Publicaciones
En América Latina, el territorio ha sido históricamente el corazón de la política. La noción de control territorial ha definido victorias y derrotas, y ha sostenido el peso simbólico de la legitimidad democrática. Sin embargo, el territorio contemporáneo ya no se limita a una geografía física: hoy se expresa como un entramado complejo donde convergen la dimensión espacial, la emocional y la digital.
La movilización social, entendida como la capacidad de articular sujetos colectivos en torno a un objetivo político, atraviesa un proceso de transformación profunda. El tránsito de estructuras verticales de control hacia redes horizontales de pertenencia obliga a repensar las tácticas, los operadores y los tiempos de la acción política. El presente artículo examina esta transición, analizando las nuevas estructuras de operación territorial y la movilidad de los operadores en la era de la inmediatez.
El territorio electoral dejó de ser únicamente un mapa seccional. Se convirtió en un ecosistema híbrido compuesto por:
– Dimensión geográfica: el espacio físico de casillas, colonias y barrios (Sánchez Galicia, 2018).
– Dimensión emocional: la percepción subjetiva de la política, marcada por miedo, esperanza, ira o dignidad (Damasio, 1994; Westen, 2007).
– Dimensión digital: los algoritmos de redes sociales y motores de búsqueda que definen visibilidad, conversación y agenda pública (Castells, 2009; Riorda, 2021).
Este modelo obliga a un cambio de paradigma: ya no se trata solo de controlar secciones, sino de leer y activar comunidades complejas que se mueven en múltiples planos de interacción.
La movilización tradicional, asociada al traslado físico de votantes bajo estructuras piramidales, resulta insuficiente para comprender el presente. Hoy, la movilización se expresa como una ingeniería de comunidades políticas (Gutiérrez-Rubí, 2022):
– Híbrida: combina acciones presenciales con activaciones digitales coordinadas (Tufekci, 2017).
– Horizontal: sustituye jerarquías rígidas por nodos flexibles de coordinación.
– Identitaria: se sustenta en la pertenencia simbólica antes que en incentivos materiales (Han, 2014).
Este desplazamiento es central: mientras la vieja movilización aseguraba cuerpos, la nueva movilización asegura voluntades y lealtades.
El operador político contemporáneo se transforma en un microestratega de alta precisión, con capacidad para redefinir escenarios en tiempo real. Sus funciones incluyen:
– Microcélulas autónomas: equipos reducidos con capacidad de intervención quirúrgica en el territorio.
– Embajadores digitales: enlaces entre comunidades físicas y redes sociales, capaces de viralizar narrativas locales.
– Operadores data-driven: sujetos que trabajan con tableros de control, microencuestas y segmentación psicográfica (Kotler et al., 2017).
– Redes híbridas: estructuras que combinan disciplina física y adaptabilidad digital.
Estos operadores ya no son meros gestores de movilización; son arquitectos tácticos del territorio, capaces de incidir en el resultado de una elección con maniobras de último momento.
La política territorial exige hoy movilidad táctica, discreta y veloz:
– Movilidad ligera: motocicletas, bicicletas o transporte por aplicación sustituyen vehículos de acarreo visibles.
– Nodos comunitarios: espacios sociales cotidianos —cafeterías, gimnasios, plazas culturales— convertidos en centros de coordinación.
– Geolocalización en tiempo real: monitoreo de operadores mediante aplicaciones de mensajería cifrada.
– Tácticas de inmediatez: operaciones relámpago en la jornada electoral capaces de alterar la correlación de fuerzas en contextos cerrados.
Este modelo convierte a los operadores en piezas móviles dentro de un tablero complejo, donde la disciplina organizativa debe coexistir con la flexibilidad táctica.
El rediseño de la movilización plantea tres grandes desafíos:
1. Legitimidad: diferenciar movilización ciudadana auténtica de prácticas clientelares que erosionan la confianza institucional (Innerarity, 2020).
2. Seguridad: proteger operadores y comunidades en contextos marcados por violencia política.
3. Resiliencia: diseñar estructuras antifrágiles que no solo resistan crisis, sino que se fortalezcan en ellas (Taleb, 2012).
La ética, en este sentido, no es un obstáculo sino un componente estratégico: legitima la movilización y amplifica su sostenibilidad.
El territorio político es hoy una arquitectura híbrida donde conviven espacio físico, flujo digital y emoción colectiva. La movilización social ya no puede entenderse como simple disciplina piramidal; se trata de una ingeniería comunitaria que requiere operadores capaces de actuar como microestrategas en contextos de alta incertidumbre.
La consultoría política debe, por tanto, superar el paradigma clásico y asumir que las elecciones se definen en la intersección de mapas geográficos, narrativas emocionales y redes digitales. Solo desde esta visión ampliada es posible articular estructuras flexibles, legitimadas y eficaces, capaces de transformar una campaña en victoria.
