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El último pacto fiscal evidencia una distribución asimétrica del poder político y económico que ha profundizado la dependencia de las Entidades Territoriales Autónomas – ETAs respecto al nivel central del Estado, limitando su capacidad de autogobierno, esta asimetría en la correlación de fuerzas ha configurado un escenario de negociación intergubernamental donde los intereses territoriales quedan subordinados a la lógica centralista, obstaculizando un ejercicio efectivo de la autonomía política, por consecuencia, resulta imperativo reconfigurar el pacto fiscal para equilibrar estas relaciones de poder mediante una redistribución equitativa de los recursos, donde la fórmula 50/50 emerge como un mecanismo de reequilibrio que podría restituir la capacidad de gestión autónoma y la eficiencia en el gasto subnacional (Rocabado, 2017).
La coyuntura evidencia el agotamiento del modelo extractivista centralista y reabre la disputa por la distribución del poder territorial que constituye una oportunidad política para desconcentrar la política fiscal y redefinir las potestades de los ingresos y gastos como ventana de, transitando del actual esquema de coparticipación 75/25 hacia un paradigma 50/50 que reconfigure las asimetrías entre el nivel central y las ETAs, por tanto, la cuestión medular reside en determinar ¿qué diseño institucional y mecanismos de negociación intergubernamental permitirían garantizar que esta redistribución consolide un equilibrio de poder que viabilice el desarrollo autónomo de las regiones? (Molina, 2021).
La evolución de los pactos fiscales en Bolivia evidencia una persistente asimetría en la distribución del poder político territorial, inaugurando el ciclo centralista con la Revolución Nacional de 1952, consolidando una potestad tributaria en el nivel central como mecanismo de control fiscal mediante la Ley 843 de 1986, sin embargo, el punto de inflexión se produjo en 1994 con la Ley de Participación Popular, que descentralizó competencias de gasto sin reformar la estructura tributaria, generando una asincronía institucional donde la cesión de responsabilidades no estuvo acompañada de una correlativa transferencia de poder financiero, configurando así la matriz de coparticipación 75/25 que perpetúa la dependencia subnacional.
La reforma constitucional de 2009 instauró formalmente el Estado Plurinacional y el régimen autonómico, con las expectativas de reconfigurar el poder territorial, sin embargo, el proceso de pacto fiscal de 2016 evidenció la continuidad estructural del centralismo, al no concretar la redistribución equitativa de los recursos exigida por las regiones bajo el paradigma del «Vivir Bien», esta asincronía entre el reconocimiento jurídico de autonomías y la persistencia de una matriz fiscal centralizada revela una estrategia de cooptación y vaciamiento del poder de los niveles subnacionales (Molina, 2021).
La superación de la deuda histórica en la distribución territorial del poder exige un nuevo diseño fiscal que, mediante el paradigma 50/50, establezca un equilibrio horizontal (distribución equitativa) entre el nivel central y las autonomías, para introducir mecanismos de incentivo a la gestión eficiente y compensación de asimetrías estructurales para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos, siendo que, esta reivindicación, lejos de constituir una demanda sectorial, expresa un anhelo transversal de democratización del poder político y económico que encuentra su correlato ideológico en el enfoque del «Capitalismo Para Todos», entendido como la remoción de barreras estatales que perpetúan relaciones de dependencia y la apertura de oportunidades productivas para el conjunto de la ciudadanía (Castañón Ballivián, 2026).
La reconfiguración del pacto fiscal debe trascender la mera redistribución de recursos para constituirse en un instrumento de transformación estructural del aparato productivo, articulando al Estado en sus distintos niveles con el sector privado bajo el enfoque del desarrollo territorial, diseño que requiere promover el desacoplamiento del patrón primario-exportador mediante incentivos fiscales directos a las entidades territoriales autónomas que logren reducir su dependencia de las regalías hidrocarburíferas, asumiendo vocaciones productivas diferenciadas según su geografía y capacidades institucionales mediante la generación de sus recursos, además de creación de parques industriales tecnológicos y complejos productivos agroecológicos como una estrategia de descentralización de la generación de valor y rompiendo la histórica dependencia del eje central y la renta extractiva (Capri & Baptista, 2024).
