Una ola de violencia ha cobrado la vida de numerosas personas, con epicentro en las cárceles, y extendiéndose a las calles de los principales puertos del país. Entre las víctimas se encuentra el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y una futbolista que buscaba su apoyo.  

Más de 10 cárceles han sido escenario de episodios violentos, donde los presos han llevado a cabo una huelga de hambre y retenido a más de 100 guardias penitenciarios, demandando mejores condiciones. La peor violencia se ha concentrado en la Penitenciaría del Litoral, ubicada cerca de Guayaquil, donde una disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico resultó en la muerte de más de 31 presos en un lapso de tres días.  

Ante esta situación, el presidente Guillermo Lasso ha declarado el estado de excepción en todas las cárceles del país y el estado de emergencia en dos provincias; además, de imponer un toque de queda, en un esfuerzo por restaurar el control y al parecer, con pocos resultados. 

Ecuador ha enfrentado una prolongada crisis carcelaria y ha experimentado un crecimiento del narcotráfico, lo que ha llevado a la muerte de más de 450 presos desde el año 2020. El gobierno de Lasso ha sido objeto de críticas por su estrategia para combatir la violencia, aunque ha destacado que ha logrado incautar más cocaína que cualquier otro gobierno. Expertos en crimen organizado han señalado que Ecuador es el segundo país de América Latina con más incautaciones de cocaína, después de Colombia, lo que refleja la creciente presencia del negocio ilegal en el país. 

Este clima de violencia y crisis carcelaria se da en un contexto político atípico debido a las elecciones adelantadas que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto. Los candidatos han debido suspender sus mítines políticos y limitar su presencia en las calles, especialmente en zonas de alta violencia. Las tensiones políticas se mezclan con la urgencia de abordar la violencia y la inseguridad en el país. 

Como medida preventiva, el gobierno ha ordenado la suspensión de clases en toda la provincia de Esmeraldas y ha recomendado el teletrabajo, buscando proteger a la población ante la inestabilidad y la escalada de violencia. La situación representa un desafío para el gobierno de Lasso y la estabilidad política del país, mientras se acercan las elecciones anticipadas. 

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden, y garantizar la seguridad en las cárceles y las calles de Ecuador. Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana enfrenta una difícil coyuntura, donde la violencia y la crisis carcelaria se entrelazan con el contexto electoral, generando incertidumbre y preocupación en la población. Se pone en duda el desarrollo con normalidad del próximo proceso electoral.