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Goberna Reports se complace en presentar, como parte de su serie sobre los estallidos sociales en Latinoamérica en 2019, un análisis del descontento social evidenciado en el territorio de Paraguay, marcado por desafíos profundos y promesas no cumplidas.
El descontento generalizado en Paraguay, impulsado por una serie de factores socioeconómicos y políticos, no tardó en manifestarse en diversas protestas en 2019. El principal motor de estas movilizaciones fue la desaprobación de la gestión del gobierno, especialmente en relación con las medidas adoptadas por las autoridades de turno. Este descontento se hizo sentir en todo el país, afectando no solo a las zonas urbanas, sino también a las rurales, donde las demandas sociales eran más urgentes.
El año 2019 fue considerado un año de catástrofes en Paraguay, marcado por fenómenos naturales como inundaciones e incendios devastadores. Las cifras sobre la afectación fueron nunca antes vistas, dejando un saldo de miles de desplazados y pérdidas materiales incalculables. La tragedia ambiental coincidió con una crisis económica que hizo tambalear la estabilidad que el país había logrado mantener en años anteriores. A pesar de haber sido considerado como el «milagro económico» de Sudamérica, en este año particular, Paraguay comenzó a enfrentar serias dificultades económicas.
Según varios analistas, este panorama obligó a la región a «despertar» y reconsiderar las políticas y estrategias que habían sido exitosas en el pasado, pero que ya no resultaban efectivas ante las nuevas demandas sociales y económicas.
Las manifestaciones se intensificaron, especialmente en la capital, Asunción, donde miles de personas tomaron las calles exigiendo una respuesta clara del gobierno. Los manifestantes, en su mayoría campesinos, ocuparon los alrededores del centro de Asunción, presionando al Ministerio de Agricultura y Ganadería para suspender sus actividades debido a la insostenibilidad de la situación.
La principal demanda de los manifestantes fue el incumplimiento de los acuerdos previos entre el gobierno y el sector agrícola, particularmente aquellos relacionados con la refinanciación de deudas y la mejora de las condiciones de producción. En concreto, los campesinos exigían el cumplimiento de un pacto firmado el 28 de marzo de 2019, que contemplaba la reestructuración de las deudas del sector agrícola y el apoyo para mejorar la productividad del campo.
El acuerdo de marzo de 2019, aunque inicialmente prometedor, no cumplió con las expectativas de los agricultores, lo que generó un profundo descontento que se prolongó durante todo el año. Los puntos clave del pacto incumplido eran los siguientes:
1. Mejorar el acceso a la tierra: Los campesinos exigían mayores posibilidades de acceder a tierras fértiles para cultivar, ya que, debido a la concentración de la tierra en manos de unos pocos, el acceso para las pequeñas familias productoras era extremadamente limitado.
2. Refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos: Muchos pequeños productores no podían hacer frente a las deudas contraídas con las entidades financieras, por lo que solicitaban que se ajustaran las condiciones de pago para evitar el colapso de sus actividades.
3. Regularización de las deudas judicializadas: Exigían que el gobierno interviniera para resolver las deudas que habían sido sometidas a procesos judiciales, lo que complicaba aún más la situación financiera de los agricultores.
4. Reactiva económica productiva para la agricultura familiar: Buscaban una reactivación del sector agrícola con énfasis en la agricultura familiar, la cual había sido históricamente ignorada por las políticas públicas, pero que representaba una fuente clave de empleo y producción.
Este descontento no era algo nuevo para Paraguay. Las demandas de los campesinos y la lucha por sus derechos habían sido una constante en la historia reciente del país. Ya en el año 2006, más de 15,000 campesinos se movilizaron exigiendo que el gobierno cumpliera con la promesa de entregarles tierras para el cultivo y que condonara las deudas acumuladas con el Estado. Durante ese período, las protestas llegaron a alcanzar una magnitud considerable, y los campesinos ocuparon espacios públicos para visibilizar su lucha.
En 2018, un año antes de las grandes movilizaciones de 2019, ya se había visibilizado la creciente tensión social cuando un grupo de campesinos acampó durante dos meses en la Plaza de Armas, ubicada en el centro de Asunción, exigiendo la condonación de sus deudas. Las protestas se intensificaron, llegando a un punto crítico en el que se exigió la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y del vicepresidente Hugo Velázquez, lo que provocó una serie de enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad, dejando varios heridos y caos en el centro de la capital.
A nivel institucional, la crisis de 2019 reveló profundas fallas en la gestión del gobierno y la falta de una respuesta efectiva a las demandas de los sectores más vulnerables. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones y el malestar generalizado, el país no vivió una revuelta masiva como la que algunos analistas habían anticipado. El malestar social no alcanzó el nivel de una protesta continua, y el gobierno logró controlar la situación mediante la represión de las manifestaciones y una serie de medidas paliativas que no lograron resolver los problemas de fondo.
En la actualidad, Paraguay enfrenta aún grandes desafíos. Según un informe de la ONG Oxfam, publicado en 2017, el país ocupa el primer lugar a nivel mundial en términos de desigualdad en la distribución de la tierra, con un 90 % del territorio cultivable en manos de apenas el 5 % de los propietarios. Este dato evidencia la concentración de la riqueza y la falta de oportunidades para la gran mayoría de la población rural. Además, a pesar de las tensiones políticas y sociales, la crisis institucional que se vivió en 2019 no se tradujo en una protesta de gran escala hasta la llegada de la pandemia, cuando la crisis sanitaria global agudizó las desigualdades y empeoró la situación económica.
Este contexto de descontento social, junto con el deterioro económico, terminó por influir en el panorama electoral de la región. A medida que se fueron sumando los efectos de la crisis sanitaria, las demandas por un cambio en las políticas públicas y por una mayor equidad social cobraron mayor fuerza.
A pesar de las diversas manifestaciones y demandas sociales que marcaron el año 2019 en Paraguay, la situación de descontento se mantiene vigente hasta el día de hoy. La crisis ligada a la distribución de la tierra sigue siendo uno de los problemas más críticos, este fenómeno no solo ha profundizado la pobreza en las zonas rurales, sino que también ha generado un círculo vicioso de exclusión y falta de oportunidades para la mayoría de la población.
Aunque las protestas de 2019 y las movilizaciones previas dejaron en claro el malestar generalizado, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente para generar cambios estructurales que aborden las causas profundas del descontento social. La falta de un acuerdo efectivo sobre la refinanciación de deudas agrícolas, la reactivación económica del sector campesino y la distribución justa de los recursos continúa siendo un obstáculo importante para el desarrollo del país. Además, el deterioro económico, agravado por la pandemia, puso en evidencia las fragilidades del modelo económico y político del país, que aún no logra garantizar condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos.
El panorama actual en Paraguay, aunque marcado por una aparente pacificación, sigue siendo frágil. Las movilizaciones y protestas de años anteriores no han desaparecido; solo han cambiado de forma y contexto, adaptándose a los nuevos desafíos de la región. De cara al futuro, será fundamental que el gobierno y los sectores sociales logren un pacto que no solo apacigüe las tensiones momentáneas, sino que también transforme las estructuras económicas y sociales que perpetúan la desigualdad. Solo así Paraguay podrá avanzar hacia un modelo más justo y equitativo que realmente garantice el bienestar de todos sus habitantes.
