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El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz resolvió el martes 26 de agosto de 2025 otorgar libertad “pura y simple” a Marco Antonio Pumari y disponer arresto domiciliario para Luis Fernando Camacho en el marco del Caso Golpe I. En el caso de Camacho, la medida se cumplirá en su domicilio de la capital cruceña; en el de Pumari, el tribunal instruyó la emisión del mandamiento de libertad. La decisión marca un giro en la situación jurídica de ambos exlíderes cívicos y se inscribe en la revisión de detenciones preventivas ordenada recientemente por la justicia boliviana.
Según la defensa, Camacho cumplirá detención domiciliaria con salidas laborales, fianza económica y presentación mensual, y la ejecución de las resoluciones podría tomar hasta 72 horas por trámites administrativos; Pumari quedará en libertad sin medidas cautelares vigentes dentro de este proceso. Con ello, el expediente entra en una nueva fase procesal a la espera de mandamientos y formalidades de cumplimiento.
El Caso “Golpe de Estado I” investiga los hechos que antecedieron a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 donde hubo movilizaciones cívicas, presión social y la ruptura institucional que desembocó en la asunción de Jeanine Áñez. La denuncia fue presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty y, tras varios cambios, la acusación se concentró en terrorismo y financiamiento del terrorismo (la Fiscalía descartó sedición y conspiración en 2022). En paralelo, el llamado “Golpe II” -centrado en la forma en que Áñez asumió la Presidencia- culminó con una condena de 10 años ratificada en 2023.
Los principales imputados en Golpe I son Luis Fernando Camacho (Actual gobernador electo de Santa Cruz) y Marco Antonio Pumari (expresidente del COMCIPO en Potosí). Ambos fueron figuras de las protestas de 2019 y luego establecieron el binomio Creemos para las elecciones de 2020 (Camacho a la Presidencia y Pumari a la Vicepresidencia), formalizando la alianza ante el TSE. Este trasfondo político explica por qué el proceso ha estado cargado de lecturas partidarias desde el inicio.
En 2024–2025 el expediente tuvo hitos clave: la acusación fiscal “subsanada” ante el Tribunal Sexto de Sentencia, el inicio/reanudación del juicio oral en La Paz y, en marzo de 2025, la admisión por el Tribunal Constitucional de un recurso para revisar la constitucionalidad del tipo de terrorismo. Finalmente, un instructivo del TSJ para revisar detenciones preventivas abrió la puerta a la audiencia del 26 de agosto de 2025, que concluyó con libertad “pura y simple” para Pumari y arresto domiciliario para Camacho con salidas laborales, fianza y presentaciones periódicas.
La detención domiciliaria con salidas laborales devuelve a Luis Fernando Camacho capacidad operativa —aunque limitada— para reinsertarse en la agenda pública cruceña y nacional. El permiso para asistir a su fuente laboral, la fianza económica y la presentación mensual abren espacio para recomponer liderazgo territorial, ordenar la narrativa opositora y reactivar redes cívicas, aun bajo control judicial. Para Santa Cruz, esto puede traducirse en mayor coordinación institucional y política alrededor de la Gobernación, con Camacho participando —al menos parcialmente— en la dirección del proyecto que encabeza.
Del lado potosino, la libertad “pura y simple” de Marco Pumari despeja el camino para su retorno a la arena pública. Ex presidente del COMCIPO, Pumari tiene anclaje social y simbólico suficiente para dinamizar frentes cívicos y electorales en el altiplano, y para tender puentes —o tensiones— con espacios cruceños si la oposición busca una coordinación nacional. Este reingreso puede impactar en la competencia por el voto urbano-popular de Potosí y en la reconstrucción de la marca Creemos u otras alianzas opositoras.
A nivel nacional, la resolución llega tras el instructivo del TSJ que aceleró la revisión de detenciones preventivas; ese giro ya venía siendo capitalizado por actores cívicos cruceños y puede escalar la presión por estándares de debido proceso en casos como Áñez. La oposición lee el movimiento como una corrección del sistema y buscará convertirlo en agenda electoral; el oficialismo intentará encuadrarlo como trámite judicial sin efectos de fondo. En ese forcejeo, la calle y los comités cívicos vuelven a ser termómetro y músculo de movilización.
El fallo no es un punto final, pero sí un punto de inflexión: sustituye la prisión preventiva por medidas más proporcionales y reordena el tablero donde se cruzan justicia y política. La señal para adelante es clara: si el proceso quiere sostenerse, deberá hacerlo con evidencia y debido proceso, no con cautelares eternas. Para la opinión pública, esto prueba si el sistema puede corregir excesos sin caer en impunidad; para los acusados, abre margen de defensa en libertad (Pumari) o bajo control judicial (Camacho) y los obliga a moderar el relato victimista con hechos y transparencia.
En la arena política, la pelota pasa a la oposición: o capitaliza el momento con organización, narrativa y propuestas, o lo diluye en gestos simbólicos y peleas internas. El oficialismo, por su parte, intentará reducir todo a “trámite judicial” y mantener el caso como recordatorio de 2019. De aquí al ciclo 2025–2026, el eje ya no será quién grita más fuerte, sino quién construye mayoría: territorial, programática y moral. Esa es la oportunidad —y el riesgo— que deja esta decisión.
