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Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis políticas recientes después de que el colapso de Ueno Bank provocara la destitución del presidente Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana al poder. Lo que comenzó como una intervención bancaria el 3 de noviembre terminó, apenas tres días después, con la salida del mandatario mediante un juicio político, investigaciones judiciales contra antiguos funcionarios y una creciente disputa por el control del Partido Colorado.
Este 11 de noviembre, el nuevo gobierno enfrenta una prueba inmediata: cumplir el plazo de devolución de depósitos establecido por el Congreso, mientras cerca de 800 millones de dólares pertenecientes a instituciones públicas continúan sujetos a incertidumbre. La crisis también ha reconfigurado las relaciones de poder dentro del oficialismo, especialmente tras la intervención política de Horacio Cartes, expresidente y principal dirigente del coloradismo, cuyo respaldo resultó decisivo para la caída de Peña.
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank después de identificar graves problemas de solvencia relacionados con operaciones financieras de riesgo y préstamos a empresas vinculadas. La entidad, que había experimentado una rápida expansión mediante servicios digitales, reportaba aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. La interrupción de sus operaciones dejó a una parte importante de la población sin acceso inmediato a sus ahorros y medios de pago.
La crisis adquirió rápidamente una dimensión política debido a los vínculos que habían existido entre Santiago Peña y el grupo empresarial relacionado con Ueno. Las investigaciones también alcanzaron a Carlos Carvallo, expresidente de la entidad financiera y posteriormente titular del Banco Central, nombrado durante el gobierno de Peña. Las acusaciones sobre posibles irregularidades regulatorias, conflictos de intereses y manejo de recursos públicos debilitaron la posición presidencial hasta desencadenar su destitución el 6 de noviembre.
Uno de los elementos más importantes de la crisis es el papel de Horacio Cartes. El expresidente había sido determinante en el ascenso político de Santiago Peña, a quien respaldó dentro del Partido Colorado. Sin embargo, durante los últimos años comenzaron a observarse tensiones entre ambos sectores, especialmente alrededor de la construcción de espacios propios de influencia política y económica dentro del oficialismo.
El colapso de Ueno aceleró esa confrontación. Cartes terminó respaldando la destitución de quien había sido su principal aliado, modificando el equilibrio de fuerzas dentro del partido gobernante. La caída de Peña revela la fragilidad de un liderazgo presidencial cuando pierde el respaldo de la estructura política que facilitó su llegada al poder. Para el cartismo, el nuevo escenario abre la posibilidad de recuperar capacidad de decisión sobre el Ejecutivo, aunque también lo expone al desgaste de una crisis que compromete la credibilidad de todo el oficialismo.
Pedro Alliana, quien ocupaba la vicepresidencia, juró como nuevo presidente el 6 de noviembre y deberá completar el periodo constitucional hasta agosto de 2028. Su llegada al poder se produce en condiciones complejas: una ciudadanía preocupada por sus ahorros, organismos estatales con recursos comprometidos y una clase política sometida a cuestionamientos por la relación entre poder público e intereses empresariales.
El nuevo mandatario ha iniciado una reorganización del Ejecutivo. Entre sus primeras decisiones se encuentran la solicitud de poner cargos gubernamentales a disposición y cambios en la cúpula militar, incluyendo la designación del general Manuel Rodríguez Sosa como comandante de las Fuerzas Militares. Estos movimientos buscan reorganizar la conducción del Estado y establecer nuevas líneas de autoridad después de la ruptura política. Sin embargo, el desafío de Alliana será demostrar que su administración tiene capacidad para recuperar estabilidad institucional y ofrecer resultados frente a una crisis que sigue abierta.
El problema más delicado para el nuevo gobierno se encuentra en los recursos públicos depositados en Ueno Bank. Las estimaciones señalan que alrededor de 800 millones de dólares pertenecientes a instituciones estatales quedaron comprometidos tras la intervención. Entre ellos se encuentran fondos previsionales, recursos del Instituto de Previsión Social y depósitos de otras entidades públicas que dependen de esos activos para cumplir obligaciones con sus beneficiarios.