El desarrollo endógeno con inserción global inteligente que emerge como una estrategia de reconfiguración del poder económico territorial que supera el agotado modelo sustitución de importaciones, siendo este enfoque de especialización territorial inteligente que requieren las ETAs para producir normas estructurales que otorgue seguridad jurídica y gpbernanza para el incentivo de las industrias transformadoras de recursos locales con estándares exportadores y la provisión prioritaria de infraestructura productiva como elemento vertebrador del espacio económico para garantizar su eficacia (CEPAL, 2004).
La democratización económica como mecanismo de desconcentración del poder financiero mediante la inducción de presupuestos participativos de inversión productiva, donde porcentajes del IDH y Coparticipación Tributaria se destinen a fondos de garantía que apalanquen créditos para PyMEs, MyPES y emprendedores, rompiendo el monopolio financiero del nivel central, transfiriendo capacidad de agente económico a los actores territoriales y configurando una nueva correlación de fuerzas en la distribución del capital (CEPAL, 2021).
El federalismo fiscal que implica transferir capacidad normativa y competencial a las ETAs para ejercer el poder tributario acorde a sus vocaciones productivas, reconfigurando la correlación central periferia, incidiendo en la sustitución de criterios poblacionales por un Índice de Desarrollo Productivo, que mida desarrollo humano, tecnológico e infraestructura que constituye una nueva arquitectura distributiva que prioriza recursos hacia las regiones con mayor impacto en la generación de talento humano profesional y capacidades productivas, rompiendo la lógica rentista inercial del centralismo fiscal (CEPAL, 2020).
La reconfiguración del pacto fiscal mediante acuerdos intergubernamentales debe institucionalizar un nuevo modelo económico orientado a la industrialización tecnológica y la desvinculación del patrón extractivista, siendo este paradigma fundamentado en la eficiencia dinámica, la sostenibilidad fiscal y el poder de decisión a los departamentos para que asuman vocaciones productivas diferenciadas, transformando la estructura centralista histórica y estableciendo una nueva correlación de fuerzas en la gestión del desarrollo territorial (Viaña, 2025).
La negociación intergubernamental requiere institucionalizar un mecanismo de articulación fiscal permanente con representación del nivel central y las ETAs, dotado de facultades vinculantes, este órgano debe operar bajo el principio de «descentralización fiscal», estableciendo mecanismos de rendición de cuentas horizontales, asimismo, la implementación del Índice de Desarrollo Productivo como criterio distributivo del paradigma 50/50, en reemplazo de la lógica per cápita, la introducción de una dimensión meritocrática que incentiva la eficiencia dinámica y la especialización territorial inteligente, consolidando un equilibrio de poder que viabiliza el desarrollo autónomo sin fragmentar la cohesión estatal (Tsebelis, 2002).
La trayectoria analítica desarrollada permite concluir que la superación del centralismo fiscal boliviano exige una reconfiguración del poder territorial mediante instituciones que democraticen el acceso al capital y establezcan contrapesos efectivos al nivel central, que, bajo el enfoque de especialización territorial inteligente y al «Capitalismo Para Todos», constituyen la arquitectura institucional capaz de viabilizar el desarrollo autónomo regional sin fragmentar la cohesión estatal, estableciendo incentivos selectivos que premien la eficiencia dinámica y la transformación productiva descolonizadora del patrón extractivista (Acemoglu & Robinson, 2019).
La trayectoria analítica desarrollada permite concluir que la superación del centralismo fiscal boliviano exige una reconfiguración del poder territorial mediante instituciones que democraticen el acceso al capital y establezcan contrapesos efectivos al nivel central que constituye diseñar un Modelo de Desarrollo Territorial y Soberanía Productiva como arquitectura institucional capaz de viabilizar el desarrollo autónomo regional sin fragmentar la cohesión estatal, estableciendo incentivos selectivos que premien la eficiencia dinámica y la transformación productiva descolonizadora del patrón extractivista (Acemoglu & Robinson, 2019).
Un comentario
Sería muy atinado poner en práctica la autonomía en todo el sentido de la palabra para poder gobernar los departamentos sin la injerencia del poder central ya que en la actualidad la distribución económica solo beneficia a quienes comulgan con el ejecutivo lo tiende y dar lugar a la corrupción incontrolable.