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La coyuntura de la crisis en la estructura de representación política del sistema democrático representa una erosión de la autoridad legítima (Weber, 1978) factores como la desconexión entre las instancias de relacionamiento de gobierno con la sociedad civil así como la dependencia y colapso del modelo primario exportador y ruptura violenta de las cadenas de suministro mediante bloqueos, producen una profunda crisis de gobernabilidad en ese sentido, ¿qué elementos se deberían tomar en cuenta en la crisis para tener una gobernabilidad estable con resultados de gobernanza efectiva en un periodo constitucional?.
Según lo evidenciado, cuando el sistema de representación política enfrenta una crisis de legitimidad, el mismo deriva hacia una democracia corporativa ambivalente, a saber que en Bolivia los momentos críticos de 2003 con un fuerte rechazo popular sobre la soberanía y distribución de las riqueza del gas por Chile, 2019 con protestas generalizadas tras denuncias de fraude electoral que culminó con la renuncia de Morales a la Presidencia y 2026 con protestas lideradas por la dirigencia de los trabajadores asalariados y otros sectores exigiendo un cambio de rumbo económico, evidenciaron la influencia en la captura del poder estatal por grupos corporativos de presión sectorial, disolviendo la voluntad general en una ambivalencia estructural sin horizonte que implico una pérdida de agencia ciudadana pasiva, atrapada en un régimen híbrido que simula inclusión mientras opera bajo lógicas corporativas excluyentes (Schmitter, 1974; O’Donnell, 2008).
Por lo descrito anteriormente, cabe entender que en los momentos de colapso estatal en Bolivia no son simples anomalías, sino el instante de revelación donde la sociedad muestra su verdadera estructura y contradicciones más profundas que las componen (Zavaleta Mercado, 2008; Antezana, 1991), característico de ser corporativizada en medio de una democracia ambivalente con sus contradicciones, es decir, una democracia que avanza y retrocede, atrapada entre el respeto a las urnas y la ley frente al uso de la fuerza y presión de grupos organizados.
En ese sentido, la estructura societal boliviana no es capitalista lineal, siendo una superposición conflictiva de diferentes lógicas historicistas, modos de producción y cultura, en efecto, al constituirse el desequilibrio de las contradicciones abigarradas de la sociedad boliviana con el gobierno, se produce una desarticulación del estado aparente que consiste en el vaciamiento institucional de leyes, discursos y planes de gobierno sin eficacia y legitimidad, quedando en evidencia un estado real que es la autoorganización de movimientos sociales, bloqueos, cooperativas informales y el control efectivo sobre territorios y recursos.
Asimismo, las dificultades económicas, la crítica gubernamental y el descontento electoral operan como aquel tiempo común donde la política irrumpe para articular lo diverso (Zavaleta Mercado, 2008), es decir que, el estallido de manifestaciones de campesinos indígenas, mineros asalariados y sectores informales de base demuestra que el estado real emerge para imponer su poder de veto y control territorial inalterado, activando su capacidad de autoorganización y parálisis mediante el bloqueo, así, el poder efectivo no reside en el poder público ni en la norma, sino en la capacidad de convocatoria de actores dispersos, por tanto, la crisis boliviana actual se revela como el momento en que las instituciones formales pierden su eficacia de control y los actores de la sociedad abigarrada reconfiguran sus relaciones de fuerzas directas frente al gobierno, transformando el conflicto socioeconómico en una disputa abierta por el poder real y la conducción territorial, evidenciando la captura del poder estatal por corporaciones y grupos sectoriales movilizados que buscan imponer sus agendas particulares.
Por lo anteriormente expresado, la situación actual de Bolivia evidencia según la tesis central de Antezana donde el discurso y las medidas gubernamentales representan el estado aparente con limitada articulación entre sectores organizados de la sociedad civil y el gobierno (Zabaleta Mercado, 2008; Antezana, 1991), es decir, que las protestas de los sectores movilizados en el altiplano y los yungas, junto con bloqueos de rutas críticas retrato el estado real, por otra parte, la autoorganización territorial con comités cívicos regionales afines tratan de operar como un poder de veto efectivo, evidenciando la superposición de lógicas que se encuentran en primer plano del estado real sobre las decisiones gubernamentales de un estado aparente.
La crisis boliviana es el momento cognoscible donde el estado aparente cede ante el estado real, siendo una trama corporativa y territorial que muestra la verdadera textura de la sociedad, en ese sentido, el gobierno, enfrenta este abigarramiento societal con la oportunidad de leer en las protestas un mapa de fuerzas vivas que exigen reconocimiento, siendo que la eficacia simbólica de su discurso «capitalismo para todos» y la agenda del 50/50 muestran una capacidad de convocatoria que opera como puentes de vinculación entre sociedad civil y Estado, en un escenario donde la norma se pliega a la presión organizada, así, la administración actual navega la contradicción sin desaparecer, aprovechando la parálisis como termómetro de su propia gobernabilidad contingente y eficiente.
Por lo expresado, para una gobernanza estable en el periodo constitucional vigente, el gobierno debería institucionalizar mesas de diálogo permanente con los actores del estado real como las cooperativas, comités cívicos y sindicatos, convirtiendo el veto en regla negociada; además diseñar políticas públicas con cláusulas de adaptación territorial, reconociendo la superposición de lógicas productivas y culturales y fortalecer la legitimidad discursiva mediante rendición de cuentas periódica; así como la verificación independiente de acuerdos y recuperar la planificación estatal con capacidad de ejecución en infraestructura crítica, desactivando bloqueos mediante incentivos de inversión pública, implicando que la gobernanza efectiva exige pasar del estado aparente al estado real sin romper la forma constitucional, integrando la conflictividad como insumo y no como obstáculo.
En síntesis, la crisis no es un defecto del gobierno, sino el reflejo de la sociedad del estado real que todo gobernante boliviano debe aprender a convivir, siendo que al estabilizar la gobernabilidad, esta, no debería desmarcar las medidas de presión del estado real, sino de instrumentalizarlos como mecanismo de consulta periódica a manera de interactuar con los actores corporativos, pero involucrándolos en la ejecución de obras públicas, además de fortalecer la capacidad de arbitraje estatal ante la sociedad civil sin deslegitimar las demandas convirtiéndolas en planes, por tanto, operar con una democracia de alta intensidad negociada es más legítimo, donde el período constitucional sea el paraguas que contenga, respetando los patrones culturales de abigarramiento dela sociedad boliviana.
Javier Julio Rocha Ticona, Politólogo experto en gestión. Publica y legislación
