Publicaciones
Uruapan quedó marcada por una ráfaga de siete disparos en plena festividad de Día de Muertos. El alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue atacado a quemarropa en la plaza histórica ante decenas de asistentes; un regidor y un escolta resultaron heridos. El agresor fue abatido en el lugar. Autoridades federales confirmaron que se investigan todas las líneas, incluido el posible nexo con el crimen organizado.
El asesinato encendió la alarma nacional, pues la presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó de “cobarde y vil” y prometió justicia para autores materiales e intelectuales. La muerte de Manzo, quien gobernaba con escoltas y refuerzos desde 2024 por amenazas previas, exhibe la vulnerabilidad de las autoridades locales en Michoacán, una de las entidades más golpeadas por disputas de cárteles.
Manzo asumió la alcaldía en septiembre de 2024 con un discurso frontal contra las mafias locales. Su figura ganó notoriedad al pedir más presencia federal y denunciar complicidades en el territorio. En mayo de 2025, tras el asesinato de una trabajadora municipal, endureció el tono y ordenó a su policía “abatir” a delincuentes armados que se resistieran a la detención, consigna que abrió un intenso choque político con Palacio Nacional.
Ese mismo mes, retó públicamente a la presidenta: “si logra detener al crimen sin disparos, renuncio”. El episodio fijó su marca de gestión: tolerancia cero a la violencia y presión para que la Federación escalara su presencia en Uruapan. El intercambio con Sheinbaum quedó documentado por medios nacionales y reforzó el encuadre de “mano dura” del edil.
La prensa local lo apodó el “Bukele mexicano”, etiqueta polémica que sus críticos consideraban simplista y sus partidarios celebraban como determinación. Lo cierto es que Uruapan, epicentro del aguacate que se exporta a EE. UU., llevaba años bajo la sombra de extorsiones y cobro de piso a productores y empacadoras, un contexto que elevó la exposición del alcalde desde su primer día.
El ataque ocurrió durante el Festival de las Velas, parte de las conmemoraciones de Día de Muertos. Testigos captaron el momento en video: detonaciones, estampida y el cuerpo del edil trasladado de urgencia a un hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte. La escena del crimen fue acordonada para peritajes de balística y recolección de casquillos.
De acuerdo con los primeros reportes, el agresor disparó siete veces a corta distancia. Un regidor y un escolta quedaron heridos en el intercambio; el atacante fue abatido por seguridad en el sitio. La rapidez y cercanía del ataque sugieren conocimiento del entorno y cálculo para maximizar el impacto público.
La histórica plaza de Uruapan, abarrotada por turistas y familias, se convirtió en zona de desastre urbano. El atentado sacudió la narrativa de “eventos seguros” y obligó a revisar protocolos de perímetro, accesos y anillos de seguridad para actos masivos en municipios con riesgo alto.
La Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía estatal mantienen abiertas todas las hipótesis, con especial foco en la participación de grupos criminales que operan en la región. Versiones preliminares señalan que el arma usada estaría vinculada a choques recientes entre facciones rivales, lo que orienta el análisis de inteligencia hacia una venganza o mensaje de plaza.
Las autoridades confirmaron que el atacante fue dado de baja en el lugar; además, se han reportado avances en la identificación de apoyos logísticos y posibles cómplices. El objetivo es reconstruir la ruta del agresor, su financiamiento y el eventual mando detrás del atentado.
La línea de investigación incorpora el historial público del edil: denuncias contra cárteles, peticiones de apoyo federal y decisiones polémicas como el mandato de “abatir” a delincuentes armados. Ese contexto amplia el espectro de motivaciones y obliga a blindar la cadena de custodia para sostener la acusación en tribunales.
El crimen contra Manzo no es un hecho aislado. Michoacán acumula años de homicidios ligados al control territorial de organizaciones criminales. En 2025 se registraron otros asesinatos de autoridades municipales, lo que alimenta el debate sobre protección a funcionarios y los límites de la seguridad local sin respaldo sostenido de fuerzas federales.
