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Goberna Reports presenta un análisis exhaustivo sobre los avances, desafíos y controversias que han marcado los primeros tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Este informe examina las políticas de seguridad, las relaciones con las pandillas y la situación de los derechos humanos en el país.
La administración de Bukele ha implementado políticas de seguridad que han resultado en una notable reducción de homicidios y en la recuperación de zonas anteriormente dominadas por pandillas. Según el Ministro de Seguridad, actualmente se observan regiones que anteriormente eran consideradas «zonas rojas» y que ahora presentan condiciones más seguras.
Un ejemplo de ello es la colonia 10 de Octubre en San Marcos, conocida por ser el lugar de origen de Élmer Canales Rivera, alias «Crook de Hollywood», líder de la MS-13.
Élmer Canales Rivera ha sido identificado como un actor clave dentro de la estructura de mando de la MS-13. Su figura ha ganado relevancia no solo por sus actividades criminales, sino también por su presunta implicación en negociaciones secretas con el gobierno salvadoreño. Investigaciones periodísticas han revelado evidencia de conversaciones entre representantes del gobierno de Bukele y cabecillas de la MS-13 entre finales de 2019 y marzo de 2022.
Aunque el presidente ha negado enfáticamente estos señalamientos, los reportes incluyen evidencia en forma de audios y documentos que sugieren la participación de altos funcionarios en dichas negociaciones.
Según el director de la ONG Cristosal, Noah Bullock, más de 85,000 personas han sido encarceladas sin debido proceso durante el estado de excepción vigente desde hace tres años. Bullock denuncia un patrón sistemático de represión bajo el gobierno de Bukele, que ha afectado a activistas, empresarios y periodistas.
El régimen de excepción implementado por el gobierno ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos debido a las detenciones arbitrarias y la falta de garantías procesales. Según el informe de Human Rights Watch, la administración de Bukele ha socavado el Estado de derecho, incluyendo la elección de jueces sin transparencia y reformas legislativas que amplían el control gubernamental sobre el poder judicial.
Además, la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada recientemente, ha sido calificada como una «ley mordaza» que permite al gobierno controlar y gravar con un 30% los ingresos de ONGs y medios independientes. Esta ley ha sido criticada por su potencial para silenciar las voces críticas y consolidar un régimen autoritario.
La gestión del presidente Nayib Bukele ha logrado avances significativos en la reducción de la violencia y la recuperación de territorios controlados por pandillas. Sin embargo, estos logros han sido acompañados de preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos, la independencia judicial y la presunta represión de la sociedad civil.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando de cerca la situación en El Salvador, instando al gobierno a garantizar el respeto a las libertades fundamentales y el Estado de derecho.
A medida que El Salvador entra en una nueva etapa bajo el liderazgo de Nayib Bukele, la atención ya no solo se centra en la seguridad, sino también en los efectos a largo plazo de un modelo de gobierno altamente centralizado.
La popularidad del presidente sigue siendo alta, impulsada por una narrativa de orden y control, pero sectores críticos alertan sobre la creciente erosión institucional y la falta de contrapesos democráticos. La estabilidad obtenida por medio del régimen de excepción ha abierto un debate sobre si es sostenible sacrificar libertades civiles en nombre de la seguridad.
El verdadero desafío que enfrenta El Salvador no es únicamente mantener la paz, sino hacerlo sin perder el equilibrio entre autoridad y democracia.
