Publicaciones
Goberna Reports presenta un análisis especial sobre los efectos sociales, económicos y políticos que han generado las recientes movilizaciones y bloqueos protagonizados por sectores afines al expresidente Evo Morales.
Durante las últimas semanas, Bolivia ha atravesado una de las etapas más conflictivas de la gestión actual. Las protestas y bloqueos liderados por grupos leales al expresidente Evo Morales han tenido un impacto significativo en distintos sectores del país, exacerbando una crisis marcada por la escasez de divisas, la inflación, y la inestabilidad política.
“El país tiene un gran potencial como productor de alimentos, pero estos bloqueos, impulsados por el señor Evo Morales y sus seguidores, han provocado desabastecimiento y especulación”, declaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante una conferencia de prensa.
Después de 14 días de interrupciones en rutas estratégicas, los sectores movilizados anunciaron el fin temporal de las medidas como una «pausa humanitaria». Sin embargo, advirtieron que continuarán con las protestas mientras no se atiendan sus demandas, entre ellas, el control de la inflación, la falta de dólares y el desabastecimiento de combustibles.
El epicentro del conflicto se ubicó en el departamento de Cochabamba, considerado bastión político y sectores afines a Evo Morales. Esta región, clave en la articulación vial del país, conecta el occidente con el oriente a través de carreteras fundamentales para el transporte de alimentos, combustibles e insumos industriales.
Durante el levantamiento parcial de los bloqueos se registraron enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas del orden. Hasta la fecha, se ha reportado la muerte de al menos cuatro policías y dos civiles, lo que ha generado preocupación nacional e internacional por el uso excesivo de la fuerza y la escalada de la confrontación.
Desde inicios de 2023, Bolivia enfrenta una profunda crisis de divisas extranjeras debido a la disminución de sus Reservas Internacionales Netas (RIN) y la caída de ingresos provenientes de la renta petrolera, una fuente clave de financiamiento estatal.
Además, desde 2024 se han agudizado los problemas en el abastecimiento de gasolina y diésel, combustibles que están subvencionados por el Estado boliviano. A pesar de que los precios oficiales se mantienen en 3,74 bolivianos por litro (aproximadamente 0,54 dólares), la escasez ha obligado a la población a recurrir al mercado negro, donde los costos pueden duplicarse.
El resurgimiento de Evo Morales como figura central del conflicto ha reavivado las divisiones internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ha gobernado Bolivia durante gran parte del siglo XXI. La pugna entre el actual presidente Luis Arce y el ala “evista” ha generado una crisis institucional en el oficialismo, debilitando la gobernabilidad y aumentando la incertidumbre de cara a las elecciones de agosto. Diversos analistas consideran que esta lucha por el control del partido no solo fragmenta al MAS, sino que también limita su capacidad para responder de manera efectiva a las demandas económicas y sociales de la población.
A nivel internacional, organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por el uso de la violencia en las protestas, así como por la falta de mecanismos eficaces de diálogo entre el gobierno y los sectores movilizados.
La prolongación de la crisis también ha comenzado a afectar la confianza de inversionistas extranjeros, especialmente en sectores clave como la minería, el litio y los hidrocarburos, lo que podría agravar aún más la situación económica del país si no se logra una salida institucional negociada en el corto plazo.
Bolivia cerró el fin de semana uno de los episodios más tensos del año, marcado por movilizaciones masivas, bloqueos prolongados y un creciente clima de polarización política.
Si bien la suspensión temporal de las medidas de presión fue presentada como un gesto humanitario, el trasfondo político persiste: los sectores movilizados buscan forzar la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones generales programadas para el 17 de agosto.
La coyuntura pone de relieve los desafíos estructurales que enfrenta el país: una economía frágil, una democracia en tensión, y una sociedad profundamente dividida.
