Por:  Natalia Flores Delgadillo

¿Cuántos funcionarios públicos se sienten rebasados por la rutina burocrática de su gestión? ¿Cuántos empleados del gobierno están en situaciones potenciales de estrés, que incluso nublan su visión para la ejecución efectiva de políticas públicas o sesgan el pensamiento estratégico para su continuidad en el poder?

Lamentablemente, la burocracia se ha convertido en uno de los términos más desprestigiados en el campo de la administración pública en México y en diversos países de América Latina.

Cuando nos referimos al concepto de burocracia, de manera casi inmediata, lo asociamos a tareas subordinadas, mecánicas y lentas, en donde el exceso de trámites, son casi un requisito.

En el estudio “Wait No More: Citizens, Red Tape, and Digital Government” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México ocupa uno de los primeros lugares en la región, al destinar una mayor cantidad de horas para completar un trámite.

BID (2018) Gráfica “Horas necesarias para completar un trámite por país” en Wait No More: Citizens, Red Tape, and Digital Government”. https://publications.iadb.org/en/wait-no-more-citizens-red-tape-and-digital-government

Prácticas como éstas, que dibujan a una burocracia con poca capacidad institucional como resultado de la elevada carga administrativa, representan un riesgo para cualquier gobierno en turno que aspire a dar cumplimiento a sus compromisos con la ciudadanía y que tenga la intención preservar espacios de poder a favor de un líder o partido determinado.

Recordemos que, en su modelo ideal, Max Weber concebía a la burocracia como producto de la tercera forma legítima de dominación, basada en la legalidad o en la norma. Su visión contemplaba a un conjunto de personas al servicio del Estado, basadas en la profesionalización para la toma de decisiones y el funcionamiento de la organización. Sin duda una visión que hoy sigue vigente, aunque un poco distorsionada.

Dadas estas condiciones, es importante resignificar el valor del servicio público, a partir del equilibrio entre la optimización de las prácticas burocráticas y la acción estratégica basada en los resultados. Es en este punto de coincidencia, en donde radica el equilibrio perfecto para los gobiernos, que les permitirá una mayor aprobación por parte de la ciudadanía y un destino al proyecto político que encabezan.

Hoy más que nunca, ante un escenario de crisis y cambios acelerados, en donde la ciudadanía exige mayores resultados, el gobierno tiene que dar soluciones proactivas, desde modelos gerenciales basados en la efectividad y modernización de sus servicios.

Muchas veces, por el exceso de trámites, oficios, solicitudes de información y los periodos reducidos para hacerlo, terminan por saturar al funcionario, que lo orillan a entregar resultados simplemente por cumplir, pero no por innovar, por aportar y mejorar el desempeño de la administración pública.

Sin importar rango o jerarquía, es importante que el pensamiento estratégico contemple la capacitación constante en distintos temas como liderazgo, comunicación interpersonal, marketing gubernamental y administración de políticas públicas para el bienestar.

Además, se debe procurar el fortalecimiento de la vocación política de todos los funcionarios. Éste último rubro debe ser condición preliminar y transversal, porque hasta el proceso más mínimo dentro del sector público, cumple con un noble objetivo dentro de la cadena de labores que se despliegan para satisfacer un bien o servicio público a la comunidad.

El enfoque estratégico deberá ser una actitud interior en el capital humano, para hacer frente a los entornos cambiantes, mediante la introducción de una visión creativa para transformar la realidad en beneficio de los gobernados.

La adopción de estrategias también promoverá una lectura atinada del gobierno en donde identifique el contexto, a través de las oportunidades que pueda tomar ventaja y de todo tipo amenazas que pueda prevenir para construir futuros deseados.

Los procesos burocráticos optimizados y las acciones estratégicas bien orientadas, son dos objetivos que se pueden alcanzar siempre y cuando sea una de las preocupaciones principales del gobierno. Es fundamental que el gobernante, desde el inicio de su mandato, apueste por la implementación de ambas variables para llevar a cabo las metas que propuso su administración.

Con este análisis, podemos concluir una máxima en la gestión gubernamental: quien aprenda a cumplir las expectativas de los ciudadanos, sin descuidar sus funciones administrativas como sujetos obligados, podrá construir un buen gobierno, mientras asegura su permanencia y continuidad en el poder.

Natalia Flores Delgadillo
Licenciada en Ciencias de la Comunicación con Mención Honorífica por la UNAM. Consultora Política certificada por el Colegio de Imagen Pública. Cuenta con experiencia en campañas electorales en la Ciudad de México. Colaboró en Comunicación Digital en el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA). Actualmente es Jefa de Unidad Departamental de Comunicación en Alcaldía Tlalpan, CDMX.