Publicaciones
La noche del viernes 22 de agosto de 2025, el expresidente Martín Vizcarra fue trasladado desde el penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Ancón II (Piedras Gordas II), donde cumplirá cinco meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación por presuntos sobornos vinculados a Lomas de Ilo y al Hospital Regional de Moquegua. El INPE revirtió la asignación inicial a Lurigancho y justificó el cambio por criterios de seguridad penitenciaria; medios y el propio organismo dieron cuenta de la decisión y del ingreso del exmandatario en la noche del 22.
El movimiento tiene alto impacto político, pues Barbadillo es un recinto especial para exjefes de Estado y el traslado a un penal común reconfigura el encuadre público del caso. Vizcarra, que denunció motivación política en la medida, adoptó un tono desafiante (“resistiré, no me doblegarán”) y, tras evaluarlo con su equipo, desistió de presentar hábeas corpus para volver a Barbadillo, según confirmó su entorno y su defensa. El episodio abre un ciclo de disputas narrativas con efectos en encuestas, agenda mediática y alineamientos congresales.
El 13 de agosto de 2025, el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra por presuntos sobornos vinculados a Lomas de Ilo y al Hospital Regional de Moquegua. En los días siguientes quedó en Barbadillo de manera temporal, mientras el INPE definía su establecimiento definitivo. El 22 de agosto, el INPE anuló su primera clasificación a Lurigancho y dispuso el traslado a Ancón II por criterios de seguridad penitenciaria; esa noche, alrededor de las 20:00, se ejecutó el traslado. Con ello, Vizcarra se convirtió en el primer expresidente internado en un penal común bajo esta medida.
La decisión generó debate público. El INPE argumentó razones de seguridad y condiciones del penal; sin embargo, hubo críticas de especialistas y organismos que pidieron sustentar mejor el cambio. El propio Vizcarra, ya en Ancón II, calificó la medida de “arbitraria” y afirmó que “resistirá”, frase que marcó la cobertura mediática del fin de semana. Inicialmente, su defensa anunció que presentaría hábeas corpus para revertir el cambio de penal.
En paralelo, la defensa apeló la prisión preventiva; el recurso fue admitido y elevado a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que evaluará si revoca, modifica o confirma los cinco meses dictados. Mientras tanto, Vizcarra permanece en Ancón II bajo el régimen correspondiente a su situación procesal. La acusación fiscal sostiene que recibió pagos ilícitos cuando fue gobernador de Moquegua; ese marco penal seguirá su curso con las próximas audiencias.
El INPE defendió el cambio de Barbadillo a Ancón II como una decisión sustentada en criterios de seguridad penitenciaria, formalizada en la Resolución Directoral N.° 411-2025-INPE/ORL. La narrativa oficial es que la nueva junta técnica revaluó riesgos y régimen aplicable, mientras el Poder Judicial mantiene vigente la prisión preventiva de cinco meses por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
Del lado del expresidente, el encuadre fue inmediato: “Resistiré… no me van a doblegar”, dijo en un mensaje desde Ancón II, acusando motivación política en el traslado. En términos legales, su entorno primero comunicó que no presentaría hábeas corpus para volver a Barbadillo; sin embargo, el 25 de agosto se registró un hábeas corpus promovido por su hermano, lo que introduce señales mixtas en la estrategia de defensa.
En la arena política y mediática, el caso activa dos marcos contrapuestos: “igualdad ante la ley” para quienes respaldan el traslado a un penal común, y “persecución/lawfare” para los que ven arbitrariedad en la decisión del INPE. En paralelo, el expediente judicial sigue su curso: la apelación contra la preventiva fue admitida y será revisada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional; el resultado de esa audiencia y la respuesta al hábeas corpus marcarán el ritmo de la cobertura y la presión sobre actores institucionales en las próximas semanas.
En el corto plazo (30–60 días) el caso Vizcarra estará dominado por dos compases judiciales: la apelación de la prisión preventiva de cinco meses y el hábeas corpus sobre el penal. Si la Sala confirma la preventiva y se mantiene Ancón II, el foco pasará del “dónde” al debido proceso y a los hitos de la investigación fiscal; si se modifica el régimen (o se concede arresto domiciliario), la defensa capitalizará el relato de excesos corregidos; y si un amparo le devuelve Barbadillo, el tema se repolitiza con costo reputacional para el INPE. En todos los escenarios, la disputa semántica seguirá entre “igualdad ante la ley” y “persecución/lawfare”, con impacto en encuestas y en la agenda televisiva y digital.
En comunicación, las instituciones (INPE/Minjus/PJ) necesitan una única narrativa técnica y legal: criterios objetivos, resoluciones públicas y vocería disciplinada para evitar filtraciones. La oposición a Vizcarra debe insistir en estándares iguales para todos, apoyándose en datos procesales (no adjetivos), evitando hipérboles que lo victimicen. El entorno de Vizcarra, por su parte, debe anclar su mensaje en presunción de inocencia y en que la preventiva no es condena, humanizar sin victimismo, y si recurre a amparos, explicar la base jurídica con claridad, no solo la política. Nadie gana atacando personas (jueces, funcionarios); la batalla se define en procedimientos y proporcionalidad.
Operativamente, conviene un plan en tres tiempos: en 72 horas, matriz de vocerías, brief de una página (cronología + fundamento legal) y monitoreo de palabras clave con respuestas cortas para radio/WhatsApp; en 7 días, una entrevista técnica sobre el régimen de Ancón II y auditoría de enlaces internos en 30 días, si hay audiencia clave, armar war room con guiones A/B/C y piezas visuales simples. Indicadores diarios: calendario procesal, partes del INPE, picos en TV/redes y sentimiento; más una lectura territorial.
El traslado de Vizcarra a Ancón II movió la discusión del terreno simbólico (Barbadillo) al procesal: ahora todo pivota sobre debido proceso, proporcionalidad y resultados concretos de la investigación. En un país fatigado por casos de alta exposición, la narrativa que se imponga —“igualdad ante la ley” o “persecución”— dependerá menos del ruido en redes y más de resoluciones claras, sustento técnico y comunicación disciplinada. Si las audiencias confirman la preventiva y el penal, el tema tenderá a decantar hacia la normalidad institucional; si se modifica el régimen o prospera un amparo, el caso reingresa a la arena política con costos y oportunidades para cada actor.
Para gestionar ese riesgo, la receta es simple pero exigente: transparencia radical (publicar fundamentos, cronogramas y partes oficiales), mensajes cortos y verificables, y un tablero de monitoreo que anticipe picos mediáticos y territoriales (Lima/Moquegua). La defensa debe evitar el victimismo estridente y centrarse en argumentos jurídicos; la oposición, esquivar excesos que lo legitimen; y las instituciones, sostener una sola línea técnica. En síntesis: la salida menos costosa es que la conversación regrese al expediente y no al espectáculo.
