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En este mes, las tensiones ente Estados Unidos y Venezuela han aumentado a niveles críticos. Estados Unidos desplegó tres destructores con misiles guiados —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— hacia aguas del Caribe cerca de Venezuela, como parte de una operación de interdicción antinarcóticos. La decisión fue confirmada por funcionarios de defensa y medios de referencia, y se interpreta como una señal coercitiva que combina vigilancia, apoyo a interdicción y presión estratégica sobre la periferia marítima del chavismo.
En paralelo, Washington duplicó la recompensa por información que lleve a la detención y/o condena de Nicolás Maduro hasta US$50 millones, formalizada por el Departamento de Estado bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos y reportada por agencias internacionales. Caracas respondió elevando el tono y movilizando a su milicia como gesto de disuasión interna.
Venezuela se ha convertido en el tablero donde chocan dos lógicas la cuál es la proyección de intereses de Estados Unidos y la supervivencia de un régimen que perfeccionó su contrainteligencia -como el SEBIN- para blindarse. Para Washington, Venezuela pesa por tres razones divididos en los siguientes: hidrocarburos y precios globales; seguridad hemisférica frente a redes ilícitas y presencia de terceros países; así también la estabilidad migratoria y política en su vecindad ampliada. Nada de esto es ideológico, es puro cálculo frío; la inteligencia es la herramienta que ordena estos intereses, reduce incertidumbre y habilita palancas de presión.
Para el chavismo su objetividad es más simple, la búsqueda de perpetuidad. Mantener el control del aparato estatal, gestionar la elite, fragmentar a la oposición y blindar el flujo de rentas. La contrainteligencia es el corazón de ese diseño: detectar infiltraciones, desactivar redes disidentes y anticipar “shocks” judiciales, diplomáticos o informativos. Resultado: un ecosistema que premia la lealtad y castiga el error con celo militar.
La caja de herramientas de Estados Unidos no es solo “espías y satélites”. Incluye sanciones selectivas, cooperación judicial transnacional, trazabilidad financiera y operaciones de información que disputan la narrativa oficial. Cada pieza persigue un efecto que consiste en aislar a los decisores clave, elevar costos reputacionales, abrir grietas en la coalición gobernante y condicionar la agenda internacional del régimen.
En paralelo, la diplomacia pública amplifica hallazgos de fuentes abiertas, reportes independientes y trabajos periodísticos que, sumados, erosionan la legitimidad. El mensaje práctico es contundente: si la élite percibe que el costo de pertenecer supera el beneficio, negocia o se fractura. Eso es inteligencia aplicada a la política, no cine.
Toda discusión sobre “operaciones encubiertas” en Venezuela tropieza con lo mismo: atribución. Se habla de contactos, apoyos discretos, escucha técnica o facilitación de rutas; pero el analista serio separa hechos verificados de hipótesis razonables. ¿Cómo se hace? Con matrices OSINT: cruces de tiempo, rutas financieras, coincidencias de actores, huellas digitales y patrones comparables en otros teatros.
El segundo filtro es la plausibilidad estratégica: si una acción no encaja en la línea de interés de quien se acusa, sospecha. En entornos saturados de propaganda (oficial y opositora), el rigor paga. La conclusión incómoda para ambos bandos: ni todo es una “injerencia yankee”, ni todo es “lucha heroica antiimperialista”. Hay tácticas, errores y aprendizajes. Y todo deja rastro.
El chavismo construyó una arquitectura de control interno con redundancias: inteligencia política, militar y policial; vigilancia de opositores y disidencias internas; y protocolos para gestionar filtraciones. No es improvisación, sino que es una buena estructura amparada en la burocracia de seguridad, con incentivos claros y castigos ejemplares. Ese ecosistema dificulta penetraciones HUMINT sostenidas y obliga a la oposición a operar con compartimentación real.
A ello se suma la cooperación con terceros que multiplica capacidades de monitoreo y disuasión. El resultado no es invulnerabilidad, sino una barrera de costos: quien quiera operar debe gastar más, sostenerse más tiempo y asumir más riesgo. Ese diferencial explica por qué gran parte de la disputa ocurre hoy en la capa informativa y financiera, donde el costo/beneficio es más favorable para el actor externo.
¿Funcionó la presión? Parcialmente. La combinación de inteligencia, sanciones e información elevó los costos de ciertas conductas y limitó la movilidad de cuadros clave. También empujó a parte de la élite a buscar salidas personales. Pero hubo efectos secundarios: reacomodo de alianzas, economías paralelas y una narrativa de asedio que el régimen explota para cohesionar a los propios.
En términos políticos, la pregunta central sigue abierta: ¿la presión conduce a aperturas negociadas o radicaliza el control interno? Hasta ahora, el chavismo ha demostrado resiliencia adaptativa. Para que la presión sea eficaz, debe secuenciarse en objetivos claros, métricas de avance, calibración de sanciones y combinación de incentivos con castigos. La inteligencia sirve para medir y corregir; sin ese feedback, solo es ruido y no duraría contra la inteligencia americana.
Para las oposiciones en América Latina, la lección es operativa en tal busca construir resiliencia informativa (verificación, portavoces creíbles, litigación estratégica), seguridad organizativa (compartimentación, protocolos de comunicación, higiene digital) y trazabilidad de campo (evidencia georreferenciada, control de calidad de brigadas, encuadres legales). Sin eso, la narrativa oficial te devora y el miedo desmoviliza.
Para los múltiples gobiernos de la región, la lectura es otra en torno a que la seguridad del Estado no es excusa para desbordes. La línea roja es clara: perseguir redes criminales y defender infraestructura crítica sí; usar el aparato para hostigar al opositor no salvo la lógica que busque el Estado en concreto. Donde se borra esa línea, se habilita el autoritarismo. Aquí encaja una inversión inteligente en capacidades civiles, control judicial y educación cívico-digital.
