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La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha habilitado el avance del juicio por presunta corrupción contra la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo judicial, que surge en un contexto político polarizado, pone nuevamente en el centro de atención la causa conocida como «Vialidad», una de las acusaciones más emblemáticas que enfrenta la líder del peronismo.
La causa «Vialidad» investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015. En el centro de la investigación se encuentra Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner, quien habría recibido el 80% de los contratos viales en la provincia de Santa Cruz, con acusaciones de sobreprecios, incumplimientos de obras y desvío de fondos públicos.
La Fiscalía sostiene que existió un esquema sistemático de corrupción, donde se direccionaron contratos a Báez a cambio de beneficios económicos y políticos, lo que habría causado un perjuicio millonario al Estado. Cristina Fernández es señalada como la principal responsable de este mecanismo en su rol como jefa de Estado, un cargo que ha negado rotundamente.
Tras la decisión de la Corte Suprema, la vicepresidenta argentina emitió declaraciones públicas en las que reiteró su postura de que el proceso judicial responde a una estrategia de «lawfare«, término utilizado para describir el uso de la justicia con fines de persecución política. Cristina Fernández calificó la habilitación del juicio como “un intento más de desestabilización” en su contra, y señaló que el caso carece de pruebas sólidas que la incriminen.
«Este fallo no tiene otro objetivo que alimentar la persecución y la manipulación mediática. Se trata de una embestida política disfrazada de legalidad», manifestó Fernández en un discurso televisado.
La habilitación del caso ha desatado reacciones encontradas dentro del panorama político argentino. Mientras que la oposición ha celebrado el fallo como un paso hacia la transparencia y la justicia, sectores del oficialismo lo ven como una maniobra judicial para erosionar la figura de Cristina Fernández en el ámbito político.
Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, ha pedido que el proceso avance “sin dilaciones” y ha calificado la decisión de la Corte como “un triunfo de la justicia independiente”. Por otro lado, dirigentes del oficialismo y miembros del Frente de Todos denuncian que existe un intento deliberado de afectar la imagen de la vicepresidenta en un momento clave del ciclo político argentino.
El avance del caso Vialidad no solo tiene implicaciones judiciales para Cristina Fernández, sino también políticas. Como una de las figuras más influyentes del país, su situación judicial impacta directamente en la dinámica del peronismo y en la construcción de alianzas políticas de cara a las próximas elecciones.
La habilitación del juicio podría profundizar la polarización existente en Argentina, donde la figura de Fernández genera tanto apoyo incondicional como rechazo férreo. Analistas políticos señalan que el fallo de la Corte también pone de manifiesto las tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, reavivando el debate sobre la independencia de las instituciones.
Con la decisión de la Corte Suprema, el proceso judicial continuará su curso y podría culminar en una sentencia que definiría el futuro político y legal de Cristina Fernández. De ser hallada culpable, la vicepresidenta enfrentaría consecuencias graves, incluyendo la posibilidad de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, la sociedad argentina sigue atenta al desarrollo del caso, que simboliza no solo un juicio contra una figura política, sino también una prueba para el sistema judicial y la lucha contra la corrupción en el país. La resolución de la causa Vialidad podría marcar un punto de inflexión en la política argentina, consolidando la narrativa de justicia o alimentando, aún más, las acusaciones de persecución judicial.
