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Con la llegada del Movimiento al Socialismo al poder el 2006 se plasmó una ruptura del modelo de política económica que había hegemonizado la economía boliviana desde la segunda mitad de los 80s, fundamentado en la desregulación de mercados y el Estado mínimo como ejes estructurales de estabilidad macroeconómica (Arrian, 2007), cabe señalar que con el boom de los precios de los hidrocarburos, se produjo un giro hacia un populismo económico redistributivo, caracterizado por la intervención estatal, la nacionalización de recursos naturales estratégicos y la implementación de políticas fiscales expansivas y distributivas instaurando un régimen de acumulación y distribución basado en el rentismo extractivista de los recursos naturales (Gudynas, 2015).
La actual crisis económica del Estado boliviano constituye una encrucijada crítica para la toma de decisiones gubernamentales del nuevo Gobierno, no obstante, ¿la aplicación de medidas sustitutivas de regulación será suficientes para superar la dependencia estructural del populismo distributivo? o ¿Cómo transitar a otro paradigma de desarrollo económico?, siendo que cualquier transición hacia un modelo productivo alternativo podría implicar una reconfiguración radical del régimen político económico o una resistencia contrahegemónica que tenga como objeto desplazar los fundamentos del orden actual.
El contexto internacional entre 2007 al 2014 fue favorable, porque estuvo marcado por los altos precios para la venta del gas lo que permitió generar un crecimiento económico promedio histórico del 5.04% durante el primer periodo del gobierno del Movimiento al Socialismo, elevando el PIB per cápita en más de dos mil dólares y reduciendo la pobreza monetaria del 63.38% al 34.6% en una década (UDAPE, 2018) mostrando un desempeño macroeconómico inédito en la trayectoria de la económica boliviana.
Asimismo, el gobierno carismático estableció un sistema de reparto patrimonial, donde la redistribución de la riqueza operó como mecanismo central de control estatal y construcción de hegemonía política, es decir, se aplicó un sistema populista económico distributivo que permitió fijar precios y tipo de cambio, otorgar subsidios, bonos y transferencias subnacionales, consolidando un bloque histórico mediante lealtades intercambiadas (Patiño, 2013).
En ese sentido, la hegemonía del populismo económico boliviano ha establecido un régimen de poder vigente durante dos décadas, lo que se podría entender como la emergencia de un bloque histórico gramsciano sustentado por grupos orgánicos que fecundan su reproducción (Gramsci, 1971) frente a un Estado capturado, lo que significa que sus instituciones no tienen una estructura legitima propia, haciendo de ellas una presa de instrumentalización por grupos influyentes de la sociedad civil, siendo que, las normas no se dictan ni se cumplen por medio de procedimientos regulados y abstractos, por el contrario su cumplimiento es de forma subjetiva y de acuerdo con la correlación de fuerzas.
Frente a esa encrucijada, para el tránsito del paradigma rentista y distributivo aun modelo de económico productor y emprendedor caracterizado por la producción de bienes y servicios con valor agregado e impulsada con tecnología, el libre mercado y el consumo, es necesario establecer un pacto político entre las fuerzas políticas que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional, al mismo tiempo un pacto social y territorial para que el nuevo modelo económico sea legitimo como mecanismo de desarrollo.
En el ámbito económico, en el escenario del pacto social, territorial y político, los alcances del nuevo modelo económico debería ser una combinación institucional de economía social, donde la “subsidiariedad” y el “empoderamiento territorial” con un municipalismo emprendedor y como centro de emprendimientos y generación de valor agregado sean el motor de generación producción de riqueza, desplazando la estructura populista neo-desarrollista, quitando el capitalismo de Estado centralista. Este nuevo esquema, representa un pragmatismo económico, donde el discurso de la autonomía local opera dentro de los límites de un pluralismo económico regulado, es decir que el Estado se abstenga de regular la oferta y demanda en sectores estratégicos y delegue a las organizaciones sociales su autorregulación corporativa en asuntos de emprendimientos económicos y comerciales a fin de omitir las asimetrías de poder y los riesgos de captura local del centro de poder nacional.
