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En medio de una crisis institucional sin precedentes, Haití se prepara para celebrar elecciones generales en noviembre de 2025. El Consejo Presidencial de Transición impulsa un proceso electoral complejo, marcado por desafíos logísticos, violencia armada y debilidad institucional. La comunidad internacional observa con cautela, mientras la población clama por orden y legitimidad. ¿Será esta la oportunidad para restaurar la gobernabilidad democrática?
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití ha vivido una grave descomposición del Estado. La violencia de pandillas, que ya era una amenaza, se ha convertido en una verdadera estructura paralela de poder. Según datos de Naciones Unidas, más del 80 % de la capital, Puerto Príncipe, está controlado por bandas armadas que imponen toques de queda, desplazan familias y secuestran con total impunidad.
Este colapso institucional ha dejado a Haití sin presidente, sin parlamento funcional y sin elecciones desde 2016. La Policía Nacional cuenta con menos de 9.000 agentes activos para una población de 11 millones, lo que ha resultado en una espiral de violencia y desgobierno que compromete todas las áreas de la vida pública.
Frente a este vacío, en abril de 2024 se estableció el Consejo Presidencial de Transición (CPT), un organismo colegiado formado por siete miembros con derecho a voto, representantes de diferentes sectores políticos y sociales, además de dos observadores de la sociedad civil y la Iglesia.
Su misión es clara: restaurar el orden constitucional a través de un proceso electoral legítimo. Este consejo actúa como el órgano ejecutivo provisional hasta la asunción de un nuevo presidente, prevista para febrero de 2026.
El cronograma delineado por el CPT incluye tres etapas principales:
Según un informe de Prensa Latina (junio de 2025), el gobierno ya dispone de 15.000 tabletas digitales para el registro de votantes y múltiples cargamentos con materiales electorales listos para su distribución. Esto incluye urnas, cabinas, lámparas solares y tinta indeleble.
Estas acciones demuestran que existe una voluntad técnica de avanzar, aunque los obstáculos son mayúsculos. Organismos internacionales como la ONU y CARICOM han sido claves en la provisión de asesoría técnica y respaldo político.
A pesar de los preparativos, el escenario es frágil:
La comunidad internacional ha redoblado su interés en estabilizar Haití. La ONU, EE. UU., Canadá, la Unión Africana y países del Caribe han propuesto mecanismos de cooperación, tanto para fortalecer la misión de seguridad liderada por Kenia, como para financiar y supervisar el proceso electoral.
Sin embargo, la eficacia de estas misiones ha sido cuestionada. La fuerza multinacional apenas ha comenzado a desplegarse y no ha logrado aún frenar el avance de las pandillas.
Aunque el proceso electoral enfrenta riesgos evidentes, su realización representa una oportunidad histórica para reconstruir Haití desde sus cimientos. No se trata solo de una votación, sino del intento más serio en años por restaurar el contrato social roto entre el Estado y su pueblo.
El éxito dependerá de tres factores clave:
Haití camina por una delgada línea entre el colapso total y una posible regeneración democrática. Las elecciones de 2025 podrían marcar el inicio de un nuevo ciclo político, siempre que se logren contener las violencias y restablecer mínimamente la confianza ciudadana. El tiempo corre, y con él, la esperanza de millones de haitianos que desean algo tan básico como votar en paz.