El impacto ha provocado movilizaciones de trabajadores y jubilados. Los sindicatos de docentes, por ejemplo, reclamaron la recuperación de más de 60 millones de dólares vinculados a sus fondos de pensiones, mientras otras instituciones expresaron preocupación por la continuidad de sus compromisos financieros. La situación coloca a Alliana ante un problema que combina exigencias sociales y restricciones económicas: recuperar la confianza ciudadana requiere garantizar que los recursos destinados a pensiones, servicios y proyectos públicos puedan utilizarse oportunamente.
El plazo establecido por el Congreso para agilizar la devolución de depósitos vence este miércoles 11 de noviembre. Según el Banco Central, hasta el 10 de noviembre se habían efectuado devoluciones a más de 1,7 millones de ahorristas mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. El presidente Alliana aseguró que aproximadamente el 95 % de los beneficiarios cubiertos por el mecanismo estatal ya había recibido pagos y que los desembolsos restantes se completarían dentro del plazo previsto.
Sin embargo, la devolución de anticipos a pequeños y medianos ahorristas todavía deja pendientes importantes interrogantes. Los recursos que superan los límites de cobertura, las inversiones y los depósitos institucionales requieren procedimientos adicionales de recuperación. El cumplimiento de los pagos inmediatos podría proporcionar al Gobierno un primer resultado político favorable, pero la evolución de los fondos públicos determinará si esa recuperación inicial de confianza puede mantenerse durante las próximas semanas.
La destitución de Santiago Peña también modificó el escenario judicial. La Fiscalía investiga al exmandatario por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos y el uso de su posición política, mientras continúan los procedimientos contra antiguos directivos de Ueno Bank y funcionarios vinculados a la supervisión financiera. Peña ha rechazado las acusaciones y sostiene que no cometió irregularidades.
Las investigaciones adquieren especial importancia porque sus resultados podrían determinar si el colapso respondió únicamente a decisiones empresariales deficientes o si existió una estructura de protección política y regulatoria que facilitó el crecimiento de la entidad. Las responsabilidades deberán establecerse judicialmente, pero las investigaciones ya han afectado la legitimidad de instituciones fundamentales para la estabilidad económica. La capacidad de garantizar procedimientos independientes será decisiva para impedir que el caso continúe deteriorando la confianza en el Estado.
La crisis representa una oportunidad y un riesgo para el Partido Colorado, organización que ha mantenido una posición dominante en la política paraguaya durante décadas. La salida de Peña y el ascenso de Alliana permiten al oficialismo conservar el control del Ejecutivo, mientras que la recomposición interna ofrece a Horacio Cartes una posición favorable para influir sobre las principales decisiones gubernamentales.
Sin embargo, la continuidad partidaria no garantiza estabilidad política. El escándalo de Ueno puede afectar la percepción ciudadana sobre el manejo de recursos públicos y alimentar el cuestionamiento a las relaciones entre el poder económico y las instituciones. Para la oposición, la crisis abre un espacio para exigir mayor transparencia y presentarse como alternativa frente al desgaste del coloradismo. La capacidad del nuevo gobierno para resolver los problemas financieros y evitar nuevos escándalos influirá directamente en la correlación de fuerzas rumbo a las elecciones de 2028.
La caída de Santiago Peña demuestra cómo una crisis financiera puede desencadenar una transformación acelerada del escenario político cuando coincide con fracturas dentro del oficialismo. El colapso de Ueno Bank debilitó la autoridad presidencial, movilizó a distintos sectores sociales y permitió que los conflictos internos del Partido Colorado se convirtieran en un factor determinante para la sucesión gubernamental.
El futuro inmediato de Paraguay dependerá de tres procesos: la recuperación de los recursos comprometidos, el avance de las investigaciones judiciales y la capacidad de Pedro Alliana para consolidar una administración con legitimidad propia. Horacio Cartes ha recuperado influencia dentro de la estructura oficialista, pero el costo político de la crisis puede terminar afectando al conjunto del partido gobernante. La disputa por el poder continuará mientras el nuevo Ejecutivo intenta demostrar que puede resolver los problemas que provocaron la caída de su antecesor.
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