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El 11 de septiembre de 2001 (11-S) partió la historia contemporánea en dos. Además del costo humano inmediato, el atentado transformó la arquitectura de seguridad y la gobernanza en Estados Unidos y sus aliados donde se creó una nueva institucionalidad (como el Departamento de Seguridad Nacional) y se ampliaron facultades de vigilancia y control a través de leyes como el USA PATRIOT Act. Dos décadas después, sus efectos se siguen discutiendo en clave de libertades civiles, coordinación interagencias y política exterior.
Este artículo ofrece una revisión clara y verificable donde repasaremos la cronología esencial (horas, vuelos e hitos), pondremos en contexto el listado viral del 10 de septiembre y precisaremos sus cifras, y entraremos a los mitos más difundidos confrontándolos con informes oficiales sin perder de vista el impacto sanitario prolongado que hasta hoy monitorea el WTC Health Program del CDC.
A las 8:46 el vuelo AA11 impactó la Torre Norte (WTC 1); a las 9:03 el UA175 impactó la Torre Sur (WTC 2); a las 9:37 el AA77 chocó contra el Pentágono; a las 9:59 colapsó WTC 2; a las 10:03 el UA93 cayó en un campo cerca de Shanksville tras la revuelta de pasajeros; y a las 10:28 colapsó WTC 1. Estas marcas horarias son las que verás en cronologías institucionales y en los informes técnicos (NIST sitúa el inicio del colapso de WTC 1 en 10:28:22).
Ese mismo día, el derrumbe del WTC 7 ocurrió a las 5:20 p. m. tras horas de incendio por daños y escombros de WTC 1; no fue alcanzado por ningún avión. Es un hito relevante en la secuencia del 11-S porque muchas narrativas populares lo omiten o lo fechan mal.
Sobre el listado viral del “10 de septiembre” (“246 equipajes para los vuelos; 2.606 en el WTC; 343/60/8 en servicio”):
Por último, la frase “Nadie vio más allá de las 11 de la mañana” funciona como cierre simbólico, pero no es precisa: la Torre Sur cayó a las 9:59 y la Norte a las 10:28; después hubo eventos cruciales, incluida la caída del WTC 7 a las 5:20 p. m.. Si buscamos rigor cronológico, conviene usar las horas verificadas de NIST y las líneas de tiempo del memorial.
En total, 2.977 personas perdieron la vida en el 11-S (excluyendo a los 19 secuestradores). Por ubicación: 2.753 en la ciudad de Nueva York (área del World Trade Center), 184 en el Pentágono (Arlington, Washington D. C.) y 40 en Shanksville, Pensilvania (vuelo UA93). Estas son las cifras consolidadas del National September 11 Memorial & Museum.
Dentro del total, 246 pasajeros y tripulantes viajaban en los cuatro vuelos secuestrados (AA11, UA175, AA77 y UA93). El propio Memorial resume ese conteo en sus materiales divulgativos sobre aviación y seguridad aérea. En cuanto a primeros respondedores, murieron 343 miembros del FDNY, 23 del NYPD y 37 de la Policía de la Autoridad Portuaria (PAPD); además, se registran 8 EMTs/paramédicos caídos en servicio esa mañana. En conjunto, las fuentes institucionales y profesionales sitúan en 441 el número de respondedores fallecidos ese día.
La identificación de restos sigue en marcha casi un cuarto de siglo después. En agosto de 2025, la Oficina del Médico Forense Jefe de NYC (OCME) anunció tres nuevas identificaciones (Ryan D. Fitzgerald, Barbara A. Keating y una mujer cuyo nombre se reservó), y reiteró que alrededor de 1.100 víctimas —aprox. 40%— permanecen no identificadas por ahora. El repositorio del OCME ubicado en el WTC custodia con dignidad los restos no identificados mientras avanza la tecnología de ADN.
Tras el 11-S, EE. UU. reordenó su arquitectura de seguridad y geopolítica. En el frente interno, el USA PATRIOT Act amplió facultades de investigación y compartición de información (p. ej., la controversial Sección 215), mientras que el Homeland Security Act (2002) creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para integrar funciones antes dispersas. En la aviación, la Aviation and Transportation Security Act (2001) parió a la TSA y endureció controles aeroportuarios. En lo internacional, la OTAN invocó por primera vez el Artículo 5 y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las resoluciones 1368 y 1373.
Ese giro vino con un intenso debate sobre libertades civiles. Bajo la Sección 215 del Patriot Act se ejecutó durante años un programa de metadatos telefónicos a gran escala, que terminó siendo reemplazado tras la USA FREEDOM Act (2015), que prohibió la recolección masiva y migró a un esquema más acotado con órdenes específicas. En paralelo, podría decirse que sirvió al programa PRISM bajo el Protect America Act y luego la FISA Amendments Act (Sección 702). Hoy, la Sección 702 mantiene salvaguardas aprobadas por el tribunal FISA, mientras su reautorización y reformas siguen siendo materia de debate.
