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Estados Unidos elevó el tono contra el régimen de Nicolás Maduro y advirtió que, tras una serie de ataques marítimos a “narcolanchas” con saldo de al menos cinco embarcaciones destruidas y decenas de muertos, podrían venir operaciones en tierra dentro de Venezuela bajo el argumento de la lucha antidrogas. El anuncio lo hizo el propio presidente Donald Trump, quien además confirmó que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, intensificando la presión política y militar sobre Caracas.
La señal llega tras más de un mes de golpes letales en el Caribe contra botes que Washington vincula a redes como Tren de Aragua; mientras la Casa Blanca sostiene que las interdicciones “han frenado” el tráfico, no ha presentado evidencia pública del cargamento y enfrenta críticas en el Congreso y de expertos por legalidad y riesgo de escalada. Caracas, por su parte, denunció violación del derecho internacional y alertó que responderá ante cualquier incursión en su territorio.
El día de ayer, el presidente Donald Trump confirmó públicamente que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y dejó abierta la puerta a operaciones en tierra “si es necesario” para golpear redes de narcotráfico vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. La confirmación —que siguió a revelaciones de prensa sobre una directiva clasificada— elevó la postura oficial desde la mera interdicción marítima a un escenario que contempla golpes dentro del territorio venezolano.
Trump enmarcó el giro en una campaña más amplia: dijo que Venezuela es un nodo del tráfico de fentanilo y anunció incentivos como una recompensa de US$50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro por cargos de narcotráfico. También defendió la reciente oleada de ataques contra lanchas en el Caribe como “más efectiva” que la interdicción tradicional, pese a que no se ha presentado evidencia pública de cargamentos incautados en los casos más letales.
En paralelo, la Casa Blanca y aliados justificaron la ofensiva describiendo a los carteles como “combatientes ilícitos”, mientras crecían las críticas en el Congreso —incluyendo voces republicanas y demócratas— por la legalidad, la falta de supervisión y el riesgo de una escalada hacia un conflicto abierto. Caracas, por su parte, denunció que las declaraciones de Trump violan la Carta de la ONU y movilizó a su aparato político–militar, advirtiendo que responderá ante cualquier incursión en su territorio.
Desde el 2 de septiembre de 2025, EE. UU. inició una cadena de ataques letales contra lanchas rápidas en el Caribe que la administración Trump vincula a redes venezolanas como Tren de Aragua. El primer golpe —anunciado por la Casa Blanca— hundió una embarcación en aguas internacionales del Comando Sur; en las semanas siguientes, vinieron al menos otros cuatro impactos contra botes que, según Washington, transportaban droga desde Venezuela. En varios casos no se presentó evidencia pública de cargamento, pese a la letalidad de las operaciones.
El saldo humano creció con cada parte oficial: recuentos de prensa y ONGs ubican decenas de fallecidos (11 en el primer ataque y nuevos muertos en los subsecuentes). AP/Reuters y monitoreos especializados hablan de cinco botes destruidos para mediados de octubre, mientras Human Rights Watch y expertos de la ONU calificaron los operativos como posibles ejecuciones extrajudiciales ante la ausencia de capturas, juicios o pruebas divulgadas.
La respuesta de Caracas fue escalar el frente diplomático: el 10 de octubre, Venezuela pidió una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtiendo de un “ataque armado inminente” y denunciando violación de la Carta de la ONU. En paralelo, el gobierno movilizó a su aparato político–militar y endureció el discurso contra Washington, mientras medios navales de EE. UU. confirmaban el despliegue reforzado en la zona y nuevas interdicciones.
Caracas reaccionó elevando el pulso diplomático: el 10 de octubre, el gobierno de Nicolás Maduro pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el “riesgo inminente de ataque armado” de EE. UU. y denunció violaciones a la Carta de la ONU. La Cancillería también condenó que Washington admita operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela.
En Washington, la confirmación de Trump sobre la CIA y la posibilidad de golpes en tierra abrió una brecha política: mientras la Casa Blanca sostiene que las lanchas destruidas son de “narcoterroristas” y presume eficacia, legisladores de ambos partidos cuestionan la legalidad, la falta de pruebas públicas de cargamentos y el riesgo de escalada a un conflicto abierto sin autorización del Congreso.
Entre vecinos y aliados, el tono es de cautela: análisis de centros como CFR advierten que pasar de ataques marítimos a acciones en territorio venezolano sería una escalada mayor con implicancias de derecho internacional; al mismo tiempo, la prensa regional y estadounidense reporta un despliegue reforzado en el Caribe y cinco o más golpes a lanchas desde el 2 de septiembre.
La administración estadounidense pasó de interdicciones letales en el mar a amenazar con golpes en tierra dentro de Venezuela, un salto que cambiaría la escala del conflicto y tensaría la legalidad internacional. Con cinco embarcaciones ya destruidas y operaciones encubiertas confirmadas, el margen para errores —y sus costos— se achica. La respuesta de Caracas en la ONU y la inquietud en el Capitolio anticipan que la disputa no será solo militar o policial, sino también jurídica y política.
Para los próximos días, la brújula informativa es clara: 1) señales operativas (despliegue/logística); 2) señales políticas en Washington (briefings, pedidos de autorización, límites a la CIA); y 3) señales diplomáticas (movimientos en la ONU y reacciones de vecinos). Si alguno de esos tres vectores se mueve con fuerza, el escenario puede pasar de la amenaza a la acción; si no, veremos una estrategia de disuasión y presión sostenida alrededor de las rutas marítimas y costeras.