El patrón incluye atentados en actos públicos y rutas cotidianas, con uso de armas cortas y largas, y participación de sicarios con conocimiento del terreno. La exposición mediática —videos, redes— convierte cada ataque en un mensaje de intimidación a futuro.
Organizaciones y especialistas advierten que la violencia política altera la voluntad electoral, condiciona decisiones administrativas (adjudicaciones, licencias, obra) y encarece la operación de los municipios. El caso Uruapan reaviva la discusión sobre estándares de protección diferenciada para alcaldes en zonas rojas.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum prometió justicia y refrendó su enfoque de seguridad “con inteligencia y justicia”, no sólo con despliegue militar. El mensaje buscó contener la indignación social y a la vez sostener la narrativa oficial de que la impunidad es el enemigo a vencer.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se reforzaron los operativos con Guardia Nacional y policías estatales, además de coordinar peritajes y cateos. El énfasis está en ubicar la red detrás del tirador y blindar próximos eventos masivos en la región.
En Uruapan, la movilización cívica fue inmediata: cientos de personas, vestidas de negro, acompañaron el féretro del alcalde con mariachi y exigieron justicia. Esa presión social añade urgencia a las investigaciones y eleva el costo político de cualquier dilación.
El atentado obliga a elevar estándares de seguridad de autoridades en municipios con riesgo alto. Tres frentes mínimos: rutas variables y discretas; anillos de seguridad (cercano, intermedio, externo) con control de accesos y lectores de metal; y evaluación de sedes/eventos con mapas de escape, francotiradores de observación y puntos médicos. (Lecciones que emergen una y otra vez tras ataques como el de Uruapan.)
En inteligencia preventiva, el municipio —apoyado por estado y federación— debe consolidar un tablero de amenazas: actores, modus operandi, horas/zonas críticas y alertas a partir de incidentes previos. La coordinación con comercio, productores de aguacate y cámaras locales permite detectar extorsiones y movimientos atípicos que anteceden a ataques.
La contrainteligencia pasa por blindar comunicaciones (cifrado punto a punto, listas restringidas), rotar itinerarios y ensayar escenarios de evacuación y atención de heridos. Cada operativo debe dejar una bitácora: qué funcionó, qué falló y qué se corrige, para que el aprendizaje sea institucional, no personal.
El asesinato de Carlos Manzo exhibe el choque frontal entre gobierno local y delincuencia organizada en uno de los polos económicos de México. Ocurrió a la vista de todos, en una celebración identitaria, y empujó al gobierno federal a redoblar la presencia y a prometer justicia. Si la respuesta no llega con resultados —detenciones, sentencias—, la espiral de desconfianza crecerá.
Para Michoacán y para el país, el caso no admite zonas grises: exige investigación sólida, protección diferenciada a autoridades y eventos, y una estrategia que combine inteligencia con control territorial sostenido. Solo así Uruapan podrá volver a encender sus velas sin miedo y sin que el crimen dicte el calendario cívico.
3 respuestas
Mientras EEUU no saque a sus Operadores de México, y dejé de pretender Calentar las Plazas con el mensaje» Estamos listos para Apoyar! Esto no va a cambiar, nunca.
Tantos años trabajando encubiertos creando estos Carteles.
Ahora creen que es el momento de proveer la Cura.
Exactamente lo mismo pasa en América Latina, Deslegitimacion se los Poderes, para poder Intervenir y saquear a los Países que ellos creen aún del 3er Mundo.
Con el asesinado alcalde, el crimen demuestra poder sobre el Estado. El gobierno de turno, pierde confianza en la lucha contra el crimen organizado y mas bien incrementan las suspicacias sobre su relación con el.
El vil asesinato del valiente Alcalde de Uruapan en Michoacan, Carlos Manzo demuestra que el alcalde con su postura frontal contra el cartel local, estaba trayendo resultados. Ante esa vorágine de esperanza para Uruapan porque su autoridad se ponía los pantalones y no aceptaba los sobornos, la unica manera de callarlo era asesinarlo. No recibió el apoyo total del estado y eso llevó a su muerte.