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Goberna Reports se enorgullece en presentar, como parte de su serie sobre los estallidos sociales en Latinoamérica en 2019, un análisis profundo sobre el descontento social en Ecuador.
Este levantamiento o resistencia, impulsado por una serie de medidas impopulares, no solo desbordó las calles con protestas masivas, sino que también reconfiguró por completo el panorama democrático y electoral del país, poniendo en evidencia la creciente fractura entre el gobierno y los sectores más vulnerables de la sociedad.
A lo largo del año 2019, Ecuador experimentó una serie de transformaciones políticas que reflejaron una reestructuración profunda en el sistema de partidos, lo que generó un panorama de gran polarización en el país. Este contexto de creciente tensión se convirtió en una crisis política significativa que demostraba resistencia al sistema establecido, afectando directamente las relaciones entre el gobierno y diversos sectores sociales.
Un aspecto clave de esta crisis fue la aparición de un movimiento indígena que, junto con la movilización de los jóvenes, desempeñó un papel fundamental en las protestas que marcaron el periodo como grupos simbólicos de la resistencia. Los manifestantes se levantaron en contra del «correísmo», fenómeno asociado al legado de Rafael Correa, ex presidente de la nación. Esta oposición al gobierno de Lenín Moreno se canalizó a través de manifestaciones masivas que pusieron en evidencia el descontento generalizado en el país hacia las políticas económicas de la administración saliente.
El descontento ciudadano se originó a partir de la decisión de implementar una serie de medidas de austeridad y ajustes fiscales que, según el gobierno, eran necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Uno de los detonantes y que orilló a orquestar una resistencia ciudadana fue a raíz de el Decreto Ejecutivo 883, mediante el cual se decidió liberar el precio de los combustibles, una medida que afectó de manera directa a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a los del sector transporte.
Este decreto, que buscaba reducir la brecha fiscal del país a través de la implementación de políticas acordadas con el FMI, desató una ola de protestas que se extendió por todo el país. La primera reacción frente a la medida fue una huelga indefinida por parte del sector del transporte, lo que paralizó gran parte de la actividad en el país. La protesta rápidamente escaló a una movilización masiva que involucró a diversos sectores sociales, entre ellos estudiantes, trabajadores, y organizaciones sociales, que se unieron al llamado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), liderada por Jaime Vargas.
El aumento de la violencia durante las manifestaciones puso a prueba la capacidad del gobierno para controlar el orden público. Diversos grupos organizados de manera espontánea comenzaron a enfrentarse con las fuerzas de seguridad, lo que generó una creciente tensión en las principales ciudades, particularmente en Quito, la capital. Ante la magnitud de las protestas y los crecientes enfrentamientos, el gobierno de Moreno tomó la decisión inédita de trasladar la sede del Ejecutivo de Quito a la ciudad de Guayaquil, con el fin de garantizar la seguridad y continuar con la gobernabilidad.
El presidente Moreno, en un intento por pacificar la situación, comenzó una serie de negociaciones con los líderes indígenas. La mediación fue facilitada por actores internacionales, como las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que buscaron ofrecer una salida diplomática al conflicto. Finalmente, después de once días de intensas protestas, el gobierno y los representantes de la CONAIE lograron llegar a un acuerdo, que implicaba la derogación del Decreto 883, lo que resultó en el levantamiento de las manifestaciones.
El impacto de estas protestas fue profundo, tanto a nivel social como político. Según analistas nacionales e internacionales, las protestas de octubre de 2019 fueron las más grandes y significativas en Ecuador en los últimos doce años, marcando un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los movimientos sociales, especialmente los pueblos indígenas. Las tensiones derivadas de estos acontecimientos continúan siendo un tema de debate y análisis en la política ecuatoriana, evidenciando la persistente desigualdad social y la fragilidad del sistema político en un contexto de crisis económica y social.
Las huelgas y manifestaciones que se desataron desde el sector transporte se convirtieron en un símbolo del descontento popular frente a las medidas adoptadas por el gobierno. Desde ese momento, las protestas se transformaron en una serie de violentos enfrentamientos, donde los manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideraban una injusticia económica y social, exacerbada por las políticas neoliberales promovidas por la administración de Lenín Moreno. Estos eventos, además de evidenciar la desconexión entre el gobierno y la ciudadanía, marcaron un hito en la historia reciente del país, que sigue resuena en el imaginario colectivo ecuatoriano.
Las protestas de octubre de 2019 en Ecuador, marcadas por una aguda polarización política, pusieron de manifiesto las profundas fracturas sociales y políticas que atraviesan al país. El descontento generalizado frente a las políticas de austeridad implementadas por el gobierno de Lenín Moreno, especialmente con la eliminación de los subsidios a los combustibles, reveló un sistema político cada vez más desconectado de las necesidades de los sectores más vulnerables. El movimiento indígena, que asumió el liderazgo de las movilizaciones, demostró su capacidad de resistencia y organización frente a un gobierno que, en lugar de dialogar de manera inclusiva, optó por medidas autoritarias que solo incrementaron la conflictividad.
Políticamente, estas protestas evidenciaron la fragilidad del modelo de gobernanza del gobierno de Moreno, quien, al intentar implementar las políticas dictadas por el FMI, se encontró atrapado en un dilema entre cumplir con los compromisos internacionales y mantener la estabilidad social interna. La negociación, mediada por organismos internacionales, fue una solución momentánea, pero el conflicto subyacente persiste, revelando una crisis de representación política.
La derogación del Decreto 883, aunque vista como un triunfo para los sectores sociales movilizados, no resolvió los problemas estructurales que provocaron el levantamiento. En lugar de fortalecer la confianza en el sistema político ecuatoriano, las protestas de 2019 han acentuado la deslegitimación de las élites políticas, el creciente rechazo al «correísmo» y la desconexión de la clase política con las demandas populares.
