La participación de las mujeres en la toma de decisiones es una de las bases para la democracia representativa, actualmente en una sociedad donde más de la mitad de sus integrantes son mujeres, el reconocimiento de su participación en igual proporción es necesario, la inclusión se ha convertido en un tema fundamental en la vida política.

El derecho a la participación política debe ser ejercido en condiciones de igualdad, a fin de fortalecer la democracia. En el caso de las mujeres, el ejercicio de esta facultad que incluye el derecho de ser elegido y elegir libremente a sus representantes ha sido tradicionalmente minoritario, ya que, entre los obstáculos que pueden enfrentar las mujeres para el desarrollo de su autonomía en la toma de decisiones se encuentran: la falta de acceso a la participación política en condiciones de igualdad; el que no puedan votar o ser votadas o que este derecho no lo ejerzan en plena libertad; cuando no son consultadas o no pueden tomar decisiones políticas de sus comunidades o del país o cuando no participan en los procesos de formulación y seguimiento de las políticas públicas.

Para que la autonomía de las mujeres pueda desarrollarse plenamente, es necesario que puedan tener libertad en la toma de decisiones, tanto en sus vidas como en sus comunidades y países. Fomentar esta autonomía de las mujeres permite la plena participación en acciones que afectan su vida y su entorno; es decir, su participación y representación política en igualdad de oportunidades, sin discriminación y violencia, que puedan ocupar y ejercer cargos de representación pública y lo hagan sin ningún tipo de coacción, violencia o presión por alguna otra persona, miembro de su familia, pareja, padres o la sociedad.

En el contexto internacional, varios países de la región han establecido medidas complementarias a la cuota de género para acelerar y equilibrar la presencia de las mujeres en los espacios de participación política. Así, en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se ha establecido la paridad combinada con mandatos de alternancia. En los países que optaron por este mecanismo, los efectos resultaron positivos, al elevarse el número de mujeres en cargos de elección popular por encima del 35%.

La cuota de género en sí misma no garantiza el incremento efectivo de la participación de las mujeres, la eficacia depende del conjunto de componentes del sistema electoral, sin embargo, se ha comprobado que la presencia de mujeres es significativamente inferior a la de los hombres. Esto se debe a que las mujeres son ubicadas generalmente en puestos de difícil o improbable éxito.

Para garantizar que la paridad en la integración en las instituciones públicas sea una realidad, es necesario que se adopten los criterios progresivos que propicien una mayor participación de las mujeres en los espacios públicos, esto es un avance considerable para garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, por lo que resulta necesario que las autoridades realicen las políticas públicas respectivas para garantizar la efectividad de estas disposiciones, a través de la prevención, atención y sanción de la violencia política.