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Corea del Sur enfrenta una de las mayores crisis políticas de su historia reciente, luego de que la Unidad de Investigación Conjunta, compuesta por autoridades militares, policiales y la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, solicitara una orden de detención contra el presidente Yoon Suk-yeol. La acusación se centra en abuso de autoridad e intento de rebelión, relacionados con la controvertida declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Yoon Suk-yeol justificó la imposición de la ley marcial alegando la necesidad de proteger el «orden constitucional» frente a supuestas actividades antiestatales atribuidas al principal partido de la oposición. Sin embargo, esta medida, que incluía el cierre del Parlamento, la censura de los medios y la prohibición de actividades políticas, fue rápidamente anulada por la Asamblea Nacional en una votación unánime de 190 votos.
La declaración generó protestas masivas y una ola de críticas tanto internas como internacionales. El juez principal del caso, Kim Sung-ho, calificó la decisión de Yoon como un «abuso flagrante del poder presidencial que amenaza la base misma de la democracia surcoreana». Por su parte, el fiscal jefe de la Unidad de Investigación, Park Jin-woo, afirmó que «no se puede permitir que un líder abuse de su posición para socavar las instituciones democráticas bajo ningún pretexto.»
La solicitud de detención contra Yoon Suk-yeol detalla dos cargos principales:
El abogado de Yoon ha argumentado que la inmunidad presidencial protege a su cliente de ser procesado mientras ocupa el cargo. Sin embargo, expertos legales han señalado que esta inmunidad no se extiende a cargos como rebelión o traición, lo que deja al mandatario vulnerable a acciones legales.
La Asamblea Nacional ya votó a favor de la destitución de Yoon el 14 de diciembre, una decisión que ahora debe ser ratificada por el Tribunal Constitucional en un plazo de 180 días. Mientras tanto, el país está en un estado de incertidumbre, ya que el presidente interino, Han Duck-soo, también fue destituido por el Parlamento, dejando a Corea del Sur sin una clara dirección ejecutiva.
La presidenta del Tribunal Constitucional, Lee Mi-sun, aseguró que la decisión sobre la destitución de Yoon será tomada con «rigor jurídico y pleno respeto a los principios democráticos».
El anuncio de la solicitud de detención ha polarizado aún más al país. Mientras sectores de la población celebran la posibilidad de que Yoon enfrente la justicia, otros consideran que las acciones legales en su contra representan un ataque a la figura presidencial. A nivel internacional, líderes de varios países han expresado su preocupación por la estabilidad en Corea del Sur, un actor clave en la región de Asia-Pacífico.
El politólogo surcoreano Choi Min-soo señaló que «la crisis refleja una lucha profunda por el poder en un país donde las instituciones democráticas todavía están consolidándose. El desenlace de este caso tendrá un impacto duradero en la política surcoreana.»
Con la solicitud de detención en curso y la decisión pendiente del Tribunal Constitucional, el futuro político de Corea del Sur sigue siendo incierto. La resolución de esta crisis podría desencadenar nuevas elecciones presidenciales, lo que implicaría una reconfiguración completa del panorama político.
Mientras tanto, la población surcoreana observa atentamente cada desarrollo, consciente de que las decisiones tomadas en este momento crítico tendrán profundas repercusiones en la estabilidad democrática y la gobernabilidad del país.