El nuevo modelo económico debe promover espacios de conciliación entre Estado y sociedad civil para establecer acuerdos sobre las contribuciones fiscales a cambio de preservar el núcleo de la libertad económica irrestricta, por otra parte, los acuerdos deben promover la seguridad social e infraestructura productiva como resultado de legitimación, estableciendo un contrato social implícito que mitigue la conflictividad social.
Por último, se debería redefinir las relaciones de poder entre Estado y ciudadanía, otorgando a la Constitución Política del Estado un valor de garantías que sirva como instrumento de hegemonía que limite el hiperpresidencialismo, el uso arbitrario del monopolio de la violencia legítima (Weber, 1919) e institucionalice un Estado de Derecho sustantivo (O’Donnell, 2004) que garantice los derechos humanos y la justicia social, además reafirme los pesos y contrapesos del poder público, bajo los principios de coordinación, cooperación, independencia rescatado los mecanismos de la muerte cruzada entre órganos (Illescas, 2025) como precaución para su funcionamiento.
En tanto la limitación efectiva del poder es fundamental para erradicar la estructura disonante populista que promueve la represión estatal y la instrumentalización del sistema judicial (lawfare) de tal manera que se fortalezca la accountability horizontal y libertades democráticas.
La transición hacia un nuevo ciclo económico Bolivia equivale a desmontar el paradigma rentista y distributivo, que constituye un régimen de legitimidad populista sobre la base del intercambio de recursos por lealtades políticas, generando una dependencia estructural y erosionando la autonomía de la sociedad colectiva, en ese sentido, para superar esa herencia institucional se requiere una profunda reconfiguración de las estructuras de poder, desplazando el modelo populista distributivo hacia la creación de valor agregado y la capacidad estatal para fomentar un ecosistema emprendedor productivo con valor agregado.
Cabe señalar que realizar ajustes normativos mediante decretos es insuficiente, siendo que el problema es de naturaleza político e institucional, una norma reglamentaria no establece la legitimidad de las relaciones de poder extractivistas ni cambiar la cultura política rentista internalizada en el Estado y la sociedad, siendo así, el cambio exige una salida que combine una política fiscal transformadora con una reingeniería institucional que desactive los mecanismos del capitalismo de Estado afectando los intereses corporativos politizados, y enfrente la inevitable conflictividad social durante la transición (O’Donnell, 2010).
La transición a un paradigma de desarrollo económico y productivo debe aterrizar en un proceso constituyente, lo que implica un nuevo pacto social que priorice la productividad, articulado entre un pluralismo económico realista y un sistema policéntrico de gobernanza vía municipio que tenga como finalidad priorizar los municipios y empoderar a los emprendedores e inversionistas para la construcción de una hegemonía alternativa donde el Estado, con poder político limitado pero eficaz, actúe como facilitador y garante de reglas claras, promoviendo una competencia leal y una innovación sistémica que permita a Bolivia trascender a los ciclos de la producción con valor agregado y tecnología.
La transición hacia un nuevo periodo de desarrollo en Bolivia implica desarticular el modelo populista distributivo, que es una estructura de acumulación política donde la renta extractiva financia un clientelismo estatal masivo y frena la diversificación productiva, más que una política económica, constituye un régimen de legitimidades de intercambio de recursos por lealtades, generando una dependencia estructural, para superar este ciclo distributivo se requiere de una profunda reconfiguración de poder, desplazando el eje de la legitimidad hacia la creación de valor agregado, promoviendo capacidad institucional para fomentar un ecosistema emprendedor e industrial y limitar el poder político para garantizar un efectivo Estado de Derecho mediante un proceso constituyente.
Samuel Arriarán, (2007). LA DERROTA DEL NEOLIBERALISMO EN BOLIVIA, Primera edición, 2007
Gudynas, E. (2015). EXTRACTIVISMOS Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Cochabamba: CEDIB.
UDAPE (2018). DOSSIER de estadísticas sociales y económicas 2018. La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
Luis Guillermo Patiño Aristizábal, Populismo en América Latina: ¿Un discurso de izquierda o de derecha?, 2013
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
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O’Donnell, G. (2004). Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política.
Sergio Iván Illescas Guerra, La “muerte cruzada” en los juicios políticos en el
Ecuador: análisis jurídico y procesal de su aplicación, control constitucional y retos legislativos. 2025, UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ.
