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La ruta Suez–Bab el-Mandeb volvió a tensarse con ataques Houthi a buques mercantes mediante UAVs, misiles de crucero y antibuque. Aunque hubo ventanas de distensión parcial en 2025, los riesgos persisten y obligan a navieras a redireccionar por el Cabo de Buena Esperanza, encareciendo fletes y plazos. El resultado: una crisis de seguridad marítima con efectos en inflación logística, seguros y cadenas de suministro críticas.
La respuesta internacional combinó operaciones navales multinacionales (p. ej., Prosperity Guardian y EUNAVFOR Aspides) con golpes de precisión contra arsenales en Yemen y acciones puntuales de terceros actores. Aun con anuncios de alto el fuego parciales, los ataques no han desaparecido y algunos episodios recientes han reescalado la tensión regional, mostrando que la ruta sigue siendo un riesgo operacional para el comercio global.
Desde finales de 2023 los Houthi ampliaron su caja de herramientas: drones kamikaze, misiles de crucero, ASBM (antibuque balísticos) y embarcaciones explosivas. En 2024–2025, incidentes notorios incluyeron impactos que incendiaron cargueros en el golfo de Adén y daños repetidos a cascos en el mar Rojo, confirmando capacidad para negar temporalmente la navegación comercial en corredores clave.
Estados Unidos lideró Operation Prosperity Guardian (2023–mayo 2025) y, junto a socios, ejecutó miles de interdicciones y ataques contra infraestructura Houthi; la UE activó Operation Aspides para escoltas y defensa aérea. Si bien se anunció una tregua centrada en reducir el riesgo para buques no vinculados a Israel o EE. UU., los Houthi mantuvieron ataques a mercantes internacionales, lo que evidencia una disuasión imperfecta.
El Departamento de Transporte Marítimo de EE. UU. mantiene alertas activas: aconseja a barcos con bandera estadounidense evaluar apagado de AIS, maniobras evasivas y coordinación con los centros de seguridad marítima. La guía oficial confirma que el riesgo de targeting persiste en sur del mar Rojo, Bab el-Mandeb y golfo de Adén, incluso para buques sin relación directa con el conflicto.
Primero, la amenaza es modular y persistente: el empleo combinado de UAVs y misiles permite ataques distribuidos y de costo asimétrico, difíciles de neutralizar totalmente pese a defensas navales de alta gama. El vínculo logístico-técnico con Irán —documentado por inteligencia estadounidense— explica la continuidad de capacidades a pesar de interdicciones.
Segundo, el riesgo tiene efecto de segunda ronda: cierres temporales o desvíos elevan primas de seguro, fletes y tiempos de tránsito, presionando a sectores dependientes de insumos asiáticos y commodities energéticos. Informes recientes modelan interrupciones recurrentes durante 2025, más que una parálisis total, lo que complica la planificación de inventarios.
Tercero, el teatro es geopolítico: episodios como ataques israelíes a Hodeida o amenazas cruzadas con Irán demuestran que la seguridad marítima del mar Rojo se entrelaza con conflictos regionales; cualquier escalada fuera de Yemen retroalimenta el riesgo para la navegación y la diplomacia económica.
Narrativas con evidencia operativa. Gobiernos y campañas deben explicar en lenguaje llano qué riesgos existen, cómo se mitigan y qué KPIs medirán: tiempos de tránsito promedio por ruta, primas de seguro, desvíos por el Cabo, y número de intentos de ataque neutralizados por mes. La transparencia con datos de autoridades marítimas y coaliciones eleva credibilidad y reduce pánico económico.
Mensajes sectoriales. Para exportadores/importadores, detallar ventanas de embarque, buffers de inventario y contratos de flete con cláusulas de fuerza mayor adaptadas al mar Rojo; para consumidores, anticipar impactos en precios y disponibilidad sin alarmismo, con calendarios de normalización. La comunicación debe diferenciar entre riesgo alto y interrupción total.
Coordinación multinivel. Recomendar mesas técnicas regulares entre cancillería, defensa, transporte, economía y gremios para ajustar protocolos de seguimiento satelital, convoyes y puertos alternos. Un centro de situación público-privado que consolide alertas y recomendaciones reduce costos de transacción y mejora tiempos de reacción.
Corto plazo: costos logísticos al alza pero manejables. El desvío por el Cabo de Buena Esperanza suma días y combustible; con tarifas spot sensibles a sobresaltos, la volatilidad seguirá elevada. Las empresas que diversifican servicios (Mediterráneo + Cabo) y amplían stock de seguridad amortiguan shocks.
Mediano plazo: resiliencia de cadena vs. costo de capital. Si los riesgos persisten, habrá más re-roteo estructural, contratos a plazo y nearshoring selectivo; pero el capital exigirá primas y garantías públicas (seguros de crédito, garantías soberanas) para inversiones logísticas y portuarias. La clave será compatibilizar resiliencia con competitividad.
Riesgos latentes: spillover regional. Una escalada Irán–Israel o incidentes mayores en Yemen pueden invalidar treguas parciales y llevar el riesgo a nivel crítico. La gobernanza multilateral —Consejo de Seguridad y formatos ad hoc— seguirá marcando el techo de desescalamiento posible.
Plan marítimo nacional de crisis. Definir protocolos para buques de bandera nacional: umbrales de apagado de AIS, rutas preferentes, reglas de convoy y coordinación con centros MSCHOA/UKMTO; publicar boletines quincenales con mapa de eventos y recomendaciones.
Herramientas económicas. Activar líneas de garantía para fletes, facilidades de aduana exprés cuando existan desvíos y esquemas de compra pública que premien proveedores con rutas diversificadas. Incorporar cláusulas de ajuste por riesgo marítimo en contratos de obra y abastecimiento estratégico.
Tablero de control y auditoría. Publicar un dashboard mensual con: tiempos de tránsito por corredor, costo de flete por TEU/tm, incidencias reportadas, y nivel de alerta oficial. Vincular cada indicador a decisiones (por ejemplo, activar reservas estratégicas o incentivos logísticos) para dar trazabilidad política.
El mar Rojo y Bab el-Mandeb seguirán siendo un cuello de botella geopolítico: los UAVs y misiles Houthi mantienen un riesgo persistente y adaptable que la defensa naval mitiga, pero no elimina por completo. Para gobiernos y campañas, el reto ya no es “si hay crisis”, sino cómo gestionarla con datos, coordinación y reglas claras para el sector privado.
La consultoría política debe convertir esta amenaza difusa en protocolos concretos y métricas verificables: seguridad de tripulaciones, cumplimiento de itinerarios, costos logísticos y mecanismos de desescalamiento. Solo así se sostendrá la legitimidad de las medidas y se blindará a la economía frente a oleadas de riesgo que, todo indica, seguirán durante 2025.
