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El congresista Guido Bellido ha generado un intenso debate nacional tras presentar un proyecto de ley que busca establecer el trabajo obligatorio en penales del Perú. La propuesta se justifica como una herramienta de resocialización y un mecanismo para aliviar los altos costos del sistema penitenciario, en medio de un escenario marcado por el hacinamiento carcelario y la inseguridad ciudadana. Este planteamiento toca fibras muy sensibles: ¿es realmente un paso hacia la reinserción o un retroceso en materia de derechos humanos?
La controversia también refleja cómo ciertas iniciativas legislativas no solo son medidas técnicas, sino que forman parte de un discurso político calculado. Este tipo de debates suelen estar cargados de estrategias de persuasión y confrontación que buscan instalar una narrativa en la opinión pública, algo muy cercano al concepto de storytelling político que tantas veces se usa en campañas para moldear percepciones sociales.
El Proyecto de Ley N.° 12125-2024-CR plantea una reforma constitucional y legal de gran calado. En primer lugar, propone modificar el artículo 23 de la Constitución para que el trabajo en penales sea obligatorio como parte del proceso de reinserción social, respetando las condiciones mínimas laborales. Además, se añade una excepción en el artículo 59, que permite esta obligatoriedad bajo el marco penitenciario.
El proyecto también introduce cambios al Código de Ejecución Penal, señalando que la negativa injustificada a trabajar será considerada falta grave, y estableciendo que incluso los internos procesados —no solo los sentenciados— deberán cumplir con el régimen laboral. En cuanto a la remuneración, se fija que un 10% del salario se destine al sostenimiento de la actividad laboral y un 20% a la manutención del interno, dejando el resto disponible conforme a reglamento. Este nivel de control sobre la vida carcelaria conecta con prácticas de disciplinamiento político, donde el Estado regula no solo la seguridad, sino también la cotidianeidad del individuo.
El proyecto establece que el trabajo penitenciario pasará de ser un derecho/deber voluntario a una obligación ineludible. La negativa injustificada será sancionada como falta grave, lo que puede acarrear consecuencias disciplinarias importantes, incluyendo restricciones en beneficios penitenciarios. Incluso la no asistencia a actividades educativas será considerada una falta leve, lo que refuerza el carácter punitivo del control dentro de los penales.
La propuesta regula además la remuneración: un 10% se usará para costear la actividad laboral, un 20% para la manutención del propio interno, y el saldo quedará sujeto a las disposiciones del INPE. Este esquema busca que el recluso no solo contribuya a su propio sostenimiento, sino que también reduzca la carga económica para el Estado. En la práctica, se configura un sistema de operaciones psicosociales, donde el trabajo deja de ser solo una actividad de resocialización y se convierte en un instrumento de disciplina y control colectivo.
El congresista Guido Bellido justifica la obligatoriedad del trabajo penitenciario apelando a la crisis estructural del sistema carcelario. El INPE reporta niveles de sobrepoblación de 139% y hacinamiento del 119%, lo que no solo dificulta la rehabilitación, sino que también eleva los costos de mantenimiento del sistema penitenciario. Para el legislador, el trabajo obligatorio sería un mecanismo de corresponsabilidad que permitiría reducir la carga fiscal y mejorar la disciplina en los penales.
Otro de los argumentos centrales es la resocialización. Según Bellido, el trabajo permite a los internos desarrollar habilidades, aprender oficios y prepararse para su eventual reincorporación a la sociedad. Sin embargo, el discurso no es neutro: se trata de una narrativa que busca legitimar políticamente una medida coercitiva mediante la promesa de beneficios colectivos. Este uso del activismo político dentro de la arena legislativa muestra cómo proyectos legales se convierten en banderas ideológicas que buscan marcar diferencias en el debate público.
Diversos juristas y especialistas en derechos humanos han cuestionado el proyecto de Bellido, señalando que podría entrar en contradicción con convenios internacionales como los de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben el trabajo forzoso salvo en circunstancias muy específicas. El hecho de imponer esta obligación incluso a internos procesados, quienes aún no tienen condena firme, abre un flanco jurídico complejo que podría ser interpretado como una vulneración al principio de presunción de inocencia.
Asimismo, varios analistas advierten sobre el riesgo de que esta medida pueda convertirse en una forma de explotación laboral bajo la cobertura de la resocialización. Si bien el trabajo en penales ya existe, su carácter voluntario garantizaba cierta autonomía. Convertirlo en obligatorio transforma la lógica del sistema y lo acerca a modelos de control rígido que, en otros países, han derivado en abusos. Este tipo de iniciativas legislativas se prestan para lo que en la práctica puede convertirse en una estrategia de lawfare, usando el derecho como herramienta de poder más allá de la justicia.
La aprobación de esta iniciativa tendría un impacto directo en la vida de miles de internos y sus familias. Al obligar al trabajo, el Estado redefine el rol del preso: deja de ser un sujeto pasivo de custodia para convertirse en un actor productivo dentro del penal. Esto puede modificar la dinámica social interna, generando nuevas jerarquías laborales y también tensiones entre quienes acepten o rechacen la imposición. Además, la medida busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía: el Estado no seguirá asumiendo en solitario el peso económico de la delincuencia.
En el plano político, el proyecto fortalece la imagen de Guido Bellido como un congresista que apuesta por propuestas disruptivas y controversiales. Al mismo tiempo, abre un terreno fértil para la confrontación ideológica en el Congreso y en la opinión pública. Este tipo de propuestas suelen ser utilizadas como estrategias de guerra política, donde el objetivo no solo es legislar, sino también posicionarse frente al electorado como un actor fuerte y desafiante.
El proyecto de Guido Bellido marca un punto de inflexión en el debate sobre el sistema penitenciario en el Perú. Al proponer el trabajo obligatorio como eje de la resocialización, abre una discusión que combina seguridad, economía y derechos fundamentales. Sus defensores sostienen que es una medida práctica para aliviar la sobrecarga fiscal y recuperar la disciplina dentro de los penales; sus detractores, en cambio, lo ven como un retroceso que vulnera garantías constitucionales y compromisos internacionales.
En los próximos meses, el debate en el Congreso será clave. Más allá de si la propuesta prospera o no, lo cierto es que ya ha conseguido instalar un marco narrativo potente, donde la política se convierte en un espacio de choque entre visiones autoritarias y garantistas. Ese uso calculado de la narrativa recuerda al funcionamiento de un war room político, donde cada movimiento es diseñado para generar impacto y medir la reacción pública.
