En un trágico acontecimiento que ha sacudido la esfera política ecuatoriana, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios al término de un mitin político en la ciudad de Quito. Villavicencio, una prominente figura que había obtenido un creciente respaldo popular, fue atacado de manera fatal a la salida del colegio Anderson, escenario del acto de campaña. 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó con indignación y consternación ante el asesinato, declarando un estado de emergencia nacional de 60 días como respuesta a la escalada de violencia política. Lasso, en un comunicado, vinculó este atroz acto al crimen organizado y resaltó la no casualidad de que este violento episodio ocurriera en cercanía de las elecciones presidenciales. 

El mandatario ecuatoriano, en su esfuerzo por mantener la integridad del proceso electoral, convocó un Gabinete de Seguridad y movilizó a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el adecuado desenvolvimiento de los comicios. Como señal de duelo y respeto hacia la memoria del fallecido candidato, Lasso decretó tres días de luto nacional y expresó sus condolencias a la familia de Villavicencio. 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, aseguró que los comicios se llevarán a cabo según lo programado, en cumplimiento del mandato constitucional. Es decir, se continuará como estaba previsto en el cronograma. 

La Fiscalía de Ecuador, por su parte, llevó a cabo una serie de acciones para esclarecer este acto violento. Durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, uno de los sospechosos resultó herido y posteriormente falleció. Este acontecimiento añade un nuevo capítulo a la creciente tensión política y seguridad pública que ha caracterizado el proceso electoral en el país. 

El hermano del fallecido candidato, Patricia Villavicencio, acusó al gobierno de Lasso y al ministro de Interior, Juan Zapata, de ser responsables de la violencia que condujo a la muerte de su hermano. Estas alegaciones reflejan la atmósfera de polarización y desconfianza que ha impregnado el clima político ecuatoriano en los últimos tiempos. 

Fernando Villavicencio, reconocido periodista y político, había desempeñado un papel activo en la Asamblea Legislativa antes de postularse como candidato presidencial independiente. Su campaña se caracterizó por abordar temas sensibles como la seguridad ciudadana, la reducción de la degradación ambiental y la lucha contra la corrupción, una cuestión en la que había profundizado durante su trayectoria periodística. Previamente al ataque, Villavicencio había presentado una denuncia sobre un negocio petrolero, que puede haber contribuido a la motivación detrás de su asesinato; asimismo, señaló que venía recibiendo amenazas de muerte de grupos criminales. 

Este episodio violento no es aislado en el contexto electoral ecuatoriano. En las semanas previas, otros actores políticos, como el candidato a la Asamblea Rider Sánchez y el alcalde de Manta, Agustín Intriago, también fueron víctimas de ataques mortales. Estos acontecimientos han generado una creciente preocupación sobre la seguridad y la integridad del proceso electoral. 

La incertidumbre y la condena han sido la respuesta generalizada al asesinato de Villavicencio. Luisa González, una candidata respaldada por el expresidente Rafael Correa y líder en las encuestas, suspendió su campaña en señal de solidaridad y rechazo ante la violencia política. En los próximos días, la campaña podría verse gravemente afectada y es posible que se posterguen las elecciones.