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El crimen organizado desafía el desarrollo y la gobernabilidad democrática en Hispanoamérica y el Caribe, con estas líneas empezaba un pequeño artículo de opinión sobre si El Crimen organizado: ¿Moldearía las elecciones presidenciales en Bolivia? fenómeno que se ha generalizado y adquirido nuevas y más violentas formas de operación en todo el hemisferio Sur.
De manera sorpresiva, el dirigente ejecutivo de la Confederación Nacional Hidrocarburífera de Bolivia, Ludwig Sánchez, denunció que la empresa pública YPFB importa combustibles con sobreprecios de hasta $us 2,4 millones por día, beneficiando a intermediarios y personas vinculadas al negocio. Tal noticia ocasiono un revuelo mayúsculo en el país al asegurar conocer de cerca el negocio de los hidrocarburos en el país.
Esta historia empezó hace algo mas de tres años, la fecha viene a ser el 30 de enero de 2022, sobre la denunció de actividades de dudosa legalidad por parte del hijo mayor del presidente Luis Arce Catacora, que negociaba y negocia aún, los recursos energéticos estratégicos del país como el litio y los hidrocarburos, abusando de su privilegiado vínculo familiar y de estar bien posesionado en el circulo palaciego.
La denuncia en su momento fue sostenida con datos fehacientes de la intromisión de Luis Marcelo Arce Mosqueira en asuntos de Estado que no le competían ni le competen, entre las pruebas presentadas que se dieron a conocer esta que el hijo del presidente realizaba viajes al exterior del país para reunirse con gobiernos y empresarios extranjeros como si fuera un dignatario del Gobierno boliviano, sin serlo.
El trabajo investigativo fue de relojero, detalle tras detalle dando fechas, 30 de enero de 2022 Arce Mosqueira viaja a Caracas el 27 de abril de 2021, vuelo privado, acompañado por un empresario iraní, dos venezolanos y por Nicolás Vincenti, hijo del ex ministro de Hidrocarburos Luis Fernando Vincenti, “quien es directivo en las seis subsidiarias de YPFB Corporación”, El motivo del viaje fue ofrecer a la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) la administración de la Planta de Urea y Amoniaco que el gobierno de Evo Morales había instalado en Bulo Bulo, Chapare.
La investigación intrépida hace denuncia con documentación fehaciente (como un manifiesto de pasajeros del Servicio de Navegación Aérea de Venezuela que corroboraba el viaje de aquella comitiva encabezada por Arce Mosqueira) y permite establecer que 36 agentes del régimen de Maduro ya habían tomado el control de la planta de Bulo Bulo tras la posesión de Luis Arce, ganando exorbitantes sueldos. Al mismo tiempo sale a luz que el hijo del presidente de Bolivia se reunió con el presidente Nicolás Maduro, para ver si llegan a una alianza y que Petroquímica de Venezuela se encargue de operar y distribuir la urea boliviana”.
Luis Marcelo Arce Mosqueira actuaba como el articulador, cabecilla y conexión de una organización criminal internacional, incrustada en el corazón del sector energético del Estado boliviano para perpetrar negocios turbios y enriquecerse ilícitamente desajenando recursos vitales del país como el litio y los hidrocarburos. Arce Mosqueira ejercía de facto funciones decisivas en la directiva de YPFB, autorizando licitaciones y firmando adjudicaciones de millonarios contratos, sin tener atribuciones legales para ello, por sólo ser hijo del presidente y con autorización expresa del padre, que en términos jurídicos penales resulta su principal cómplice.
Los movimientos felinos, escurridizos, bien calculados y mejor asesorados por avezados abogados, el 18 de marzo de 2022 presentan una denuncia escrita ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP), agarrando con pinzas algunas debilidades formales, no de fondo, en la investigación valiente se admite las investigaciones, que por supuesto son periodísticas y no policiales hechos que pesca en offside a los miembros del Tribunal Nacional de Ética Periodística, de esta manera se para, neutraliza y se cuarta la denominada “libertad de expresión” tan cuestionada hoy en el país.
Permite al hijo del presidente seguir gozando sin obstáculos en su rol de intermediario entre el Estado boliviano y empresas extranjeras interesadas en aprovecharse de los recursos energéticos del país. Nada impide la prosperidad en lo ilícito. Pero con dicen las abuelas “no hay mal que por bien no venga”. El año 2022 la periodista Isabella Cota de El País de Madrid revela que el hijo del presidente había estado en Moscú para reunirse con ejecutivos de la empresa rusa Uranium One Group, interesada en el litio boliviano.
Gracias a la intermediación de Arce Mosqueira, Uranio se adjudica por el gobierno de su padre para explotar el litio del salar de Uyuni, al margen de la licitación. Y así fue. Dos años después de aquella reunión en Moscú, el 11 de septiembre de 2024 la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la rusa Uranium firman un contrato de asociación accidental para el desarrollo de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL), dejando atrás a una empresa norteamericana que se había presentado en la licitación ofreciendo un procedimiento con menor gasto de agua.
Se finaliza, el 2022, el pasado 13 de marzo se publicó desde Buenos Aires el informe de un grupo internacional de investigaciones financieras que detallaba los viajes realizados por el hijo del presidente a la ciudad de Asunción, Paraguay, en compañía del actual presidente de YPFB Armin Dorgathen. Cinco ingresos certificados al país vecino de ambos personajes, juntos, entre los años 2022 y 2024. Vuelos, que tenían que ver con negociados de la familia presidencial en la adquisición de diésel, infligiendo enormes sobreprecios y precipitando una cuantiosa fuga de dólares hacia los bolsillos de Arce Mosqueira a través de una turbia empresa intermediaria, Botrading, lo paradójico, ningún partido político de oposición hasta el momento dijo esta boca es mía:
“Vamos a profundizar las investigaciones sobre quienes ejercen un control abusivo y doloso del comercio de carburantes en Bolivia”.
La denuncia del Sr. Sánchez y la investigación que no acepto el TNEP, creo son confirmadas y el gran perdedor será el estado de derecho y la seguridad jurídica en el territorio boliviano, así al parecer ni los 100 días ofrecidos se podrán cumplir ni el FMI estará interesado el dar dinero a Bolivia por el aumento de la corrupción doméstica y el Crimen Organizado.
Un comentario
Excelente y muy completo.
Una verdad que nadie se atreve a decir