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El pasado 17 de agosto, la sociedad boliviana ha experimentado una jornada de elecciones generales, en el que sorpresivamente según los datos del OEP, los candidatos a presidente Rodrigo Paz del PDC saco una votación del 32.15% y Jorge Quiroga de Libre con una votación del 26.68% fueron los candidatos más votados por el elector boliviano sobre los demás contendientes, permitiendo ir a una segunda vuelta para consolidar la mayoría absoluta y posesionarse como el flamante Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para cinco años, cerrando el ciclo hegemónico del MAS – IPSP de 18 años en el poder.
El factor que cautivo a la sociedad boliviana en especial a la clase media por parte del candidato ganador fue la emisión de un discurso “de centro”, es decir, la transmisión de mensajes políticos y sociales empáticos que no contenían posturas empresariales de libre mercado, propiedad privada y Estado mínimo.
Por otro lado, no se posiciono el capitalismo de Estado con igualitarismos económicos y sociales, siendo que, la orientación de su discurso contenían la empatía de las emociones retenidas del pueblo por una parte y la apología a las acciones de algunas autoridades del Estado y del sistema de gobierno por otra, siendo de esa manera una de las razones lógicas por lo que el voto ciudadano fue cooptado colectivamente.
Cabe mencionar que, el sistema político boliviano se caracteriza por ser democrático (Rivera:2008), siendo que, la legalidad y legitimidad de las autoridades de representación política proviene de la voluntad general y del apoyo colectivo de la ciudadanía, en ese sentido, el próximo gobierno electo, debe tomar en cuenta tener la capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional, es decir, que para el ejercicio del poder político y la eficacia de administración gubernamental debe activar los mecanismos de la gobernabilidad parlamentaria y estabilidad como agenda política para fortalecer la administración de la cosa pública y dinamizar los vínculos entre el Estado, el Gobierno y la Sociedad Civil.
La coyuntura contemporánea de la democracia boliviana ha mostrado que la sociedad está acostumbrada a resolver sus controversistas en su mayoría por la vía de la confrontación, a saber: el año 2000 con la guerra del agua, año 2003 con la guerra del gas o el año 2019 con el inicio de una crisis política de representación en lo que derivo la asunción de una presidenta interina como punto de inflexión del sistema democrático, razón por lo que es necesario trabajar los mecanismos de la gobernabilidad parlamentaria para garantizar la estabilidad política del gobierno y promover las buenas prácticas de la cultura política participativa de la ciudadanía legitimando las políticas públicas gubernamentales.
Con el retorno de la democracia el año de 1982, Bolivia se ha caracterizado por ser un país difícil de gobernar porque los gobiernos no incluyen en sus agendas de trabajo mecanismos de gobernabilidad como ejercicio del poder político (Camou:2001), siendo que, al no prever estos medios para el ejercicio de un gobierno eficaz se corre el riesgo de deslegitimar las instituciones estatales, promover la proliferación de la corrupción o generar desconfianza en el sistema de representación política por la sobrecarga de demandas sociales o la fragmentación de los bloques políticos de grupos colegiados parlamentarios induciendo una crisis de representación en el sistema de partidos.
Asimismo, se replica en el debilitamiento de las relaciones institucionales de coordinación y cooperación entre los órganos del poder público, lo que implica el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno electo por la mayoría de la población y el debilitamiento del sistema de representación.
Cabe señalar que, la tradición estatista de la sociedad boliviana en 18 años ha establecido la funcionalidad de las organizaciones sociales al gobierno del MAS – IPSP, entendido como la capacidad de alcanzar los objetivos del gobierno prefijados al menor costo posible, dejando de lado los consensos y disensos de los bloques parlamentarios lo que equivale la ausencia de gobernabilidad para legitimar las acciones del gobierno.
En ese sentido, en el gobierno del MAS – IPSP el ejercicio del poder consistió en corporativizar la democracia y volverla funcional a través de organizaciones sociales como aparatos políticos para generar gobernabilidad y estabilidad en el sistema político, dejando de lado a los grupos minoritarios del sistema democrático, lo que ocasiono en desnaturalizar la pluralidad política del parlamento en los consensos y disensos.
