El proceso de investidura del futuro presidente de España ha cobrado una significativa relevancia a raíz de las elecciones generales celebradas el 23 de julio. Los resultados de estos comicios han delineado dos bloques políticos distintos, en los cuales el Partido Popular (PP) ha obtenido 136 diputados y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 122. Aunque es importante señalar que el recuento provisional podría alterar estas cifras dando 137 al PP y 121 al PSOE. 

En este contexto, los principales candidatos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se encuentran en un escenario desafiante para construir una mayoría que respalde la investidura. Sánchez requiere el apoyo de Coalición Canaria (CC) y Junts; o la aprobación de dos votos a favor de Junts y el resto de las abstenciones, en caso de tener en contra a la formación canaria. Mientras tanto, Feijóo enfrenta una situación aún más compleja, dado el no del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Inclusive considerando el posible voto a favor de CC, el número de votos favorables que podría obtener estaría lejos de la mayoría requerida para la segunda vuelta (176 votos). 

La dificultad para lograr la investidura del nuevo presidente del Gobierno surge como una cuestión central, poniendo en relieve la importancia del artículo 99 de la Constitución. Este artículo establece los pasos para proponer al futuro líder del país. Según lo estipulado en la Carta Magna, «después de cada renovación del Congreso de los Diputados» (en este caso, el 17 de agosto), el rey, tras consultar con representantes de los grupos políticos y a través del presidente del Congreso, presentará un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

No obstante, surgen dos interrogantes en este contexto. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga el respaldo necesario, ¿debería el rey proponer al candidato del partido con más votos en las urnas? Además, ¿existe algún plazo específico para que el rey presente un candidato? 

En respuesta a estas preguntas, el artículo 99 no ofrece una guía clara, dejando al rey sin obligación de seguir un curso de acción particular. No obstante, se pueden observar precedentes en la historia. En 2015, el rey propuso a Mariano Rajoy como candidato, una propuesta que Rajoy rechazó debido a la falta de apoyo, lo que activó el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura. 

Un año después, en 2016, tras el rechazo de Rajoy, el rey propuso a Pedro Sánchez como candidato. Sánchez aceptó la propuesta, pero afrontó una derrota en la votación de investidura, convirtiéndose en el primer candidato propuesto por el rey en perder tal votación. 

Este panorama de incertidumbre y retos ha llevado a algunas voces a sugerir reformas en el artículo 99 para evitar bloqueos en el proceso de investidura. En 2019, el mismo Pedro Sánchez planteó la posibilidad de una reforma, inspirándose en el sistema de gobiernos municipales, donde el partido con la mayoría de los votos obtiene el poder. Sin embargo, dicha reforma no llegó a materializarse. 

En última instancia, la decisión sobre cómo proceder recae en el monarca, quien debe sopesar la propuesta de candidato con mayor apoyo en votos y aquel que tiene más posibilidades de obtener la investidura. Además, debe considerar el tiempo que se debe prolongar el bloqueo si se presenta, siendo crucial para el futuro político de España.