A partir de estas reformas, el perímetro de “seguridad nacional” se expandió a nuevas áreas y a coaliciones más densas con aliados. DHS evolucionó de un enfoque centrado en aviación y fronteras a un portafolio que incluye amenazas domésticas y cibernéticas; OTAN y socios invocaron solidaridad operativa; y las resoluciones 1368/1373 forzaron a los Estados a adaptar leyes penales y regímenes de congelamiento de activos y cooperación judicial. El balance entre eficacia antiterrorista y derechos civiles quedó como una discusión permanente y definitoria del mundo post-11-S.
Antes de entrar en cada caso, muchas “coincidencias” se sostienen porque mezclan hechos ciertos (por ejemplo, nombres, lugares o documentos reales) con inferencias que no necesariamente están demostradas al 100%, pero se traslada la narrativa. Aquí reunimos los relatos más repetidos y qué dicen las investigaciones oficiales, la ingeniería forense y fuentes documentadas. Donde hay dudas razonables, lo señalamos; donde existen hallazgos firmes, los citamos.
El 24 de julio de 2001, un consorcio liderado por Larry Silverstein firmó el arrendamiento de 99 años de las Torres Gemelas y edificios adyacentes, con seguros que incluían cobertura por terrorismo (una exigencia típica para activos de ese tamaño). Tras años de litigio, los acuerdos con distintas aseguradoras sumaron alrededor de US$4.55 mil millones. Ese 11 de septiembre, Silverstein no acudió a su habitual desayuno en Windows on the World por una cita con el dermatólogo, algo que él mismo relató en entrevistas posteriores. Nada de eso prueba participación ni conocimiento previo; son hechos documentados que suelen presentarse como “sospechosos” sin evidencia adicional.
En términos de autoría, la respuesta corta es sí dado que al-Qaeda y su líder, Osama bin Laden, planificaron y ordenaron el 11-S. Lo que sigue en discusión es la “pista saudí” donde si personas vinculadas al gobierno saudí facilitaron en EE. UU. a dos de los secuestradores (Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar). Ese ángulo no contradice la autoría de al-Qaeda, sino que explora apoyos logísticos locales que pudieron operar en paralelo a la célula central solo que al final para el beneficio posterior de Estados Unidos.
El memorando del FBI fechado el 4 de abril de 2016 aborda el rol de Omar al-Bayoumi, investigado como posible agente saudí, y Fahad al-Thumairy, entonces funcionario del consulado saudí en Los Ángeles. Se ve que el FBI investigó hasta 2016 contactos entre ambos y los dos secuestradores; además, cuestionó que el “encuentro casual” de Bayoumi con los terroristas fuese tal, y atribuyó a Bayoumi “apoyo logístico”: traducciones, asistencia de viaje, alojamiento y financiación. Luego también se cita que Bayoumi mantenía un estatus “muy alto” dentro del consulado y se menciona conexiones con Osama Bassnan, saudí que hablaba “con entusiasmo” de Bin Laden.
En síntesis, bin Laden fue el autor intelectual y al-Qaeda la estructura operativa del 11-S; la línea saudí que se recoge se centra en facilitadores (Bayoumi, Thumairy y círculos afines) en territorio estadounidense. El propio texto subraya la opacidad de archivos y las desclasificaciones parciales, la litigiosidad de las familias contra Arabia Saudí y la necesidad de más documentación para pasar de sospecha fundada a responsabilidad jurídica
Esta versión mezcla dos planos: evaluaciones generales y ubicación exacta. Desde mediados de la década de 2000, autoridades estadounidenses consideraban probable que bin Laden estuviera oculto en Pakistán, pero sin dirección precisa. La pista decisiva llegó recién en 2010 al seguir al mensajero “Abu Ahmed al-Kuwaiti” hasta un compuesto en Abbottabad; desde septiembre de 2010 la CIA informó a la Casa Blanca que allí podía estar un “alto valor” y durante meses montó vigilancia desde una casa de seguridad en la ciudad para reducir la incertidumbre. El 1/2 de mayo de 2011 (hora EE. UU./Pakistán), tras esa fase de inteligencia, se ejecutó la operación Neptune Spear, en la que bin Laden fue abatido.
El ángulo pakistaní también alimenta el mito. El informe de la Comisión de Abbottabad (filtrado en 2013) habló de un “fracaso colectivo” de las instituciones paquistaníes para detectar a bin Laden, sin probar encubrimiento oficial; otros trabajos periodísticos, como el de Carlotta Gall, han sostenido que altos cargos del ISI pudieron saberlo, tesis disputada por Washington. Y cuando en 2015 Seymour Hersh publicó una versión que implicaba coordinación previa con Pakistán, la Casa Blanca y la CIA la rechazaron y reafirmaron el relato oficial. Todo ello muestra que hubo sospechas y debate sobre lo que Pakistán sabía, pero no existe evidencia pública concluyente de que la CIA “ya tuviera” la dirección exacta años antes.
