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En los últimos cinco años, cerca de 900 ecuatorianos han sido encarcelados en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico marítimo. De ese total, al menos 500 provienen de Manabí y Santa Elena, según datos citados por la Policía. Pero una cifra concentra la atención: alrededor de 300 detenidos serían originarios de Jaramijó, un cantón pesquero de Manabí con aproximadamente 30.000 habitantes.
Jaramijó, ubicado en la costa manabita, ha sido identificado como uno de los principales focos de reclutamiento para operaciones de narcotráfico marítimo en Ecuador. Según datos proporcionados por la Policía y recogidos por medios nacionales, cerca de 300 habitantes del cantón estarían detenidos en cárceles de Estados Unidos por delitos vinculados al transporte de droga en altamar.
La cifra resulta significativa no solo por su magnitud, sino por el tamaño del cantón. Jaramijó tiene alrededor de 30.000 habitantes y una economía estrechamente vinculada a la pesca artesanal. Esto convierte el caso en un punto de análisis sobre cómo las redes criminales transnacionales logran insertarse en comunidades costeras donde existen conocimientos náuticos, rutas marítimas y condiciones económicas vulnerables.
De acuerdo con las autoridades, las organizaciones criminales aprovechan la experiencia de pescadores locales para movilizar cargamentos hacia rutas que conectan Ecuador con Centroamérica, México y Estados Unidos. El fenómeno no implica únicamente una dimensión penal, sino también una realidad social: poblaciones enteras quedan expuestas a dinámicas de reclutamiento, presión económica y debilitamiento institucional.
Uno de los factores más señalados es la brecha económica. La pesca artesanal continúa siendo la principal fuente de empleo en Jaramijó, pero sus ingresos suelen ser bajos e inestables. Según los registros citados, un pescador artesanal puede ganar alrededor de USD 600 mensuales, mientras que otros testimonios ubican los ingresos diarios entre USD 10 y USD 15, dependiendo de la temporada y las condiciones climáticas.
Frente a esa realidad, las organizaciones criminales ofrecen pagos muy superiores a los ingresos regulares de la pesca. El contraste entre la economía legal y la economía criminal aumenta la vulnerabilidad de sectores que dependen del trabajo diario, especialmente cuando no existen suficientes alternativas productivas, protección institucional o mecanismos efectivos de prevención.
Este punto es clave para entender el problema: el narcotráfico marítimo no opera únicamente por control territorial o capacidad logística, sino también por la explotación de necesidades económicas. La falta de oportunidades convierte a ciertas comunidades en espacios de captación para redes que ofrecen ingresos rápidos, aunque con consecuencias legales, familiares y sociales de alto costo.
La ubicación geográfica de Jaramijó, su tradición pesquera y el conocimiento de rutas marítimas han convertido al cantón en un punto de interés para organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico transnacional. Las investigaciones citadas por medios indican que varias embarcaciones interceptadas en aguas internacionales partieron de puertos manabitas o navegaron cerca de Manta y Jaramijó antes de dirigirse hacia corredores usados por redes criminales.
Durante 2025, la provincia de Manabí registró 906 detenidos por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, según estadísticas policiales recogidas por KCH. Las rutas detectadas en los últimos años conectan las costas ecuatorianas con zonas frente a El Salvador, México, Colombia y áreas cercanas a Galápagos, donde las autoridades han reportado múltiples decomisos.
El reclutamiento de pescadores no solo responde a su capacidad para navegar, sino también al conocimiento práctico del mar, las corrientes, los tiempos de salida y las formas de movilización en altamar. Ese conocimiento, propio de una actividad económica tradicional, termina siendo utilizado por estructuras criminales para operaciones de escala internacional.
El caso de Jaramijó muestra que el narcotráfico marítimo no puede analizarse únicamente desde la seguridad. También involucra economía local, empleo, cohesión social, presencia estatal y confianza institucional. Especialistas citados en la cobertura periodística advierten que la expansión de estas redes refleja una pérdida progresiva de confianza en las instituciones y una percepción de que la ilegalidad puede convertirse en una opción viable para ciertos sectores.
Desde esta perspectiva, el problema requiere una respuesta integral. El control marítimo y la cooperación internacional son necesarios, pero no suficientes si no van acompañados de oportunidades productivas, fortalecimiento institucional, programas de prevención y protección para comunidades pesqueras expuestas al reclutamiento criminal.
El desafío es construir políticas que reduzcan la capacidad de las organizaciones criminales para captar mano de obra local. Esto implica mirar el territorio no solo como una ruta de salida de droga, sino como un espacio donde la ausencia de oportunidades puede convertirse en un factor de riesgo.
Jaramijó se ha convertido en un caso visible del impacto territorial del narcotráfico marítimo en Ecuador. Las cifras sobre detenidos, rutas y decomisos revelan una problemática que conecta a comunidades pesqueras con dinámicas criminales internacionales, pero también evidencia fallas estructurales en prevención, desarrollo local y control institucional.
El debate público no debería limitarse a cuántas personas han sido detenidas, sino a por qué estas redes logran reclutar en determinados territorios. La respuesta exige analizar la relación entre pobreza, economía informal, seguridad marítima, crimen organizado y presencia del Estado.
La pregunta de fondo es: ¿Cómo debe responder Ecuador ante el narcotráfico marítimo: con más control, más oportunidades locales o una estrategia que combine ambas dimensiones?
