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Una revisión de listas para las primarias 2026 identificó al menos 10 candidatos con vínculos directos a la minería informal —e incluso a redes de minería ilegal— repartidos en cinco regiones, concentrados en dos vehículos electorales con representación vigente en el Congreso: Podemos y Perú Libre. El eje común: una agenda favorable a prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalado por especialistas como un “manto de protección” bajo el que se camuflan actividades ilícitas, sobre todo de oro.
La coyuntura agrega presión: la Comisión de Energía y Minas del Congreso verá la próxima semana un proyecto para volver a ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2027, en pleno clima electoral. En paralelo, un estudio del Centro Wiñaq muestra que 54,6% de encuestados votaría por un candidato que restrinja la minería informal, señal que tensiona el cálculo político de quienes respaldan nuevas extensiones.
La Unidad de Investigación describió una articulación política en la que voceros y asesores de la Confemin y otras organizaciones de mineros informales campan en el Congreso, ingresan a sesiones y presionan por reglas a medida, con Podemos y Perú Libre como plataformas que ahora los postulan abiertamente al Parlamento bicameral. La premisa, según el reporte: la minería informal busca su propia bancada para blindar una nueva ampliación del Reinfo y sostener una narrativa de “pueblo minero vs. mineras formales”.
Entre los nombres que encarnan este desplazamiento del lobby a la política electoral figuran perfiles con Reinfo vigente o suspendido, sanciones por extracción ilícita o roles orgánicos en gremios que promueven prórrogas. La pista territorial incluye La Libertad (Pataz), Huánuco, Ica y Madre de Dios, zonas críticas por presencia de minería informal e ilegal.
Perú Libre entregó un cupo en su lista a Adolfo Valverde Calipuy, asesor de Confemin que postula a diputado por La Libertad. En el pasado, Valverde fue mencionado en la investigación fiscal del Caso La Gran FA —una presunta red dedicada a minería ilegal en esa región— como “brazo político” con conexiones en Interior y Energía y Minas; la causa se archivó por falta de indicios y el propio Valverde negó las imputaciones. A junio de 2025, había sido vocero en medios contra Minera Poderosa (Pataz), epicentro reciente de violencia y expansión ilegal. Consultado, Flavio Cruz (PL), candidato a la vicepresidencia, dijo no conocer la postulación del asesor y pidió “filtrar” el caso.
El “desconocimiento” de la dirigencia sobre su propio postulante ilustra la tensión entre estructura partidaria y cooptación sectorial: mientras la cúpula intenta tomar distancia pública, en la lista conviven militantes y operadores de la agenda pro-Reinfo. Para el electorado, la señal es ambivalente: promesas de control versus nombramientos que empujan lo contrario.
En Podemos, el caso más visible es Raúl Noblecilla: asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales (adscrita a Confemin), va en doble postulación —plancha presidencial con José Luna y al Senado—. Aunque anunció públicamente su renuncia semanas atrás, el partido asegura que nunca se tramitó; el espacio en la plancha se suponía reservado para el pastor Julio Rosas, activo en reuniones con Confemin en el Parlamento. Noblecilla también se presentó como abogado de Víctor Sánchez Iparraguirre, líder de un clan familiar en Pataz vinculado a minería informal, y es un crítico persistente de la minería formal.
La lista se completa con Enrique Velásquez (Senado), quien exhibe vínculos con la Central Nacional de Mineros del Perú y amplifica contenidos contra Las Bambas (Apurímac), y con el exlegislador Amado Romero —suspendido en 2011 por cobrar regalías a mineros en Madre de Dios—, incorporado por su “experiencia” según la dirigencia. Además, Cleofé Mejía (Ica) y Herminio Daga (Huánuco) figuran con Reinfo suspendido. El secretario general José Luna Morales justificó la nómina como defensa de “mineros ancestrales” y adelantó que respaldarán la ampliación del Reinfo que se debate en comisión.
El Reinfo nació como puente a la formalización, pero su cadena de prórrogas lo ha convertido, según analistas, en una cobertura para operaciones ilegales —con impacto en deforestación, violencia y economías criminales—. La nueva ampliación a 2027 se discute en campaña, con gremios instalados en el Palacio Legislativo y apoyos transversales en distintas bancadas. Renovación Popular marcó distancia de miembros de Confemin que antes cobijó, aunque falta ver si no llevan postulantes con ese perfil en listas aún no transparentadas.
El dato de Wiñaq —54,6% prefiere candidatos que restringen la minería informal— sugiere riesgos reputacionales para quienes militan por nuevas prórrogas. Aun así, el peso territorial de la economía del oro y la capacidad de lobby de los gremios explican por qué esa minoría organizada logra condicionar la agenda parlamentaria y colarse en listas con opciones de escaños.
Podemos encuadra su oferta como reivindicación de “mineros ancestrales” y promete “revertir concesiones ociosas” —afirma que “la minería está repartida en 10 familias”—, minimizando el antecedente de Amado Romero y prometiendo voto a favor de extender el Reinfo. En Perú Libre, el mensaje oficial es el desconocimiento del caso Valverde; la conducción alega la magnitud de la organización para explicar los vacíos de control en sus listas. El contraste entre discursos y nóminas será un insumo central para el voto urbano y para distritos golpeados por la extracción ilegal.
La Comisión de Energía y Minas definirá si empuja al pleno una nueva extensión del Reinfo a diciembre de 2027. De prosperar, la señal a la base gremial sería inequívoca en plena primaria; de caerse, abriría un flanco entre candidatos y organizaciones que ya tejen su representación directa en el Congreso. Para la opinión pública, el voto en comisión/pleno será el termómetro más claro de alineamientos reales, más allá de declaraciones.
La entrada en lista de voceros, asesores y operadores de la minería informal en Podemos y Perú Libre confirma un salto cualitativo: del lobby de pasillos a la representación directa con aspiración de bancada. Con la prórroga del Reinfo en debate y una ciudadanía que castiga la permisividad (54,6% a favor de restringir), el costo político de apadrinar esta agenda sube, pero también lo hace la capacidad de presión en territorios donde la economía del oro organiza votos y recursos.
Para el elector y para equipos de consultoría política, el seguimiento fino a listas, votaciones y descargos partidarios será clave para separar retórica de compromisos: quién defiende formalización real con plazos y controles, y quién usa el Reinfo como coartada para extender una zona gris que alimenta la ilegalidad. En 2026, esa diferencia podría decidir escaños y, con ellos, la regla de juego de un sector que hace años opera sobre el filo.