Este argumento sonado parte de una premisa curiosa donde el acero tuvo que “derretirse” para que colapsaran las torres pero no es necesariamente cierto. El NIST determinó que el impacto de los 767 arrancó protección ignífuga, y los incendios multifloor alcanzaron ~1,000 °C; a esas temperaturas el acero pierde gran parte de su resistencia, lo que permitió la deformación de losas y el pandeo/atracción de columnas perimetrales hasta iniciar el colapso progresivo.
A pesar que se halló el pasaporte físico de Satam al-Suqami (AA11) en las inmediaciones y fue entregado a un detective de NYPD antes del colapso de las torres, las torres si fueron destruidas.
El informe de desempeño del edificio del Pentágono (ASCE/NIST) analiza la huella estructural, el daño y el incendio tras el impacto del AA77. Además de restos, hubo registro y análisis de los registradores de vuelo. Las evidencias físicas y de datos son consistentes con el choque de un Boeing 757.
La Comisión del 11-S documenta confusión y protocolos pensados para secuestros “convencionales”, no para aviones usados como misiles. Transpondedores desconectados, comunicaciones fragmentadas y reglas de aviso enlentecieron la respuesta; no hay pruebas de una orden deliberada de “no actuar”.
Cinco ciudadanos israelíes que trabajaban para Urban Moving Systems en Nueva Jersey fueron detenidos después de que testigos los vieran filmando el horizonte de Manhattan y, según los reportes, comportándose de forma celebratoria. Sus nombres, recogidos por prensa y documentos divulgados después, fueron Sivan Kurzberg, Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Ellner y Omer (u Omar) Marmari. La policía los interceptó en una furgoneta y el caso pasó al FBI; tras más de dos meses de custodia, fueron deportados por violaciones migratorias, sin cargos relacionados con el atentado.
A partir de ahí surgieron versiones sobre lazos de inteligenci, pues: un exalto funcionario estadounidense dijo al Forward que el FBI evaluó que al menos dos serían operativos del Mossad y que la empresa era una tapadera, pero la misma nota subraya que su liberación y deportación vino “tras ser despejadas las sospechas de conocimiento previo” del 11-S. Desde entonces, el episodio se recicla en redes con añadidos falsos, como fotos generadas por IA que pretenden “probar” una celebración coordinada; verificadores han demostrado que esas imágenes son fabricadas. En suma: hubo detención y deportación por temas migratorios; no hay evidencia pública concluyente de que conocieran el plan o colaboraran con él pero sí que beneficio a su país de origen.
La SEC abrió una pesquisa el 12/09/2001 para detectar si alguien con conocimiento previo de los atentados se lucró en bolsa (por ejemplo, con puts de American o United). Tras revisar más de 9,5 millones de operaciones, la agencia concluyó que no halló evidencia de que nadie con información anticipada hubiese operado en función de ella; la Comisión del 11-S recogió la misma conclusión y añadió que los picos en puts de AA/UA “tenían explicaciones inocuas” (en un caso, un único inversor institucional estadounidense sin vínculos concebibles con Al-Qaeda).
Como contexto, ese mismo 10-11 de septiembre de 2001 Carlyle Group celebraba su conferencia anual de inversores en el Ritz-Carlton de Washington, un hecho que después alimentó especulaciones. Está documentado que Shafiq (Shafig) bin Laden, medio hermano de Osama, asistió al evento, y que George H. W. Bush (padre del entonces presidente) era asesor de Carlyle y estuvo vinculado a esas actividades en fechas cercanas; tras el escándalo público, la familia bin Laden retiró su inversión de Carlyle en octubre de 2001. Los reportes periodísticos no aportan prueba de delito ni de “insider trading”, pero ilustran por qué el tema reaparece en debates sobre conflictos de interés.
Veinticuatro años después, el 11-S sigue siendo una bisagra histórica por tres razones: la magnitud humana de la tragedia, la claridad con la que la cronología y las cifras permiten reconstruir los hechos, y la forma en que el mundo cambió a partir de entonces. Cuando se separan los datos verificados de los relatos virales, la secuencia es sólida: cuatro aviones secuestrados, impactos y colapsos en horarios bien documentados, un saldo de víctimas incontestable y una autoría atribuida a al-Qaeda. Que existan líneas de investigación sobre apoyos logísticos —como la pista saudí— no desplaza esa autoría del todo pero si siembra dudas.
El legado también es político y ético. Las respuestas de seguridad (leyes, agencias y nuevas capacidades de vigilancia) abrieron un debate que no se cierra: cómo proteger a la ciudadanía sin vaciar las libertades que se pretende defender. De ahí que un balance honesto combine tres mandatos: rigor para distinguir evidencia de conjetura, transparencia para desclasificar y rendir cuentas cuando corresponda, y compromiso con quienes aún cargan secuelas físicas y psicológicas.
Un comentario
También se implementó el CTPAT, para el control del Transporte y Aduanas.