Luego del reciente golpe de estado en Myanmar, también conocido como Birmania, multitudinarias protestas han estallado como rechazo hacia la vuelta al poder de los militares. Este lunes murieron 3 manifestantes y 200 se encontraban rodeados por las fuerzas de seguridad.

Desde los bancos hasta las fábricas han cerrado tras el llamado a reforzar la huelga para asfixiar a la economía y presionar a la junta militar. Empleados públicos, agricultores y trabajadores del sector privado participaban junto a activistas en concentraciones por todo el país ante los hechos del 1 de febrero.

Las fuerzas de seguridad han respondido de forma violenta a las manifestaciones. En el centro del país, en Myitkyina, hubo varias detonaciones e imágenes difundidas en las redes sociales mostraron a manifestantes cubiertos de sangre. Una de las imágenes difundidas mostraba a una religiosa católica arrodillada en plena calle, suplicándole a los policías que no dispararan.

En Rangún, la capital económica del país, 200 manifestantes se encuentran rodeados en un área del barrio Sanshaung, denunció la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En esa línea, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, exigió la liberación de los manifestantes de forma segura, sin violencia ni arrestos.

Asimismo, la libertad de expresión ha sido restringida, cerrando diversos medios de información tras órdenes del Ministerio de Información. La junta militar amenazó con despedir a quienes no se reincorporen al trabajo y han desplegado fuerzas de seguridad en varios hospitales públicos. También advirtió que los diputados que no reconozcan la legitimidad del régimen son culpables de “alta traición” y pueden ser condenados a muerte o 22 años de prisión.

Mientras tanto, los militares hacen oídos sordos de las protestas de la comunidad internacional, dividida sobre que respuesta se debería tomar ante la crisis. El Consejo de Seguridad de la ONU no alcanzó un acuerdo el viernes y seguirá los debates esta semana.