Uno de los desafíos que el nuevo gobierno debe encarar como política de gestión es activar la gobernabilidad parlamentaria en el marco de las reglas formales de la institucionalidad representativa democrática, es decir, la posibilidad de formar un gobierno a través de vínculos parlamentarios, en el que la competitividad política permanece abierta, donde las mayorías son variables e interactúan con las minorías, estableciendo negociaciones contingentes entre organizaciones políticas en base a consensos que permita viabilizar y legitimar las acciones del gobierno y respetando los disensos en el marco del pluralismo político partidario a fin de atender una coyuntura política estructural.
Por lo conocido en libros y narraciones, la Democracia Pactada en Bolivia fue un periodo desde el año de 1985 al 2003, que emergió por la crisis hiperinflacionaria de mediados de los años ochenta y prever situaciones de inestabilidad política ante posibles retornos de regímenes autoritarios, este periodo consistía en establecer pactos entre las fuerzas políticas que componían el parlamento, a fin de establecer acuerdos cupulares entre élites partidarias sobre el mandato popular directo de las urnas, desde la Ciencia política.
Este sistema de «democracia consociativa» (Larrain:2004) permitió, que mediante una ingeniería política de coaliciones y rotaciones de poder en el Parlamento boliviano se promueva un contexto de la estabilización económica conocido el DS 21060 la Nueva Política Económica (NPE), sin embargo, desconexión entre la clase política tradicional y las demandas sociales de las clases populares, además de las movilizaciones de la sociedad civil genero una crisis en el sistema de partidos y de la presentación política siendo que en octubre de 2003 el punto de inflexión y el fin a ese ciclo de Democracia Pactada.
Se debe aclarar que no se debe confundir las coaliciones parlamentarias de la Gobernabilidad Parlamentaria con Democracia Pactada, porque este último implica establecer un diseño institucional de corte rígido donde una clase política hermética o mejor conocida como oligarquía acuerda repartos de poder preelectorales, mismos que restringen la competencia, limitan la alternancia y suprimen la incertidumbre política mediante cuotas fijas, lo que llevo a un desgaste y desvinculación de la clase política con la sociedad.
Este último punto es un asunto que el nuevo gobierno debe encarar siendo que, el PDC, LIBRE, UNIDAD, SUMATE y AP son las fuerzas políticas que tienen presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sus vínculos entre ellos deben estar en función a los consensos y acuerdos logrados, desnaturalizando las prácticas de la Democracia Pactada.
Por lo reflexionado anteriormente, el nuevo gobierno boliviano debe tomar en cuenta en su agenda: establecer nexos de coaliciones con fuerzas políticas parlamentarias formando un escenario en el que las mayorías y minorías establezcan escenarios de negociaciones, de tal manera que las demandas sociales estén dentro la concertación de los consensos de las mayoritarias con la inclusión de las minorías en las decisiones, a fin de garantizar el equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental y generar gobernabilidad para garantizar la estabilidad del sistema político.
Tras 19 años de hegemonía del MAS-IPSP, refleja un cambio estructural en la demanda política, siendo que el discurso de centro logró capitalizar el descontento y de las prácticas autoritarias, atrayendo a la clase media hastiada de polarización. Este resultado subraya que la gobernabilidad futura dependerá de superar la tradición confrontacional boliviana, la cual ha debilitado instituciones, alimentado des legitimidad y fragmentado el sistema de representación política. El reto es transformar una cultura política corporativista a un modelo de legitimidad con capacidad de respuesta a demandas sociales y establecer enlaces entre la clase política y sociedad, en base a los acuerdos y consensos parlamentarios.
Para garantizar estabilidad, el nuevo gobierno fortalecer la construcción de coaliciones parlamentarias que incluyan a minorías en las negociaciones contingentes, diferenciándose radicalmente de la Democracia Pactada promovida de una clase oligárquica hermética, mientras las coaliciones son herramientas legítimas de gobernanza en pluralismo (preservando la competencia y alternancia), por el contrario, la Democracia Pactada es la materialización ya rigidez del poder mediante cuotas preelectorales inducidas por grupos oligárquicos.
La viabilidad del nuevo gobierno constituido exige, por tanto, equilibrar eficacia con inclusión, dinamizar vínculos Estado-sociedad civil mediante alianzas colegiadas y consensos adaptativos en el legislativo, sin suprimir la incertidumbre democrática. Solo así se evitará repetir los déficits de representación del ciclo anterior y se sentarán bases para una gobernabilidad sostenible, donde estabilidad no sea sinónimo de exclusión sino de legitimidad negociada.
