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El 27 de agosto de 2025, durante una caravana en Lomas de Zamora (conurbano bonaerense), Javier Milei fue evacuado luego de que grupos de manifestantes arrojaran piedras y otros objetos contra el vehículo en el que se desplazaba. El presidente estaba acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert; la policía formó cordones con escudos y lo trasladó a un vehículo blindado. Milei resultó ileso y el episodio forzó la salida inmediata de la comitiva del lugar.
El saldo preliminar incluyó al menos dos detenidos y tres heridos, según reportes locales. Desde el Gobierno y el propio Milei se encuadró el hecho como “violencia política” y se atribuyó la agresión a militantes kirchneristas, en un contexto de campaña electoral con citas clave en Buenos Aires y de cara a las legislativas nacionales. Para el lector: fecha, lugar, protagonistas, cómo se rescató al mandatario y cuál es la narrativa oficial quedan claros desde el arranque.
La caravana comenzó en Lomas de Zamora sobre la Av. Hipólito Yrigoyen. Javier Milei iba en una camioneta junto a su hermana Karina Milei y José Luis Espert saludando a simpatizantes cuando, a pocas cuadras del arranque, aparecieron grupos opositores que increparon a la comitiva. Los primeros forcejeos derivaron en empujones y agresiones sobre el vehículo presidencial.
La situación escaló con piedras, botellas y otros objetos arrojados contra la camioneta. La Policía formó un cordón con escudos, replegó al mandatario y lo trasladó a un vehículo blindado para evacuarlo de la zona; Milei resultó ileso.
En el cierre, se reportaron al menos dos detenidos y tres heridos. Espert abandonó el lugar en moto, imagen que se viralizó en redes. Desde el Gobierno y el propio Milei se habló de “violencia política” atribuida a militantes kirchneristas, en un contexto de campaña tensionado por denuncias de corrupción.
Desde su llegada al poder, Milei impulsó un ajuste profundo y un paquete de reformas estructurales como la Ley Bases (con RIGI, facultades delegadas y privatizaciones), recorte de subsidios a energía, transporte y programas sociales, y desregulaciones mediante DNU. El combo produjo choques con universidades (caída real del financiamiento y marchas masivas) y tensiones con gobernadores por transferencias. En 2025 el Congreso le asestó un revés al anular cinco decretos y aprobar más fondos para universidades, en un clima de protesta callejera
En paralelo, el Gobierno reforzó una doctrina de orden público con el protocolo “antipiquetes” de Seguridad, que habilita despejes y sanciones más severas frente a bloqueos y disturbios. Ese encuadre, sumado al impacto social del ajuste, elevó la conflictividad en territorio bonaerense y el conurbano, donde caravanas y actos requieren anillos de seguridad, uso de vehículos blindados y repliegues rápidos ante agresiones. El propio oficialismo enmarca estos episodios como “violencia política”, mientras opositores y ONGs lo leen como efecto de un malestar social creciente.
La polarización no es exclusiva de Argentina en otros países como en Perú, Dina Boluarte sostiene niveles de desaprobación superiores al 90% y un ciclo de crisis de gobernabilidad con cambios ministeriales constantes, lo que también se traduce en hostilidad en la calle y eventos custodiados. La comparación sirve para ubicar el caso Milei en una ola regional donde ajustes duros, conflictos con universidades/sector público y marcos de seguridad más rígidos alimentan ambientes antagónicos alrededor de los jefes de Estado.
En Argentina, la seguridad presidencial combina el dispositivo permanente de Casa Militar -que fija estándares y coordina la protección del Jefe de Estado- con fuerzas federales y policías provinciales/municipales según la plaza del acto. En campaña, ese esquema se adapta dado que se suman anillos móviles, control de accesos y enlaces con el organizador partidario para lectura de aforos y riesgos. La articulación institucional (Nación–Provincia–Municipio) y la anticipación de rutas de repliegue son la base para evacuar rápido ante incidentes como el de Lomas de Zamora.
Desde 2023 rige, además, el Protocolo para el mantenimiento del orden público, que estandariza criterios frente a cortes y disturbios con identificación de responsables, liberación de vías y actuación escalonada. Aunque no fue diseñado para proselitismo, su lógica influye en operativos de campaña en territorios calientes (perímetros “buffer”, control de objetos arrojadizos, despejes) y tensiona el equilibrio entre libertad de expresión y integridad física de autoridades y asistentes. En plazas muy politizadas, aplicar la norma sin lectura de contexto puede escalar choques; por eso se requiere inteligencia previa y mandos con capacidad de desescalada.
Buenas prácticas para próximos actos para cualquier acto presidencial de cualquier país requiere inteligencia anticipada (mapa de actores, convocatorias, clima en redes), rutas sanitizadas con puntos de escape, zonas de amortiguación y equipos QRF (quick reaction force) con reglas claras de intervención mínima y progresiva. Post-incidente, un after-action review conjunto (Casa Militar, fuerzas locales y equipo de campaña) reduce brechas y ajusta protocolos. A nivel comparado, marcos como los de IFES para “elecciones seguras” recomiendan integrar gestión de conflicto, monitoreo de amenazas y comunicación pública para evitar pánicos y rumores que amplifiquen la violencia.
El episodio de Lomas de Zamora no es una anécdota, es un stress test al sistema: expone cuánto resisten los protocolos de seguridad presidencial, qué tan rápido se coordinan Nación–Provincia–Municipio y hasta dónde la política acepta que la calle desplace al debate. La violencia en campaña erosiona legitimidad y normaliza la intimidación como herramienta; la respuesta estatal debe ser quirúrgica: proteger sin criminalizar la disidencia, desescalar sin abdicar del orden y judicializar a los responsables sin atajos.
En clave electoral, el hecho reencuadra la narrativa: Milei capitaliza el eje “ley y orden” si muestra control y eficacia; la oposición paga costos si aparece asociada al desborde. El riesgo es el efecto contagio: más choques, más noticias, menos propuestas. Antídoto: inteligencia preventiva, operativos calibrados, reglas claras con los organizadores y un mensaje único que cierre el espacio a los violentos. Si la campaña quiere discutir el rumbo del país, el primer paso es garantizar que cada acto pueda hacerse sin piedras y sin miedo.
Un comentario
Gracias a Dios que salio sano y salvo el Dr. Milei.
saludos desde Nicaragua.