforzar su control sobre los ciudadanos y sus políticas de seguridad interna. Mientras tanto, el presidente Xi Jinping sigue concentrando esfuerzos en su lucha contra la corrupción, un tema clave en su agenda desde que asumió el poder en 2012. Se están construyendo aproximadamente 200 centros de detención especializados en diversas regiones del país, donde se espera que se interroguen a los presuntos sospechosos capturados en el marco de la campaña anticorrupción.
Desde su llegada al poder, Xi Jinping ha orientado gran parte de su mandato hacia el combate a la corrupción dentro del Partido Comunista y en otras esferas del gobierno. Esta cruzada, que comenzó con el objetivo de eliminar la corrupción, ha ido evolucionando para incluir a rivales políticos, lo que ha ayudado a consolidar su control sobre el Partido Comunista y las fuerzas armadas. De este modo, su lucha anticorrupción también ha servido para afianzar su poder personal y político en China.
Uno de los pilares de esta campaña ha sido la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCID), un organismo encargado de vigilar la disciplina dentro del Partido. Esta entidad ha gestionado un sistema de detención secreta, extralegal e incluso sin derechos procesales claros. En estos centros, los detenidos, muchos de ellos funcionarios del Partido Comunista bajo sospecha de corrupción, podían ser interrogados durante períodos prolongados, llegando incluso a estar seis meses sin contacto con sus abogados o familiares. Aunque las condiciones de detención fueron duramente criticadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, la práctica siguió vigente hasta 2018.
En 2018, después de las primeras críticas públicas sobre presuntos abusos y torturas en estos centros, Xi Jinping eliminó la controvertida práctica conocida como «shuanggui», que consistía en un sistema de detenciones extrajudiciales para los miembros del Partido. Sin embargo, el presidente no abolió el sistema de detención secreta, lo que ha generado aún más preocupación a nivel internacional sobre las garantías de derechos humanos en el país.
A lo largo de los años, muchos analistas políticos internacionales han señalado a Xi Jinping como el líder más poderoso y autoritario de China en varias décadas. Este control absoluto sobre las instituciones chinas, incluyendo el Partido Comunista, las fuerzas armadas y el aparato estatal, lo ha convertido en una figura dominante en la política mundial. Su creciente poder refleja una tendencia hacia un sistema de gobierno cada vez más centralizado, donde el Partido Comunista ejerce un control estricto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada en el país.
La campaña anticorrupción liderada por Xi Jinping ha tenido un impacto profundo en la estructura política y social de China, reforzando tanto el control del Partido Comunista como la figura del presidente como líder supremo. Aunque algunos de los métodos utilizados en la lucha anticorrupción, como las detenciones extrajudiciales y la práctica del «shuanggui», han sido objeto de controversia, Xi ha logrado consolidar su poder de manera que lo posiciona como el líder más influyente de China en años. Sin embargo, este enfoque también ha generado preocupaciones sobre los derechos humanos y las libertades individuales, especialmente en un país donde el Partido tiene un control absoluto sobre las instituciones estatales.
