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Las elecciones del domingo 12 de abril de 2026 en Perú dejaron una imagen poco habitual: miles de ciudadanos no pudieron votar a tiempo porque el material electoral no llegó a varios locales de Lima Metropolitana. La ONPE informó que, en su corte inicial, 211 mesas de sufragio no llegaron a instalarse y que 63,300 electores quedaron afectados; luego, el JNE aprobó ampliar la votación al lunes 13 de abril para esas mesas, con el objetivo de proteger el derecho al sufragio.
El problema se concentró sobre todo en Lima Sur, en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La ONPE señaló que no logró entregar material a 15 locales de votación en esa zona, lo que impidió instalar las mesas y dejó sin votar a decenas de miles de personas. En paralelo, el acuerdo del JNE detalló en su anexo 13 locales de Lima Metropolitana donde no llegó el material electoral, con 187 mesas y 55,261 electores, además de incluir la ampliación de la jornada para dos circunscripciones en el extranjero, Orlando y Patterson.
La respuesta institucional fue inmediata, pero también reveló la magnitud del problema. La Defensoría del Pueblo pidió calma y advirtió que la demora en la distribución estaba afectando la instalación oportuna de mesas; el Ministerio Público informó que desplegó fiscales para dejar constancia de las incidencias; y la propia ONPE reconoció públicamente la falla y ofreció disculpas a los electores perjudicados.
El contexto de fondo también ayuda a entender por qué un incidente logístico puede tener tanto impacto. AP reportó que más de 27 millones de personas estaban habilitadas para votar, que el voto es obligatorio para peruanos de 18 a 70 años y que 35 candidatos competían por la presidencia, en una elección en la que un balotaje parecía muy probable por la fragmentación del voto. Reuters añadió que la jornada se desarrollaba en un clima de fuerte descontento, con preocupación por la inseguridad, la corrupción y una profunda desconfianza ciudadana hacia la clase política.
En ese escenario, cada retraso importa más. Cuando la diferencia entre candidatos es estrecha, incluso un bloque de votantes concentrado en pocos distritos puede convertirse en un factor político relevante. Por eso los problemas de instalación de mesas no solo son un asunto operativo: también son un problema de legitimidad y de percepción pública sobre la limpieza del proceso. Esta es una inferencia razonable a partir de la alta fragmentación del voto y de la cobertura internacional sobre el riesgo de incertidumbre posterior.
El primer riesgo es evidente: ciudadanos que sí llegaron temprano a votar se encontraron con mesas cerradas, largas colas o instalaciones incompletas. Eso afecta la igualdad de condiciones entre electores y obliga a tomar medidas extraordinarias para no dejar sin voz a una parte del padrón. El propio acuerdo del JNE calificó la ampliación del horario como una respuesta excepcional para preservar el derecho de participación y evitar que una contingencia no imputable al elector terminara anulando su voto.
El segundo riesgo es político. Reuters señaló que los retrasos podían alimentar acusaciones de fraude y prolongar la incertidumbre en un país que ya arrastra una alta inestabilidad institucional; AP también destacó que la elección se desarrollaba en medio de una fuerte crisis de confianza. Esa combinación es delicada: cuando el proceso logístico falla, la discusión pública deja de centrarse solo en propuestas y resultados, y pasa a girar en torno a la credibilidad del sistema electoral.
El tercer riesgo es jurídico e institucional. El JNE es el organismo encargado de administrar justicia electoral, fiscalizar la legalidad del sufragio y proclamar resultados; la ONPE, por su parte, organiza el proceso y ejecuta la operación electoral. Cuando uno de esos engranajes falla, el problema no es solo de reparto de material: también se abre la puerta a investigaciones, revisiones de responsabilidades y cuestionamientos sobre los contratos, la supervisión y la cadena de mando.
La lección es clara: una elección no se sostiene solo con el acto de votar, sino con toda la maquinaria previa que permite que ese voto exista. Transporte, distribución, supervisión, contingencia, coordinación con colegios y autoridades locales; todo eso define si la jornada fluye o se rompe. En esta ocasión, la solución llegó con una ampliación extraordinaria, pero el episodio dejó claro que incluso una falla localizada puede generar un efecto nacional en una elección cerrada y polarizada.
En términos democráticos, lo más importante no es solo que la votación continúe, sino que la ciudadanía sienta que el proceso la incluye por igual. Cuando eso no ocurre, el daño va más allá de un día de retraso: se erosiona la confianza, crece la sospecha y se vuelve más difícil aceptar los resultados, incluso antes de que el conteo final termine.
