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El 7–8 de octubre de 2025, la CIA ejecutó un movimiento inusual cuando el subdirector Michael Ellis asumió también como consejero general (máximo responsable legal) de la Agencia, reemplazando a la jefatura jurídica con su propia persona. El cambio concentra en una sola figura la conducción operativa y el control legal de operaciones sensibles, un diseño que tensiona los equilibrios internos habituales de la comunidad de inteligencia.
El giro llega menos de un mes después de que la propia CIA informara la nominación de Josh Simmons como consejero general (10 de septiembre), lo que subraya el carácter extraordinario del doble rol de Ellis y abre interrogantes sobre si se trata de un esquema interino o de una consolidación estratégica en el marco de la reforma impulsada por la actual dirección. Para dimensionar el contexto, Ellis fue juramentado como subdirector en febrero y es una figura con trayectoria jurídica en seguridad nacional, incluida la NSA.
El 6–7 de octubre de 2025, el subdirector de la CIA, Michael Ellis, reemplazó al principal responsable legal de la Agencia y asumió él mismo como consejero general. La pieza subraya lo inusual del movimiento y que no estaba claro si el cambio era interino o permanente, dado el impacto que tiene concentrar la conducción operativa y el control jurídico en una sola persona.
El giro ocurre pese a que la CIA había comunicado semanas antes la nominación de Joshua (Josh) Simmons como próximo consejero general (anuncio oficial del 10 de septiembre de 2025) y a que el Comité de Inteligencia del Senado agendó la audiencia pública de esa nominación para el 8 de octubre de 2025. Es decir, mientras la nominación de Simmons avanzaba en el Congreso, se produjo este doble rol de Ellis dentro de la Agencia.
¿Quién es Michael Ellis? Abogado formado en Dartmouth y Yale, con paso por la Casa Blanca y la Comisión de Inteligencia de la Cámara, fue nombrado subdirector de la CIA el 10 de febrero de 2025. Antes, protagonizó un controvertido nombramiento como consejero general de la NSA en 2020–2021 y trabajó en think tanks conservadores como Heritage; su perfil jurídico-político y su cercanía a entornos republicanos lo vuelven una figura potente —y polarizante— para un cargo que exige independencia legal.
Porque concentra poder operativo y control legal en la misma persona. En la práctica, el subdirector que supervisa operaciones pasaría también a dictaminar su legalidad, lo que erosiona el principio de contrapesos internos que suelen separar conducción y escrutinio jurídico. El propio reporte que destapó el movimiento subraya lo inusual del arreglo y la falta de claridad sobre si es interino o permanente. Para cualquier agencia con potestad de acciones encubiertas, esa ambigüedad es en sí misma un riesgo de gobernanza.
El Oficina del Consejero General (OGC) de la CIA no es un área decorativa: emite criterios sobre uso de autoridades bajo la Ley de Seguridad Nacional, la CIA Act y EO 12333, además de revisar reglas de minimización y procedimientos del Fiscal General aplicables a personas estadounidenses. Esa función requiere independencia respecto de quienes dirigen las operaciones, precisamente para que el filtro legal sea creíble y efectivo. Si ambas sillas se fusionan, aumenta el riesgo de conflicto de interés y de sesgo confirmatorio en la interpretación de límites legales.
Además, el cambio ocurre mientras el Senado procesa la nominación de Josh Simmons como consejero general, es decir, en medio de un proceso de control político ya en curso. Un doble rol prolongado podría desordenar líneas de reporte, complicar la trazabilidad de quién autorizó qué y tensar la relación con los comités de supervisión del Congreso. Por eso, para equipos de gobierno y consultoras, el punto no es solo “quién manda”, sino cómo se preserva la auditabilidad de decisiones sensibles en un esquema tan concentrado.
En la arquitectura de la CIA, el Consejero General es el máximo asesor jurídico y administra todos los asuntos legales de la Agencia; es un cargo nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado (50 U.S.C. § 3520). Ese rol sostiene el “cinturón de seguridad” que separa la conducción operativa de la validación de legalidad, emitiendo criterios sobre autorizaciones, cumplimiento y gestión del riesgo legal. Fusionar esa silla con la Subdirección altera el equilibrio de funciones y, según lo señalado en la cobertura original, constituye un movimiento inusual con efectos en el oversight interno.
En el día a día, la OGC revisa actividades bajo la EO 12333 y las Attorney General Guidelines aplicables a la CIA: desde reglas de minimización y tratamientos de información sobre “U.S. persons” hasta la adecuación de operaciones encubiertas al marco estatutario. Estas normas no son decorativas; establecen procedimientos y controles que requieren independencia técnica para decir “no” cuando corresponde. Si quien impulsa operaciones también firma la opinión legal, sube el riesgo de conflicto de interés y de sesgos en la interpretación de límites.
Además, el cambio ocurre con una nominación en curso para el cargo (Joshua Simmons), registrada ante el Senado y con audiencia pública programada. Cualquier configuración “interina” prolongada puede complicar la trazabilidad de decisiones (¿quién autorizó qué y bajo qué criterio?) y tensionar las relaciones con los comités de supervisión. Por eso, para evaluar gobernanza, el punto clave no es solo la legalidad formal, sino la separación funcional efectiva entre quien dirige operaciones y quien dictamina su legalidad.
El movimiento que concentra en Michael Ellis la subdirección y la jefatura legal de la CIA es real, reciente y extraordinario: fue reportado el 6 de octubre y confirma un esquema que tensiona los contrapesos internos justo cuando el Senado tramita la nominación de Joshua Simmons como consejero general. La foto de hoy es una brecha temporal entre el marco legal (consejero confirmado por el Congreso) y la práctica interna (doble rol operativo–jurídico) que exige vigilancia sobre duración, alcance y salvaguardas.
Para gobiernos, campañas y consultoras, la lectura práctica es clara: hay que monitorear si el arreglo es interino y cómo afecta plazos de opinión legal, coordinación interagencias y briefings al Congreso; además, el perfil político–jurídico de Ellis y su trayectoria pública (NSA, sector privado) implica riesgo reputacional si se percibe pérdida de independencia del criterio legal. Mantén listos protocolos de trazabilidad y mensajes de cumplimiento mientras el Senado define a Simmons y la Agencia explicita sus salvaguardas.
