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La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, en régimen inicial cerrado, por intento de golpe de Estado y otros delitos conexos. La decisión se tomó por cuatro votos contra uno: acompañaron al relator Alexandre de Moraes los ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino y Cristiano Zanin; Luiz Fux disintió. La sentencia también fijó 124 días-multa y aplicó la reducción legal por más de 70 años de edad. Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por atacar el orden democrático.
El fallo no se limita a un episodio concreto, pues enmarca la conducta del exmandatario en una trama sostenida para desconocer el resultado de 2022. La mayoría subrayó que se intentó instrumentalizar el aparato estatal para generar inestabilidad y revertir el veredicto de las urnas; la minoría, en cambio, cuestionó el encaje de algunas pruebas y la competencia de la Sala. La defensa expresó “profunda discordancia e indignación” y anunció recursos.
El proceso se entiende a la luz del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron y vandalizaron el Congreso, el STF y el Planalto en Brasilia. Ese mismo año, la justicia electoral (TSE) declaró a Bolsonaro inelegible por 8 años por abuso de poder político en el llamado “caso de los embajadores”, una vía separada de la penal. En marzo de 2025, la Primera Sala del STF recibió la denuncia de la Fiscalía (PGR) y convirtió al expresidente en reo por delitos contra el Estado democrático; desde entonces, el caso avanzó hasta la condena.
En agosto de 2025, el relator Moraes impuso arresto domiciliario a Bolsonaro por incumplir medidas cautelares (contactos y redes), con tobillera electrónica y restricciones de visitas. Tras la sentencia, el exmandatario sigue bajo ese régimen mientras tramitan los recursos.
La condena se apoya en los tipos introducidos por la Ley 14.197/2021 (que sustituyó la antigua Ley de Seguridad Nacional): intento de golpe de Estado (art. 359-M) y tentativa de abolición violenta del Estado democrático (art. 359-L). Se suman cargos por organización criminal armada (Ley 12.850/2013) y daños al patrimonio público —incluido patrimonio protegido— vinculados a la depredación de los edificios el 8-E. La dosimetría combinó estos encajes hasta alcanzar 27 años y 3 meses.
Para la mayoría, no se trata de opiniones políticas, sino de actos concretos para invalidar el resultado electoral: presiones a autoridades, preparación de decretos de excepción sin base jurídica, y la puesta en marcha de una campaña para erosionar la confianza en el sistema. En palabras de los magistrados, el objetivo fue “perpetuarse en el poder” pese a la derrota de 2022.
Una pieza clave fue la llamada “minuta del golpe”: borradores de decreto para alterar el orden constitucional y el proceso electoral, incautados en enero de 2023 en la casa del exministro Anderson Torres. Según la acusación, esos borradores no eran un mero “papel sin efecto”, sino parte de una estrategia para dar apariencia de legalidad a una intervención.
El testimonio del exayudante Mauro Cid —y materiales audiovisuales— apuntó a que Bolsonaro mostró la minuta a altos mandos a fines de diciembre de 2022. La defensa cuestionó su credibilidad, pero la mayoría valoró su colaboración y la coherencia con otros indicios documentales.
Además, los destrozos del 8-E no se imputan a Bolsonaro como autor material, pero para el STF sirvieron como contexto y consecuencia previsible de una dinámica de desinformación y escalamiento. La conexión con los delitos patrimoniales se hizo por vínculo de causalidad en el marco de la trama antidemocrática
Bolsonaro permanece en arresto domiciliario por orden del ministro Moraes desde el 4 de agosto de 2025 —por quebrantar medidas cautelares—, con tobillera, restricciones de visitas y control de dispositivos. La condena no se ejecuta plenamente mientras se sustancian recursos propios del proceso (p. ej., embargos aclaratorios); sin embargo, la situación cautelar sigue vigente y supervisada por el STF.
Por lo tanto, la sentencia dividió posiciones. Aliados de Bolsonaro la calificaron de persecución y prometieron una “respuesta” desde Washington; el Itamaraty defendió la independencia del Poder Judicial y rechazó presiones externas. Organizaciones civiles y referentes académicos la leyeron como una señal de que la democracia brasileña dispone de diques institucionales frente a intentos autoritarios.
La defensa puede interponer embargos de declaração para aclarar o corregir puntos del fallo y, según el encuadre técnico, intentar llevar temas específicos al Pleno. No todos los recursos son cabibles contra decisiones de una Sala, y la jurisprudencia limita su alcance cuando no hay divergencia interna suficiente.
En general, no hay salto automático al Pleno; se requieren fundamentos procesales específicos (p. ej., cuestión constitucional novedosa, nulidades relevantes o hipótesis de competencia). Por eso, el trámite posterior suele ser acotado y con pocas probabilidades de reversión integral, aunque todavía puede haber ajustes en la dosimetría o puntos accesorios.
En el plano político, la inelegibilidad por 8 años (desde 2022) ya lo excluye de la contienda hasta 2030. Aun así, el bolsonarismo persiste como fuerza orgánica en el Congreso y en gobiernos estaduales/municipales, y buscará reacomodos en torno a nuevos nombres.
El STF condenó a Jair Bolsonaro por atentar contra el orden democrático con una pena ejemplar en el marco de la legislación vigente. Lo hizo apoyándose en pruebas documentales y testimonios que, a juicio de la mayoría, demuestran planificación para revertir la derrota de 2022. La defensa alega desproporción y politización; los recursos seguirán su curso, pero el listón para una reversión es alto. Entre tanto, rige la domiciliaria, y la inelegibilidad —pivote del horizonte electoral— ya estaba en vigor.
Más allá del personaje, la sentencia deja dos lecciones. La primera: las instituciones brasileñas han sido capaces de procesar una crisis grave dentro del Estado de Derecho. La segunda: el equilibrio entre justicia y política exige mesura a ambos lados; de lo contrario, la democracia corre el riesgo de enquistar sus fracturas. Lo que venga dependerá menos de los tribunales y más de si la dirigencia —oficialismo y oposición— aprende a competir sin dinamitar las reglas del juego.
