El gobierno de Colombia modificó recientemente el decreto que limitaría la definición del derecho a la protesta pacíficas. Muchos han sido los rechazos de los diferentes sectores políticos y también sociales ya que dicha modificación estaría simulando una sujeción a lo que Iván Duque y su bancada, consideran como pacifico y legitimo.

Este decreto 003 de 2021, identifica como protesta no pacifica a aquella que se desarrolle y que ocupe las vías del país para realizar bloqueos por las marchas, y a su vez, permite la intervención de la fuerza pública en dichos casos. En todo caso, el Código Penal también tiene como delito el bloqueo de vías, pero con un ámbito un poco más específico y excluye las movilizaciones realizadas con permisos de la autoridad competente.

Al respecto, tras más de un mes de manifestaciones y bloqueos en la mayoría de las principales vías del país por el paro nacional, el gobierno presentó varios informes con las muchas afectaciones materiales que dejó todo el altercado del orden publico y también reiteró que los daños estarían avaluados en más de 3 mil millones de dólares al día de hoy.

Estas jornadas de paro, estuvieron caracterizadas por reiterados casos de obstaculización vial, convirtiéndolo así en una forma de manifestación pero que, a su vez, estaba creando catástrofes de todo tipo. Poco suministro de alimento, de material de salud y de circulación de mercancías era lo que se veía. De ahí, uno de los casos más desconcertantes se conoció tras la muerte de dos bebés que debían ser trasladados de urgencia y que no pudieron pasar por los bloqueos. En todo caso, la pregunta que siempre ha surgido es, ¿hasta dónde llega el legitimo derecho a la protesta?

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la marcha y la movilización son derechos constitucionales en Colombia y eso no se recrimina. Sin embargo, lo que se pone en tela de juicio es el hecho de poner en riesgo la vida, la salud, el trabajo y la seguridad alimentaria si son las principales causas de las mismas manifestaciones. Precisamente, en algunos casos esto ha sido más retórico que real.

Decir que dichos bloqueos son una forma de protesta válida, es dejar de lado los derechos de quienes se manifiestan desde diferentes formas menos radicales, de quienes buscan un cambio real para todos en conjunto. De acuerdo con el puesto de mando unificado del Gobierno, desde que comenzó el paro se presentaron casi 2100 bloqueos.

Es indudable que la protesta sea uno de los derechos con mayor importancia dentro de  un sistema democrático, y pueda que como muchos argumentan, el decreto sea inconstitucional o que es parte de una estrategia del gobierno en temas jurídicos. Lo que no puede dejarse de lado es el hecho de distorsionar la crisis y generar más disrupciones. El carácter disruptivo de la protesta es claro, pero la prolongación también revesa el derecho mismo. Que el hacer valer un derecho, no haga que se viole el de otros.