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Por orden de Trump, La Casa Blanca rechazó la propuesta de diálogo enviada por Nicolás Maduro y endureció su mensaje contra las redes de narcotráfico vinculadas a Venezuela, elevando la tensión diplomática en la región. La postura refuerza la línea de “máxima presión”: coordinación con aliados, golpes a la logística del narco y una narrativa que presenta al régimen venezolano como un factor de riesgo para la seguridad hemisférica. En paralelo, los focos mediáticos se concentran en el Caribe y la frontera colombo-venezolana, donde operan rutas históricas del tráfico de cocaína.
Para Caracas, el rechazo de Washington cierra la puerta de una salida negociada que alivie sanciones y le otorgue oxígeno político. Para la oposición venezolana, el movimiento reordena el tablero: unos ven la presión externa como palanca para forzar cambios internos; otros temen que una escalada militar o un error de cálculo agrave la crisis humanitaria. Con este telón de fondo, repasamos la cronología clave, los antecedentes judiciales y el contenido de los mensajes de ambas partes para entender qué está en juego.
El conflicto actual entre Washington y Caracas tiene raíces de varios años. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un golpe contundente cuando acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus principales colaboradores de narcotráfico y narcoterrorismo, alegando que operaban junto a facciones de las FARC para introducir cocaína en territorio estadounidense. Ese fue el inicio de una estrategia judicial que colocó al régimen venezolano en el centro de la narrativa de seguridad de EE. UU.
Cinco años después, en agosto de 2025, Washington redobló la presión. El Departamento de Estado anunció que la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Maduro se elevaría a 50 millones de dólares, el doble de lo ofrecido previamente. La noticia tuvo amplia repercusión internacional y dejó en claro que la línea de presión no solo se mantenía, sino que se endurecía.
Ante esta situación, el propio Maduro intentó cambiar el tono a inicios de septiembre de 2025, proponiendo un diálogo directo con la Casa Blanca para rebajar tensiones y, en paralelo, negando cualquier vínculo con el narcotráfico. Sin embargo, la respuesta de Washington fue tajante. El 23 de septiembre de 2025, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump no solo rechazó la carta de Maduro, sino que prometió “borrar de la existencia” a los narcotraficantes, acusando al líder venezolano de ser parte central de esas redes.
Ese mismo mes, la tensión pasó de las palabras a los hechos en el Caribe. En República Dominicana, las autoridades confirmaron que tras un ataque aéreo estadounidense contra una lancha rápida, se recuperaron cientos de paquetes de cocaína. El caso se presentó como una prueba del alcance de la campaña antinarcóticos regional que, según Washington, apunta a estructuras vinculadas con Caracas.
Desde Washington, el mensaje fue de cerrazón total. Tras la carta de Nicolás Maduro ofreciendo un acercamiento, funcionarios de la Casa Blanca la desecharon mientras defendían la campaña antidrogas en el Caribe y el incremento de presencia militar con buques, un submarino nuclear y cazas F-35. La narrativa oficial subraya que el régimen venezolano está entramado con redes de narcotráfico y que los ataques a lanchas rápidas forman parte de una respuesta legítima contra esa amenaza. En paralelo, el propio presidente endureció el tono en la ONU, prometiendo “borrar de la existencia” a los narcotraficantes y señalando directamente a Maduro como cabecilla, algo que Caracas niega.
La Casa Blanca también encuadró los operativos recientes en una estrategia de máxima presión respaldada por medidas previas: el aumento de la recompensa por información que lleve al arresto o condena de Maduro a US$50 millones bajo el programa de Recompensas por Narcóticos. Con ese telón de fondo, el rechazo al diálogo busca evitar una desescalada retórica que no venga acompañada de concesiones verificables por parte de Caracas.
Desde Caracas, Nicolás Maduro intentó abrir un canal político: en una carta dirigida a Donald Trump, propuso retomar un diálogo directo —con el exembajador Richard Grenell como interlocutor— y negó que Venezuela opere como plataforma del narcotráfico. Sostuvo que la mayor parte de la droga no transita por su territorio y que el Estado venezolano intercepta y destruye buena parte de lo incautado. El gesto llegó después de los ataques estadounidenses contra lanchas rápidas sospechosas en el Caribe.
La Casa Blanca rechazó públicamente la propuesta y calificó la misiva como una “lista de mentiras”, insistiendo en que el régimen es ilegítimo. En respuesta, Maduro duplicó su narrativa: dijo querer “paz y verdad”, acusó a Washington de basarse en información falsa y advirtió que el despliegue militar eleva el riesgo de escalada. En paralelo, los medios estatales difundieron la carta y su postura para internalizar el costo político de una negociación fallida.
El conflicto no parte de cero. El 26 de marzo de 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos por narco-terrorismo y otros delitos contra Maduro y altos funcionarios, vinculándolos a una alianza con FARC para introducir cocaína en EE. UU. Ese hito ancló el caso en el sistema judicial estadounidense y abrió la puerta a medidas financieras y operativas sostenidas.
A partir de entonces, la presión se institucionalizó: investigaciones, sanciones y cooperación con fuerzas regionales. En agosto de 2025, el Departamento de Estado elevó la recompensa del Programa de Recompensas por Narcóticos hasta US$50 millones por información que conduzca al arresto o condena de Maduro, formalizando que el caso sigue siendo prioridad de seguridad para Washington.
En el terreno, las operaciones recientes ilustran el cambio de fase: República Dominicana reportó la recuperación de cientos de paquetes de cocaína de una lancha destruida por fuerzas de EE. UU., en el marco de la campaña antinarcóticos que la Casa Blanca vincula a redes con nexos venezolanos. El episodio refuerza el mensaje disuasivo y muestra que la dimensión militar acompaña la presión diplomática y judicial.
El rechazo de Washington al diálogo y el tono de la ONU marcan que la relación vuelve a una lógica de máxima presión: recompensas elevadas, despliegue militar y golpes selectivos a la logística del narco. Para Estados Unidos, el costo de ceder sin verificables sería alto; para Caracas, aceptar auditorías y cooperación operativa supondría concesiones internas difíciles. El resultado, por ahora, es una tensión estable pero con más fricción en el Caribe.
Si no hay cambios medibles —incautaciones compartidas, canales de verificación, cooperación judicial—, el tablero seguirá polarizado: EE. UU. endureciendo operaciones y narrativa, y Maduro buscando capitalizar la negación y el victimismo ante su base. La variable a observar serán los hechos sobre el mar: cada interdicción, cada cadena de custodia, cada vínculo probado o refutado. Ahí se jugará lo que quede del margen para evitar escaladas indeseadas.
