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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es uno de los diez organismos constitucionalmente autónomos, donde dentro de ellos, es parte del Sistema Electoral junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La ONPE está encargado de la organización, ejecución y supervisión de los mecanismos de participación ciudadana: elecciones presidenciales en el Perú, garantizando la transparencia y la imparcialidad en: elecciones presidenciales, congresales, regionales, municipales y en referéndums.
A diferencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se enfoca en la fiscalización y administración de justicia electoral, la ONPE es la responsable de la logística electoral, el conteo de votos y la implementación de tecnologías para el sufragio. Su labor abarca desde la organización de los comicios, la impresión y distribución del material electoral, la capacitación de los miembros de mesa, hasta el despliegue de las urnas y la supervisión del acto de votación. Además, este organismo ha trabajado en la modernización del sistema electoral al promover el uso de tecnologías como el voto electrónico y herramientas digitales para la transmisión segura de actas
| Organismo | Función Principal |
|---|---|
| ONPE | Organiza y ejecuta elecciones, supervisa el financiamiento de partidos y computa los votos. |
| JNE | Fiscaliza el proceso electoral y resuelve controversias legales sobre candidaturas y resultados. |
| RENIEC | Administra el padrón electoral y emite documentos de identidad. |
La ONPE cuenta con una estructura diseñada para cumplir con sus funciones de manera eficiente. Su máximo representante es el Jefe de la ONPE, quien es elegido mediante un concurso público organizado por la Junta Nacional de Justicia. Bajo la autoridad, del Jefe de la ONPE, la Secretaría General apoya en la gestión administrativa y documental, asegurando la eficiencia en cada proceso electoral. Además, se encuentra el Órgano de Control Institucional, encargado de auditar y supervisar las actividades internas de la ONPE para garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos, junto con la Procuraduría Pública, que brinda asesoría legal y representa a la institución en casos judiciales.
A partir de la Gerencia General se despliegan diversas áreas estratégicas de la ONPE. Entre ellas, la Gerencia de Gestión Electoral que coordina la ejecución de los comicios, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, que implementa soluciones digitales como el voto electrónico. También, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios fiscaliza el financiamiento de los partidos políticos, asegurando la transparencia en las campañas, entre otras. Esta estructura permite que la ONPE funcione de manera eficaz y cumpla su papel el sistema electoral de Perú.
Recopilando las diversas funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, destacamos las siguientes:
Como desarrollamos al inicio de nuestro artículo, la ONPE es el organismo encargado de planificar y ejecutar todos los procesos de participación ciudadana que contemplan las elecciones generales, regionales, municipales, referéndums y consultas populares. Su labor comienza con la elaboración del cronograma electoral y culmina con la proclamación de los resultados.
Además, coordina con diversas entidades estatales y privadas para garantizar la seguridad, transparencia y eficiencia del proceso electoral. Esto incluye la colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el resguardo del material electoral, así como con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para la validación del padrón electoral.
La ONPE se encarga del diseño, impresión y distribución del material electoral que contemplan las Fédulas de votación, actas electorales, cartillas informativas y demás documentos oficiales utilizados en los comicios. Todo esto con la finalidad de garantizar un proceso electoral eficiente conforme a ley.
Uno de sus desafíos es asegurar que el material electoral, que mencionamos, llegue a todo el territorio nacional, incluso a zonas rurales, comunidades nativas y localidades de difícil acceso. Para ello, la ONPE coordina el traslado del material mediante aviones, helicópteros y embarcaciones fluviales. Esto permite que cada ciudadano tenga acceso a su derecho al voto sin importar su ubicación.
Uno de los pilares más importantes en los sistemas democráticos es la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, y la ONPE cumple un rol clave en la supervisión y fiscalización de los recursos utilizados en las campañas electorales. Como vimos en el capítulo 5 de nuestra serie Los Grupos de Presión Política, la financiación, en caso de ser privada, pueden tener intereses en concreto y en contra del bien común.
Para ello, monitorea las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas, evitando el uso de dinero ilícito o de origen desconocido. Asimismo, exige a los partidos y alianzas electorales la rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos, asegurando que se ajusten a los límites establecidos por la ley. En caso de irregularidades, la ONPE puede imponer sanciones administrativas y derivar los casos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para medidas adicionales.
La ONPE también desarrolla programas de capacitación y concientización dirigidos a electores y miembros de mesa. Las capacitaciones incluyen la formación de los miembros de mesa, quienes cumplen un rol crucial en la instalación, conducción y cierre de las mesas de votación.
Por último, la ONPE implementa y gestiona el sistema de conteo rápido y escrutinio oficial de los votos, garantizando un proceso ágil, seguro y transparente. A través de la digitalización de actas y la transmisión de resultados en tiempo real, los ciudadanos pueden seguir el avance del conteo electoral de manera transparente.
No obstante, la ONPE no ha estado exento de cuestionamientos ante sus actos, por lo que se ha puesto en duda su credibilidad. Por ejemplo, las denuncias de irregularidades en el conteo de votos, se dieron durante la segunda vuelta en las elecciones Generales del 2021, donde la candidata Keiko Fujimori acusó a la ONPE de irregularidades en el procesamiento de actas y presunto fraude, contra su contricante Pedro Castillo. Si bien los organismos electorales y la comunidad internacional respaldaron la transparencia del proceso, la controversia escaló a niveles judiciales y movilizaciones sociales.
Otro caso versa sobre el financiamiento de campañas políticas. En las campañas presidenciales entre 2011 y 2016, hubo una investigación sobre los presuntos aportes de Odebrecht, protagonista del caso de corrupción «lavajato», donde partidos como Fuerza Popular y el Partido Nacionalista fueron señalados por haber recibido financiamiento no declarado. Estos hechos evidenciaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control financiero, ya que muchos partidos han logrado evadir sanciones al presentar informes contables poco detallados o incluso fraudulentos.
La ONPE es un organismo constitucionalmente autónomo clave para el sistema electoral peruano, encargado de organizar y ejecutar elecciones generales, regionales, municipales y referéndums, asegurando que cada proceso se lleve a cabo con transparencia y eficiencia. Su rol abarca desde la planificación logística, la distribución del material electoral, la capacitación de miembros de mesa hasta el cómputo de votos y la supervisión del financiamiento de los partidos políticos. A través de la implementación de nuevas tecnologías, como el voto electrónico y la digitalización del escrutinio, la ONPE busca modernizar el proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana en los comicios.
No obstante, su labor no ha estado exenta de cuestionamientos. Casos como las denuncias de fraude en las elecciones generales de 2021 o la controversia sobre el financiamiento ilícito de campañas han generado debates sobre la necesidad de mejorar la fiscalización y fortalecer la institucionalidad electoral. A pesar de estos desafíos, la ONPE continúa evolucionando para garantizar la integridad de los procesos democráticos en el Perú, manteniendo su compromiso con la legalidad, la imparcialidad y la participación ciudadana.
