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En el capítulo anterior, exploramos cómo la colaboración entre el poder ejecutivo y el poder judicial, donde este último puede moldear decisiones que favorecen directamente al gobierno, desde la legitimación de represiones hasta el respaldo a la vigilancia masiva. Este vínculo nos llevó a descubrir cómo los tribunales nacionales se convierten en una herramienta política de gran impacto. Sin embargo, el alcance de esta dinámica no se detiene en las fronteras de un país. Cuando las funciones que corresponderían al poder judicial trascienden al ámbito internacional, sus implicancias toman un cariz aún más complejo y determinante.
Los tribunales internacionales, tienen un papel crucial en la resolución de disputas territoriales, imposición de sanciones y determinación de responsabilidades. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se encarga de dictar sentencias contra los países, mientras que la Corte Penal Internacional (CPI) o conocido entre el público como «Corte de la Haya», determina responsabilidades específicas a personajes políticos por crímenes de guerra, genocidio, entre otros. Aunque las resoluciones de estas cortes no siempre son fáciles de ejecutar, el impacto geopolítico de sus decisiones se percibe en políticas nacionales, relaciones diplomáticas y estrategias de poder.
Una de las características más intrigantes del derecho internacional es su capacidad para empoderar a actores pequeños frente a gigantes políticos. Un ejemplo claro de ello ocurrió en 2020, cuando Gambia, una pequeña nación africana, presentó una demanda ante la CIJ, en nombre de la Organización de la Conferencia Islámica, contra Myanmar. La denuncia obligó a este país a proteger a la minoría Rohingya, donde habían pruebas de ser víctimas de una brutal limpieza étnica llevada a cabo por sus fuerzas armadas. Este fallo no solo puso en jaque al régimen de Myanmar, sino que también unió a los países musulmanes en una postura de rechazo, mostrando cómo el derecho internacional puede aislar a un Estado en el panorama global.
Contrastemos esto con el caso de Camboya tras la caída del régimen de los Jemeres Rojos en 1979. Aunque el régimen de Pol Pot había llevado a cabo uno de los genocidios más terribles del siglo XX, la geopolítica prevaleció sobre los derechos humanos. A pesar de la invasión de Vietnam, que derrocó a los Jemeres Rojos y estableció la República Popular de Kampuchea, potencias como Estados Unidos, China y los países de ASEAN continuaron reconociendo al régimen de Pol Pot en las Naciones Unidas.
Esta decisión aisló a Vietnam internacionalmente hasta su retirada del territorio camboyano, dejando un amargo precedente de cómo el derecho internacional puede ser utilizado como un arma para mantener intereses estratégicos. No sería hasta 2006 que los crímenes de los Jemeres Rojos comenzarían a ser juzgados, marcando una dolorosa demora en el ejercicio de la justicia.
Disputas territoriales y resoluciones judiciales
Cuando se trata de disputas territoriales, los tribunales internacionales han demostrado ser un escenario donde los conflictos armados se transforman en negociaciones legales. Tal fue el caso de la disputa entre Nicaragua y Colombia sobre la soberanía de áreas en el mar Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En 2012, la CIJ falló a favor de Colombia, redefiniendo los límites marítimos de manera que impactó las relaciones bilaterales, generando tensiones que aún resuenan.
De manera similar, en 2014, la CIJ resolvió la disputa entre Perú y Chile sobre su frontera marítima. El fallo otorgó a Perú una ampliación de su zona marítima, alterando el equilibrio de acceso a recursos marinos y reconfigurando la dinámica de poder en la región. Aunque ambos países aceptaron la resolución, quedó claro cómo una decisión judicial puede moldear no solo mapas, sino también estrategias económicas y diplomáticas.
En Asia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) desempeña un papel crucial en los conflictos marítimos. Uno de los fallos más emblemáticos ocurrió en 2016, cuando este organismo invalidó las reclamaciones de China sobre gran parte del Mar de China Meridional en un caso presentado por Filipinas. Aunque China desestimó el fallo y continuó sus operaciones en la región, la decisión del TIDM marcó un límite legal a las aspiraciones chinas.
Este veredicto también reforzó la posición de otros países con disputas similares, como Vietnam y Malasia, y se convirtió en un punto de referencia en negociaciones diplomáticas. A pesar de la negativa de China a acatarlo, el fallo del TIDM sigue siendo un símbolo de cómo el derecho internacional puede desafiar las ambiciones geopolíticas y generar presión en el ámbito global.
En el siguiente capítulo, veremos cómo las sentencias del poder judicial tienen un impacto relevante en la economía política, donde estás pueden tener el interés de defender a las empresas nacionales.
