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Goberna Reports presenta un análisis actualizado del panorama político boliviano en el marco de las elecciones generales previstas para agosto de 2025. Este nuevo ciclo electoral se desarrolla en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, fragmentación del sistema de partidos y un clima de polarización que se ha consolidado desde la crisis política de 2019. Los desafíos de gobernabilidad, legitimidad y cohesión social se entrelazan con una contienda que redefine tanto los liderazgos como las estrategias de poder en el país.
De acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), actualmente hay 12 organizaciones políticas con sigla vigente a nivel nacional, lo que refleja una aparente pluralidad. Sin embargo, esta diversidad contrasta con la debilidad estructural de muchos partidos, que carecen de programas sólidos, bases territoriales consolidadas y mecanismos internos democráticos. Hasta la fecha, solo tres partidos —el Movimiento al Socialismo (MAS), Súmate y Unidad Cívica Solidaridad (UCS)— han confirmado candidaturas presidenciales, evidenciando un proceso electoral aún indefinido, especialmente en el bloque opositor.
La falta de claridad programática y de liderazgos reconocidos en varios partidos ha favorecido la proliferación de precandidaturas personalistas, muchas de ellas centradas en discursos anti-MAS sin una propuesta alternativa coherente. Esta situación podría fragmentar aún más el voto opositor, replicando patrones que beneficiaron al oficialismo en elecciones anteriores.
Uno de los actores en el campo opositor es Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, cuya figura política ganó notoriedad en los conflictos postelectorales de 2019. Camacho ha reaparecido en el debate público con un discurso centrado en la presunta «resistencia a la dictadura» y la defensa del voto ciudadano, retomando el imaginario de movilización cívico-regional que lo catapultó como líder nacional. No obstante, enfrenta cuestionamientos judiciales y limitaciones en su alcance fuera del eje oriental.
Por otro lado, el senador Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y exintegrante de Comunidad Ciudadana, ha consolidado una alianza con el exoficial de Policía Edman Lara, en un intento por reunir a nuevos actores políticos bajo una plataforma común. Esta coalición ha convocado a un primer encuentro nacional de precandidatos con el fin de conformar un bloque opositor unificado, aunque persisten diferencias ideológicas, estratégicas y territoriales que dificultan una verdadera convergencia.
Al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) se libra una lucha silenciosa pero profunda entre el liderazgo histórico de Evo Morales y los sectores que apuestan por una renovación generacional. Morales, quien fue presidente entre 2006 y 2019, ha expresado su intención de volver al escenario electoral, apelando a su trayectoria, respaldo indígena y control de estructuras partidarias en sectores rurales.
Sin embargo, diversos sectores del pacto de unidad han comenzado a manifestar su respaldo a otras figuras. Recientemente, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, liderada por David Mamani, ha proclamado oficialmente su apoyo a Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado. Rodríguez representa una generación más joven dentro del MAS, y ha articulado su discurso en torno a una “revolución agraria productiva”, buscando sintonizar con las demandas estructurales del agro, especialmente en el altiplano y los valles andinos.
La proclamación de Rodríguez como candidato presidencial por este importante bloque rural está prevista para el sábado 10 de mayo en la ciudad de El Alto, un territorio simbólicamente ligado a las luchas sociales del MAS desde sus orígenes. La consolidación de su candidatura podría marcar un punto de inflexión en la disputa interna del oficialismo, obligando a Evo Morales a definir su posición dentro del proceso.
Más allá de las candidaturas, el proceso electoral de 2025 se da en un contexto de baja confianza ciudadana en el TSE, crecientes denuncias de persecución política, y una justicia percibida como altamente politizada. Según encuestas recientes, más del 60% de la población manifiesta desconfianza en la imparcialidad de las instituciones electorales y judiciales, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso si no se garantizan condiciones mínimas de transparencia y equidad.
Asimismo, el crecimiento de movimientos ciudadanos independientes, especialmente en centros urbanos como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, indica una presunta fatiga del electorado ante la polarización tradicional MAS–antimasismo, abriendo espacio para discursos alternativos centrados en la reforma institucional, la descentralización y la participación juvenil.
Bolivia se encuentra ante un proceso electoral crucial, no solo por la renovación de autoridades, sino por la necesidad de redefinir los cimientos del sistema político. La elección de 2025 pondrá a prueba la capacidad del país de transitar hacia un modelo más inclusivo, representativo y democrático.
La persistencia de tensiones internas, la fragmentación del campo opositor y la disputa por el control del MAS son síntomas de una democracia que, aunque formalmente vigente, aún busca consolidarse como tal. La forma en que los actores políticos resuelvan —o profundicen— estas contradicciones marcarán el futuro inmediato de la gobernabilidad en Bolivia.
